Qué tiene para ofrecer ante la JEP Jorge Alfonso, el hijo de la ‘Gata’

Con una condena de 29 años por el homicidio del periodista Enrique Prins Velásquez, otro proceso pendiente de inicio de juicio por el crimen de Hamil Kasser y un caso por lavado de activos, Jorge Luis Alfonso López, el hijo mayor de la ‘Gata’, se decidió a buscar un cupo en la nueva Jurisdicción Especial para la Paz.

Jorge Luis Alfonso López fue alcalde de Magangué, el pueblo de Bolívar desde el cual Enilse López levantó su emporio de juegos de azar. Como su madre, el hombre tiene una condena ejecutoriada por crímenes cometidos por los grupos paramilitares y ahora se convierte en el segundo político que anuncia que está dispuesto a ir a la JEP a prender su ‘ventilador’.

En efecto, esa misma petición ya la había hecho el excongresista David Char Navas, procesado por ‘parapolítica’, quien ha cuestionado que la Corte Suprema se ha negado a remitir su expediente a la nueva jurisdicción.

En una carta revelada ayer por ELTIEMPO.COM, el exalcalde señaló: “Quiero manifestarles que he estado involucrado en el conflicto armado, de manera directa e indirecta, por lo que en este momento de transformación social quiero contribuir a la paz reconociendo mi responsabilidad en hechos penosos, lamentables, en los que me vi involucrado, y lo haré contando la verdad, confesando situaciones en las que tuve participación y dando a conocer los nombres y forma de participación de otras personas que también estuvieron involucradas en hechos del conflicto armado y de los cuales hasta ahora nada o muy poco se conoce”.

Políticos financiados por el aparato económico de su familia, militares y hasta funcionarios judiciales figuran, de acuerdo con fuentes que conocen el caso, en la lista del ‘Gato’.

De hecho, para acceder a los beneficios de pena alternativa tendría que confesar plenamente, lo cual pondría directamente en sus versiones los acuerdos y negocios realizados por su propia madre durante los casi 20 años en los que fue una de las principales financiadoras de campañas políticas en Sucre, Bolívar y Atlántico. Enilse López cumple una condena de 37 años, que en su mayoría ha cumplido por fuera de la cárcel gracias a polémicas evaluaciones médicas.

De su familia también lograron ser elegidos Arquímedes Segundo García Romero, medio hermano de la ‘Gata’ que fue concejal de Magangué; y Héctor Julio Alfonso López, su hermano, elegido congresista y luego capturado, a mediados de febrero, para ser escuchado en indagatoria por la Corte Suprema de Justicia por presuntos nexos con paramilitares.

En su carta, Alfonso López asegura que tiene información valiosa que entregará en el momento de ser llamado en la JEP. “Es de tanta trascendencia la información que voy a proporcionar que desde ya solicito protección para mi familia”, indicó.

Fuentes de la justicia especial de paz dijeron que las solicitudes de Alfonso López y Char Navas no implican, por derecha, que sean itidos en esa jurisdicción, surgida de la negociación de paz con las Farc. Cada caso, de manera individual, será examinado por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la puerta de entrada a la JEP. Y, en todo caso, las personas a las que lleguen a señalar solo podrán ser procesadas por la justicia ordinaria, salvo que también levanten la mano para lograr cupo.

La Corte Suprema de Justicia envió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el proceso que venía adelantando ese alto tribunal contra el exembajador y exgobernador del Cauca Juan José Chaux Mosquera por sus presuntos nexos con el bloque Calima de las Autodefensas.

A finales de enero, Chaux Mosquera hizo la solicitud formal en calidad de agente del Estado, pero la Corte le había negado esa posibilidad de trasladar el proceso, entre otras razones, porque la JEP no había entrado en funcionamiento.

Ahora, en una nueva decisión, el alto tribunal señala que, existiendo ya las salas que deben resolver sobre la solicitud, no hay ninguna razón para que el proceso no vaya a la JEP.

En su decisión, la Corte indica que el proceso tiene resolución de acusación de febrero de 2015 y que prescribirá en febrero de 2024.

La Corte ya había remitido a la nueva jurisdicción el caso del excongresista Luis Fernando Almario, quien ya fue condenado por ‘parapolítica’ pero tiene vivo un proceso por el asesinato de los Turbay Cote a manos de las Farc. Hay al menos otras cinco solicitudes de traslado en estudio.

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