Dimar Torres: el caso emblemático por el que aún faltan condenas

Dimar Torres, exintegrante del frente 33 de las Farc, tenía pensado utilizar la ayuda económica que el Estado les da a los desmovilizados para montar un pequeño galpón en la parcela donde vivía, en la vereda Campoalegre del municipio de Convención, Norte de Santander. Pero justo un día antes de arrancar con su proyecto productivo fue asesinado por del Ejército.

(Ingrese al especial: Cada seis días han asesinado a un excombatiente de las Farc)

Quería asegurar el bienestar de su familia y la vejez de sus padres, campesinos que rondan los 80 años y que dependían de él, pues una vida entera de duras jornadas no les alcanzó para pensar y menos para cotizar y lograr una pensión. Por eso el regreso de su hijo a la legalidad se había convertido en su tabla de salvación en medio de tanta pobreza.

El asesinato de Dimar Torres es emblemático en el largo listado de desmovilizados que han muerto violentamente tras la firma de la paz. La participación de militares en el crimen reavivó para muchos el fantasma de los 80 y los 90, cuando agentes del Estado colombiano fueron responsables de la muerte de decenas de antiguos de los grupos guerrilleros que firmaron la paz. Y aunque el avance de la investigación apunta más a una situación específica que a una estrategia coordinada, lo cierto es que a más de dos años de esa muerte que sacudió el proceso de paz con las Farc, la justicia sigue sin dar un veredicto final sobre la posible responsabilidad de oficiales y mandos del Ejército en la zona del Catatumbo.

Tras el crimen, José Manuel, el padre de Dimar, se quedó solo en la finca. Olga, la madre, se fue a vivir con una de sus hijas, pues no soportaba estar en el mismo lugar donde lo asesinaron. Con la tristeza de la pérdida, el peso de los años y una ceguera parcial, don José debe seguir jornaleando en las fincas vecinas para poder subsistir. Los vecinos lo han visto entre los cultivos de plátano, algo encorvado, sudando los 15 mil pesos diarios que, más o menos, pagan allí por un día de trabajo.

(Lea también: El asesinato del hombre que dejó las armas luego de tres guerras).

“Para mí, desde que murió Dimar no hay vida, no ha habido vida. Él me daba los alimentos y desde que se fue, la vida mía es sufrir y llorar por la falta que me hace”, narró don José en el informe de evaluación psicológica familiar, el cual determinó que sufría una fuerte depresión producto del homicidio de quien consideraba 'su mano derecha'.

Al igual que Olga, la mamá de Dimar, su esposa Alexandra también abandonó la vereda. Días después de que los habitantes de la zona encontraron el cuerpo del hombre a las afueras de una base militar, bajó al pueblo para confirmar sus sospechas: estaba embarazada.

Semanas antes había empezado a sentir náuseas, cansancio y otros síntomas. Estaba emocionada. Le ilusionaba conformar una familia con Dimar. Él también añoraba un nuevo comienzo e incluso estaba terminando de construir la casita en la que vivían, en Campoalegre, pero la tragedia llegó y se fue sin saber que iba a ser padre.

Desde que confirmó su embarazo hasta que nació el niño, Alexandra se quedó en Convención para garantizar su seguridad y la de su hijo. El bebé ya tiene un año y medio, pero crece en condiciones de pobreza junto a su madre.

El papá de Alexandra los ayuda de vez en cuando con lo que hace del día a día en construcción, aunque a veces no alcanza para cubrir las necesidades de ambos y deben pedir prestado o recurrir a la colaboración de la gente.

Hace pocos días el bebé se enfermó y a causa de una fiebre, convulsionó. Ahora está en exámenes médicos para determinar las causas de su cuadro clínico, y se les ha dificultado costear el transporte y la estadía en Ocaña y Cúcuta, a donde fue remitido.

Por la edad del niño, que aún demanda atención especial, a Alexandra le ha quedado prácticamente imposible conseguir trabajo. Espera emplearse en uno que le permita criar a su hijo y generar ingresos que les ayuden a tener una mejor vida.

“El papá, la esposa e hijo de Dimar están en una condición, se puede decir, de abandono”, denuncia Diego Martínez, abogado de la familia, quien también asegura que no han recibido ninguna reparación por el crimen.

(Gobierno seguirá dando pagos mensuales a ex-Farc en reincorporación).

Por ser firmante de la paz y mantenerse en la legalidad, Dimar Torres era beneficiario de una mensualidad del 90 por ciento del salario mínimo. También tenía derecho a solicitar un subsidio de 8 millones de pesos para su reincorporación económica. Ese dinero lo podía destinar a la compra de vivienda, emprender algún negocio o iniciar un proyecto productivo, como el de cría de pollos que tenía pensado.

Sin embargo, estos beneficios son intransferibles. Por eso, con su asesinato también se liquidó el proyecto de futuro de su familia, que hoy sigue estancada en los círculos de guerra y pobreza que desde hace décadas azotan al Catatumbo.

A Dimar Torres lo mataron en esa región, el Catatumbo, que hoy por hoy es uno de los principales enclaves cocaleros de Colombia y donde el frente 30, del que él hizo parte, fue desde los 90 uno de los principales generadores de asesinatos, desapariciones y desplazamientos. Una zona donde después de la desmovilización, el Estado sigue lejos de mantener presencia y control y donde un solo municipio, Tibú, concentra el 13 por ciento de los narcocultivos que hay en todo el país.

Allí vivió y creció Dimar. Una tierra quebrada, atravesada por la enmarañada Cordillera Oriental y bordeada por páramos ricos en biodiversidad. Un paraíso natural echado a perder por el narcotráfico y el olvido estatal que siempre ha nutrido a las bandas criminales y grupos armados que mandaron y siguen mandando en la zona.

En el frente 33, fuertemente permeado por el narcotráfico y cuya disidencia sigue utilizando estratégicamente el territorio venezolano, Dimar Torres cumplió tareas de soporte logístico a los que estaban, fusil al hombro, en el monte. Tenía una discapacidad congénita —pie equino varo— que le dificultaba la movilidad, razón por la cuál se encargaba del trabajo ideológico.

(Las claves del informe de la ONU sobre cultivos de uso ilícito en Colombia).

Tras muchos años en el lado equivocado, Dimar decidió apostarle a la paz, a pesar de que sabía bien que en su región el solo desmonte de las Farc, si bien era un paso clave, no era suficiente para parar la guerra. De hecho, ahora allí es más intensa la disputa entre disidencias, 'Águilas Negras', Eln y 'Rastrojos', y últimamente han aparecido bandas venezolanas envalentonadas por la falta de autoridad que hay al otro lado de la frontera.

"Los ataques hacia excombatientes guardan estrecha relación con la presencia creciente de grupos armados criminales y economías ilegales en las zonas abandonadas por los ex de las Farc, donde el Estado no ha establecido una presencia y control efectivo", se lee en el informe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas de junio de 2019, dos meses después del asesinato. Fueron cuatro disparos de fusil, la noche del 22 de abril de 2019.

Un grupo de militares, adscritos al Batallón de Operaciones terrestres No. 11 del comando de la Fuerza de tarea Vulcano, se encontraba haciendo patrullaje sobre el oleoducto Caño Limón - Coveñas, a la altura de Campoalegre.

En medio de su labor, el soldado profesional Pablo Emilio Borja accionó una mina y murió en el acto por la gravedad de sus heridas. Este hecho decidió una muerte más, según el expediente. El coronel Jorge Pérez Amézquita, hoy procesado por el crimen de Dimar Torres, ordenó a sus hombres hallar a los responsables. Y sin ninguna prueba, el ex frente 33 fue señalado por el cabo Daniel Eduardo Gómez Robledo de ser el explosivista del Eln y responsable de la mina que mató al soldado.

La mañana del 23 de abril de 2019 el país amaneció consternado con la viralización de unos videos en los que se mostraba el cuerpo baleado de un hombre y se responsabilizaba a unos militares por el hecho.

Era Dimar, quien había sido asesinado la noche anterior. Campesinos del lugar lo registraron. En los videos se puede ver cuando le reclaman a dos soldados en una base militar por el paradero del excombatiente. Posteriormente, lo encuentran con un disparo en la cabeza y otros tres en la pierna, el hombro y un glúteo. Estaba medio desnudo y debajo de su moto, con la cual quedó claro que lo pensaban enterrar en una fosa clandestina. El hueco ya estaba hecho.

La conmoción fue tal que el ministro de Defensa de la época, Guillermo Botero, debió salir a dar explicaciones a los medios de comunicación. Sus polémicas declaraciones le costaron un intento de moción de censura en el Congreso de la República, pues inicialmente exculpó a los militares asegurando que se trató de un incidente no intencional derivado de un ‘forcejeo’.

(Las polémicas y los errores que al final tumbaron a Botero).

Hoy, dos años y medio después, el Ejército sigue negando responsabilidad institucional en el asesinato de Dimar Torres. El abogado de la familia sostiene que el cabo Gómez Robledo es apenas una ficha en el entramado criminal y que la justicia poco avanza para subir en la cadena de mando. Tras confesar el crimen, el suboficial fue condenado a 20 años de prisión. Pero las pruebas también vinculan a otros militares como actores intelectuales y cómplices del homicidio. Entre esas pruebas están los mensajes de WhastsApp en los que Gómez le reporta al coronel Pérez Amézquita que ya mató al desmovilizado y de los que se desprende que el oficial ordena la desaparición del cuerpo.

En fallo de segunda instancia, la Procuraduría destituyó al coronel y lo inhabilitó por 20 años. El órgano disciplinario también lo reconoció como el determinador, provocador e instigador de la muerte de Dimar Torres Arévalo. La Fiscalía, por su parte, le atribuyó el delito de homicidio en persona protegida, por el que actualmente está sindicado.

Los soldados profesionales del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11 de la Sección Dos (Cristian David Casimilas Pulido, William Andrés Castrillón y Yorman Alexander Buriticá) también fueron destituidos e inhabilitados por ser cómplices del crimen. Este mismo delito lo negaron ante la Fiscalía y aún se está a la espera de la condena.

Los cinco militares —el coronel, el cabo y los tres soldados— actualmente se encuentran recluidos en un centro penitenciario militar. El proceso se encuentra en etapa de juicio oral, y el caso lo lleva un juez del Circuito de Cúcuta. Según el abogado Martínez, ya se ha citado a tres audiencias, aunque la pandemia ha dilatado el curso de la acción judicial.

(Los uniformados de los chats de la muerte del ex-Farc Dimar Torres).

De momento, la familia pide reparación, pero sobre todo, que el Ejército reconozca como institución su responsabilidad en el crimen de Dimar. Su negación, aseguran los allegados, los revictimiza a ellos y a la memoria del ex Farc que seguía firme con los compromisos de la paz.

"Mi defendido fue víctima de investigaciones ilegales por parte de militares, de homicidio perpetrado por un cabo y, además, de estigmatización, tras las declaraciones del exministro de Defensa. La negación de la participación de esta institución es una actitud criminal y de encubrimiento, pues deberían asumir la responsabilidad de lo que hacen sus ", afirmó Martínez.

(Los militares) “no cumplieron su deber funcional de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades. No cumplieron su deber de proporcionar seguridad a la población civil”, señaló en su fallo disciplinario la Procuraduría.

La familia, entre tanto, continúa sin entender por qué lo mataron, mientras intentan sobrellevar las cargas emocionales y económicas de su ausencia.

“Me da mucha tristeza saber que mataron a mi hermano de una forma tan terrible y desgarradora y ver que todo queda ahí. Mis papás están necesitados y en una edad bastante avanzada; entonces me pongo a pensar: qué tal lleguen las ayudas o hagan justicia y cuando eso pase ellos ya ni existan. Todo eso da impotencia”, lamenta Yaneth Torres, hermana de Dimar.

SARA QUEVEDO*

Periodista de EL TIEMPO