El seguimiento que se hace en la JEP a los archivos del extinto DAS

Con el objeto de preservar la información de primera mano que guarda el Departamento istrativo de Seguridad (DAS) sobre el conflicto armado con las Farc que vivió el país, este miércoles la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) instaló una mesa técnica que le hará seguimiento a esa documentación. 

Esa instancia además debe evaluar la manera en que se accederá a esa información de la entidad de inteligencia que tuvo el Estado y desde donde se ordenaron asesinatos selectivos a quienes fueron sindicados falsamente como guerrilleros, como el penoso caso del profesor Alfredo Correa de Andreis, por cuyo caso terminó condenada la Nación y el director del DAS Jorge Noguera, entre otros.

En la mesa participaron en su primera sesión representantes de entidades públicas, organizaciones de víctimas y de la sociedad civil. Fue convocada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la JEP, para que precisamente cumpla su misión en seguimiento a las medidas cautelares que puso esa instancia sobre los archivos de inteligencia y contrainteligencia del DAS en marzo de 2018 y posteriormente confirmadas, en el Auto 73 del 26 de octubre del año pasado.

"Si no se organizan para saber qué contienen y preservarlos, estamos ante el riesgo de que la verdad plena sobre el papel de esta entidad en tantos años de violencia política en el país quede sepultada entre los más de doce mil (12.509) volúmenes que componen el archivo", afirmaron organizaciones de abogados que defienden los intereses de las víctimas.

Entre estas últimas están el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Humanidad Vigente, Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Corporación Jurídica Yira Castro, Corporación Jurídica Libertad, Observatorio de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos,

Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial–Equitas, Colectivo Orlando Fals Borda y la Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA.

El magistrado Óscar Parra, de la sala de reconocimiento de la JEP,  explicó que las medidas cautelares se deben a que uno de los riesgos más importantes se deriva de la falta de claridad sobre el tipo de gestión documental que se ha desarrollado en torno a estos archivos.

En su primera sesión, los participantes destacaron la importancia de conservar los archivos con información sobre graves violaciones a los Derechos Humanos en el marco del conflicto. 

Además, la Procuraduría, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, el Archivo General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Dirección Nacional de Inteligencia hicieron claridades a la JEP sobre su participación y aportes en la custodia y a estos archivos.

En la sesión también estuvo presente representantes de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y de la Unidad para la Búsqueda de Desaparecidas,  esta última resaltó que aunque están fuertemente custodiados, no estén inventariados, lo que dificulta su consulta. 

Esas dos instancias, al igual que la JEP,  hacen parte del sistema contemplado en el acuerdo de paz para la transición hacia la paz. 

REDACCIÓN PAZ