En respuesta a este diario, la dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía explicó que, en ese caso, los exparamilitares del Bloque Élmer Cárdenas manifestaron, inicialmente, no tener conocimiento “puesto que no era su zona de injerencia, como quiera que la misma le pertenecía a la guerrilla de las Farc”. De hecho, en las sentencias emitidas hasta ahora contra ese bloque, que estuvo al mando de Fredy Rendón Herrera, ‘El Alemán’, el nombre de Edison Lezcano no aparece.
El asesinato de Edison fue puesto en conocimiento de Justicia y Paz el 1°. de octubre de 2008, más de seis años después de su ocurrencia. Más de una década después, en busca de más información, la Fiscalía 48 de Justicia y Paz volvió a interrogar a los postulados en versión libre el 24 de octubre de 2019.
Para entonces faltaban casi dos meses para que se conociera de la investigación de la JEP en Dabeiba por cuenta del testimonio de un militar retirado que reveló lo que conocía de la práctica de ‘falsos positivos’ en ese municipio de Antioquia.
“Estos (los postulados de Justicia y Paz) indicaron que en los mismos participaron exintegrantes de las Farc, al servicio de las autodefensas”, dijo la Fiscalía. Es decir que en la muerte y posterior desaparición de Edison habrían participado personas que fueron guerrilleras pero que, en la dinámica del conflicto en la región, terminaron en el bando de las AUC.
Esta versión tiene coincidencias con la información que se ha conocido respecto a lo que denunció la familia. Según el diario ‘El Espectador’, los familiares de Edison Lezcano, un campesino que tenía 23 años y tres hijos para entonces, contaron a las autoridades que el 18 de mayo del 2002 uniformados del Ejército, en compañía de paramilitares, ingresaron a su vivienda, en la vereda Alto Bonito de Dabeiba, se lo llevaron a una escuela y lo golpearon hasta matarlo.
Según la pareja de Edison, cuando ella entró a su casa vio que estaba “llena de Ejército revuelto con paramilitares”. El cuerpo se lo llevaron con el de otro hombre a quien también habrían acusado de ser guerrillero. Al otro día, domingo, la familia fue a averiguar por el paradero del cuerpo de Edison, pero les dijeron que lo habían enterrado en una finca, pese a que en realidad, en la noche, lo llevaron al cementerio.
Esto coincide también con lo que dijo una persona que fue testigo, porque les prestó las llaves del cementerio a los uniformados y así se lo contó a la JEP en los últimos meses. Gracias a ese testimonio fue hallada esa, la fosa 6, en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba. Por eso es que, para los investigadores de la JEP en el caso de ‘falsos positivos’, hay serios indicios de que fue una ejecución extrajudicial.
Otra razón es que en esa misma fosa, en la que encontraron dos cuerpos que al parecer fueron inhumados con poco tiempo de diferencia, como contó a este diario el magistrado Alejandro Ramelli, hallaron también, entre las osamentas, insignias militares adscritas a una brigada del Ejército.
Aunque las versiones confluyen en varios puntos, la posible participación de paramilitares –que también ha sido mencionada por otros militares que hablaron ante la JEP sobre cómo se cometían estos delitos en Dabeiba– deja la investigación por las circunstancias del asesinato de Edison Lezcano en dos justicias distintas: la JEP y Justicia y Paz, esta última creada en 2005 para los paramilitares.
Estos (los postulados de Justicia y Paz) indicaron que en los mismos participaron exintegrantes de las Farc, al servicio de las autodefensas
En esta última, de hecho, la Fiscalía solicitó el 18 de diciembre de 2019 ante el la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín realizar audiencia de imputación parcial de cargos contra exparamilitares, apenas cuatro días después de que terminaran en Dabeiba las primeras exhumaciones y cuando el país conocía de la existencia de personas desaparecidas en ese camposanto.
Para entonces, todavía no se sabía que uno de esos cuerpos correspondía al de Edison Lezcano.
El magistrado Ramelli explicó recientemente, en entrevista con EL TIEMPO, que la JEP tiene competencia prevalente por mandato de la Constitución sobre casos del conflicto armado. Sin embargo, el proceso que se sigue en Justicia y Paz deja dudas sobre cómo procede esta prevalencia, pues la JEP es el juez natural de los integrantes de la Fuerza Pública involucrados en delitos en el marco del conflicto, pero no tiene competencia para investigar a los paramilitares, cuyos procesos se siguen en Justicia y Paz.
Otra fuente consultada aseguró que en este caso no parece haber ningún choque de competencias, sino que cada justicia está actuando en el marco de sus competencias. Y esto, sin embargo, no le impide a la JEP hacer un contexto sobre el paramilitarismo en Dabeiba y su papel en las dinámicas de macrocriminalidad bajo las cuales ocurrieron las ejecuciones extrajudiciales.
Asimismo, ambas jurisdicciones tienen las herramientas para intercambiar información, de manera que aunque ambas juzguen a distintos actores del conflicto, tengan sobre la mesa toda la información necesaria para hacerlo y, en este caso, establecer las responsabilidades en la ejecución extrajudicial y desaparición de Edison Lexander Lezcano Hurtado.
JUAN DAVID LÓPEZ MORALES
Redactor de JUSTICIA