Verdad: la exigencia de víctimas a despojadores de tierra en Urabá

Con la participación de las víctimas, se cerró este miércoles el segundo día de la audiencia pública contra siete condenados e investigados por despojo de tierras y vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia en Urabá y Córdoba, que citó la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Uno de los objetivos de la diligencia era definir si seis de estas personas, quienes pagan cárcel y buscan cupo en la jurisdicción, cumplen con los requisitos para ser itidos en el Caso 04, que investiga la situación de Urabá. El séptimo citado, Benito Molina Velarde, se presentó en calidad de compareciente, dado que ya había sido aceptado por la JEP.

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Todos ellos hicieron parte de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba entre los años 1997 y 2008, a través del cual fueron despojados más de 100 predios en esa región, con el auspicio de grupos paramilitares.

“No estamos pidiendo dinero. Estamos pidiendo verdad, justicia y otras formas de reparación. Quiero saber por qué entraron a Tulapas masacrando gente, atemorizando y amedrentando a la población”, dijo una de las víctimas durante su intervención en la audiencia.

Víctor Montoya, uno de los abogados que representan a los afectados de la ola violenta en Tulapas, advirtió a los magistrados de la JEP que “en la actualidad, el Fondo Ganadero de Córdoba, a través de su agente liquidador, sigue ejerciendo las veces de opositor en los procesos iniciados por las víctimas, con argumentos fútiles, mentirosos y mezquinos, como que actuaron con la creencia de que adquirieron los predios legítimamente, y negando la ocurrencia del desplazamiento masivo. Además, alegando el reconocimiento como propietario o comprador de buena fe”.

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A su turno, Jhonatan Orozco, también abogado de las víctimas, llamó la atención sobre la necesidad de ampliar el espectro de la violencia en las Tulapas, que registró hechos lamentables desde principios de la década del 90.

Orozco también resaltó que hoy en día se mantiene la presencia de grupos armados ilegales, hasta el punto de que para entrar a la región es necesario pedirles permiso a los líderes de esas estructuras, lo que dificulta el proceso de retorno de las víctimas y sus solicitudes de reclamo de tierras.

Benito Osorio Villadiego, Jaime García Exbrayad, Carmelo de Jesús Esquivia, Luis Gallo Restrepo, Marco Furnieles Salgado, Sor Teresa Gómez y Benito Molina Velarde pasaron al estrado el lunes pasado, cuando se llevó a cabo la primera parte de la audiencia.

“Este es un caso emblemático de cómo las empresas, en zonas de conflicto, tienen que tratar a futuro de operar para que estas cosas no se repitan. Presenté una solicitud concreta respecto a cómo se pueden reparar las víctimas”: manifestó el empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo.

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Jaime García Exbrayad, otro de los terceros civiles que solicitó someterse a la JEP y participó en la audiencia, dijo que tiene toda la intención de contar la verdad y aportar información valiosa de lo sucedido en el contexto de la violencia por parte de los grupos de autodefensas.

Por su parte, el exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba Benito Osorio, dijo que estaba “cabizbajo, arrepentido y dolido, de corazón con las víctimas de los hechos ocurridos en Tulapas”. Y agregó: “Pido perdón de corazón como exfuncionario, como colombiano por primera vez ante las víctimas y esta jurisdicción”.

Lo propio hizo Sor Teresa Gómez  la mujer más poderosa de los grupos paramilitares, que tenía un nexo familiar con los hermanos Castaño. Desde la cárcel El Buen Pastor,  ratificó su compromiso con la verdad y les pidió perdón a las víctimas.

“El proyecto social de las Auc era para beneficiar a nuestros campesinos, pero a través de la guerra perdieron su horizonte. Pido perdón a las víctimas por todo lo que pasó allí, así directamente o indirectamente, conociendo o no, pido perdón por todos los actos criminales que ellos cometieron”, dijo la mujer.

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La secretaria judicial de la Sala de Reconocimiento expuso que entre 1994 y 1995, los hermanos Vicente y Carlos Castaño, jefes máximos de las Autodefensas Unidas de Colombia, ejercieron su poder paramilitar, despojando y sacando de sus tierras a más de 130 familias campesinas de la región de Tulapas.

Además, aseguró que para 1999 se habían legalizado más de 105 predios, y que en 1998 la junta directiva del fondo ganadero autorizó entregar dinero a Sor Teresa Gómez, por su intermediación en el proceso de legalización de tierras.

Luego de escuchar durante dos días a las partes, el magistrado Pedro Elías Díaz, quien presidió la audiencia pública, señaló que “los comparecientes serán llamados a diligencia por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para definir sus sometimientos”.

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