JEP acepta investigar a Álvaro Ashton por 'cartel de la toga'

En una polémica decisión, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó llevar el caso del exsenador Álvaro Ahston, investigado por vínculos con paramilitares y por presuntamente haber participado del entramado de corrupción en la Corte Surpema de Justicia conocido como 'cartel de la Toga'.

En mayo del 2018 la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP había rechazado la solicitud de que Ashton compareciera a este tribunal, no obstante, en agosto de ese año la Sección de Apelaciones revocó esa decisión y le ordenó a la Sala que le pidiera al exsenador un escrito sobre cómo podría contribuir a la verdad y luego de que Ashton presentó ese documento, fue finalmente itido en la justicia transicional este año.

Entre los argumentos por los que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas terminó por aceptar a Ahston como agente estatal no miembro a la Fuerza Pública que participó del conflicto está el vínculo que el exsenador tuvo con las autodefensas y con el exparamilitar Carlos Mario García Ávila alias El Médico.

Esto porque Ashton habría recibido apoyo del Bloque Norte de las Autodefensas para asegurar su aspiración al Senado. A cambio de esto, dice el auto en el que la JEP aceptó a Ashton, "las autodefensas buscaban contar con la anuencia del senador para lograr un apoyo en el trámite legislativo relacionado con el proceso de Justicia y Paz". 

Pero, además de la competencia de la JEP para investigar ese hecho, parte del conflicto armado, ese tribunal de justicia transicional también consideró que es de su competencia investigar al exsenador por su presunta participación en el 'cartel de la toga'.

De acuerdo con el auto, hay señalamientos de que Ashton ofreció a través del expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte y luego del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno 600 millones de pesos para dilatar el proceso por 'parapolítica'.

La decisión de la JEP añade que ese hecho, que se trata de un delito común y "cuyo conocimiento no ha sido expresamente atribuido a la JEP, la relación con el conflicto armado en este caso podría derivarse del móvil que determinó la intención de tratar de encubrir con impunidad las alianzas delictivas entre políticos, empresarios y paramilitares del departamento de Atrántico".

Así, la Jurisdicción expresó que ese crimen de cohecho por dar u ofrecer  "podría estar dentro del marco de competencia de esta Jurisdicción, en la medida en que se comprobara que la conducta delictiva endilgada al exsenador se llevó a cabo con el fin de cubrir con impunidad conductas conectadas con el conflicto armado".

Sin embargo, el auto aclaró que es posible que más adelante en el caso se determine que la investigación por el 'cartel de la toga'  no le corresponde a ese tribunal de justicia transicional, con lo que esta regresaría a la justicia ordinaria.

No obstante, frente a esta decisión, el viceprocurador general Juan Carlos Cortés dijo que el organismo rechaza que conductas como el ‘cartel de la toga’, que atentan contra la istración pública, sean de competencia de la JEP.Y agregó que “si bien el cohecho se da para encubrir conductas relacionadas con sus vínculos con los paramilitares, esto no es óbice para comprender una competencia amplia o extensa de la jurisdicción, por lo contrario, es un delito que responde exclusivamente a un interés personal”.

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