Sargento preso por ‘falsos positivos’ de menores es aceptado en la JEP

Contra el sargento viceprimero Rubén Alexander Pastrana había dos procesos en la Fiscalía 84 especializada de Derechos Humanos y DIH en Barranquilla, por casos en los que no ha sido condenado, pero que lo involucran en la comisión de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’.

El primero ocurrió el 12 de diciembre del 2006, en Montecristo, Bolívar, donde fueron asesinados y presentados como bajas en combate tres hombres: Rey Víctor Castelar Maturana, Óscar Luis Díaz Churrio y Marlon Estevenson Varela Caballero.

Según la Fiscalía, “quienes ordenaron y dispusieron la muerte de las tres víctimas eran activos del Ejército Nacional, simulando un combate, estructurando una pantomima para que tres personas que no eran parte de las hostilidades fueran presentadas como combatientes”.

Los tres hombres fueron llevados desde Barranquilla con engaños basados en ofertas de trabajo, como sucedió en otros casos emblemáticos con los de Soacha. Por esta razón, no solo se procesó a Pastrana por homicidio agravado en persona protegida, sino también por secuestro simple agravado.

No obstante, los hechos por los que el militar permanece preso en una cárcel para militares en Malambo, Atlántico, ocurrieron el 18 marzo del 2007. Ese día, en San Jacinto del Cauca, municipio del sur de Bolívar, militares del batallón de infantería mecanizado Antonio Nariño informaron de un supuesto combate con guerrilleros del Eln, en el cual murieron dos menores de edad.

Según la investigación, los menores fueron sacados con engaños del lugar donde convivían por Daniel Moreno Medrano, un exintegrante de las Farc “que colaboró con los militares que cometieron los hechos”, y llevados hasta el lugar donde la Fuerza Pública los retuvo y ejecutó “simulando un combate armado”.

Por estos hechos, se profirió medida de aseguramiento en 2014 contra el sargento Pastrana “como presunto coautor de los delitos de secuestro simple agravado y homicidio en persona protegida y falsedad ideológica en documento público”.

Así se lee en la resolución de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que decidió aceptar al militar como compareciente ante esa justicia transicional y otorgarle el beneficio de libertad transitoria y condicional por el caso de las posibles ejecuciones extrajudiciales de los dos menores de edad.

Keyla Lizeth Guzmán Bohorquez tenía 13 años y Samir Jacinto González Sánchez tenía 16 cuando, al parecer, fueron pasados como guerrilleros muertos en combate, como ‘falsos positivos’.

Debido a la gravedad de estos delitos, para ser cobijado con la libertad transitoria, condicionada y condicionada, el sargento debía haber cumplido al menos cinco años de reclusión, que efectivamente ya había pasado preso, pues lleva cinco años, dos meses y nueve días al momento de la decisión. La magistratura analizó si otorgarle ese beneficio solo con relación al caso de los menores, pues es por el cual está privado de la libertad.

Si contra Pastrana hay alguna otra orden de captura vigente, el beneficio no se materializaría.

El sargento viceprimero hizo parte de la institución entre septiembre de 1993 y noviembre del 2014. Ahora, tras ser aceptado por la JEP debe presentarse ante la Comisión de la Verdad para aportar en esta, así como debe aclarar la dimensión de la verdad que aportará a la JEP, por lo cual deberá expresar un compromiso “concreto, programado y claro” para aportar a la justicia restaurativa de este caso, que debe superar la verdad judicial conocida hasta ahora.

Entre otras condiciones, la JEP le pide aclarar si hubo pago a los reclutadores de las víctimas de ‘falsos positivos’ de los hechos por los cuales es investigado.

La JEP también pidió a la Unidad de Investigación y Acusación seguir buscando a los familiares de las víctimas de estos casos, que no han podido ser ados, para que conozcan su derecho a intervenir en los procesos contra Pastrana.

JUSTICIA

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