¿Gobierno está dispuesto a una paz total sobre los cuerpos de miles de firmantes?: JEP

Comisionado de paz no asistió a audiencia en la que se analiza continuidad de delitos contra ex-Farc

'Que la paz no nos cueste la vida' ha sido una de las principales consignas de los ex-Farc, que registran más de 300 muertes entre sus . Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

PERIODISTA26.02.2024 09:16 Actualizado: 26.02.2024 18:15

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Este 26 de febrero, desde Pitalito (Huila), la Sección de Ausencia de Reconocimiento (SAR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pide al Estado explicaciones sobre la continuidad de los crímenes contra firmantes de paz, pues de acuerdo con el último informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, desde el año 2017 y hasta finales de 2023 al menos 406 excombatientes de las Farc habían sido asesinados en Colombia.

Los magistrados de la SAR Reinere Jaramillo, María del Pilar Valencia Gustavo Salazar, Alejandro Ramelli y Raúl Sánchez, que lideran la diligencia, preguntarán a diferentes entidades estatales sobre el Programa de Protección Integral a excombatientes, la política de desmantelamiento de organizaciones criminales, entre otros aspectos.

Desde Pitalito, #Huila, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la #JEP verifica el estado de la implementación de las medidas cautelares que ordenó desde 2020 para proteger la vida de firmantes del Acuerdo Final de Paz. #EnVivo 📺🔴
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La audiencia, a la que están convocados el comisionado de paz Otty Patiño, la Fiscalía, la UNP, y varios alcaldes y gobernadores, entre otros, comenzó con una intervención del magistrado Salazar, presidente de la SAR, quien inició diciendo: “Hoy no deberíamos estar aquí, esta audiencia muestra que se ha fallado gravemente en la implementación del Acuerdo de Paz y que esa falla apunta al corazón del deber fundamental del Estado”.

Gustavo Salazar, magistrado de la JEP Foto:JEP

Añadió que en 2020, durante el gobierno de Iván Duque, cuando la SAR inició el trámite por la continuidad de la violencia contra firmantes de paz, “los asesinatos de firmantes eran una situación cuya gravedad parecía que no quería darse cuenta la istración de entonces”, y pese a la disminución de los crímenes, dijo, el flagelo no se ha detenido.

“El destino de un firmante de paz no puede ser la muerte violenta, los procesos de paz son para traer vida”, indicó el magistrado, que cuestionó por qué solo hasta que la magistratura dio órdenes la UNP mejoró la protección y los esquemas de seguridad para excombatientes, y preguntó por qué el gobierno anterior fue “negligente” con poner en marcha la Comisión Nacional de Garantías.

(Lea en contexto: Comisionado de paz y Fiscalía pasan al tablero en la JEP por asesinato de ex-Farc).

Así mismo, Salazar señaló que la SAR ha hecho ya 12 audiencias sobre la situación de seguridad de los firmantes de paz y el problema se está agravando.

Llamado de atención sobre la ‘paz total’

La audiencia es liderada por magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP. Foto:JEP

El presidente de la SAR también hizo un duro cuestionamiento sobre los acercamientos de paz que adelanta el actual gobierno con disidencias de las Farc, que son señaladas como las mayores asesinas de firmantes de paz.

“Pese al acercamiento con el autodenominado ‘Estado Mayor Central’, todo indica que esta agrupación, no la única, es la que de manera preponderante se ha dedicado a extender su presencia, asesinando tanto a firmantes de paz como a comunidades y sus líderes. Le pregunto al Gobierno nacional, al comisionado de paz, ¿el actual gobierno está dispuesto a construir una hipotética ‘paz total’ sobre los cuerpos de miles de líderes sociales y firmantes de paz que comprometidos trabajan por la paz y el desarrollo de sus comunidades?”, cuestionó Salazar.

“Yo le pregunto al señor comisionado de paz si el actual gobierno está dispuesto a construir una hipotética paz total sobre los cuerpos de miles de líderes sociales y firmantes de Paz que, comprometidos, trabajan de manera cierta por la paz”, dijo el magistrado Gustavo Salazar. pic.twitter.com/p6NKaAAVQb
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Así mismo, el magistrado sostuvo que el carácter generalizado, la permanencia, difusión e intencionalidad, así como el carácter civil de la población, pues los firmantes de paz son civiles, convierten estos delitos en crímenes internacionales, no susceptibles de amnistía ni indulto, y no negociables.

“El proceso de la paz total no puede convertirse en patente de corso”, dijo, añadiendo que el Derecho Internacional Humanitario que se ha usado en las mesas de diálogos con las disidencias es de obligatorio cumplimiento.

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Por su parte, la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo, relatora de las medidas cautelares de protección a los firmantes de Paz, indicó que la audiencia de este lunes es en Huila, en el sur del país porque la situación de garantías de seguridad sigue siendo grave.

“Lo que evidenció esta magistratura del seguimiento de todos los informes que le hemos requerido a las entidades estatales es que se discuten instrumentos a nivel nacional, pero que aún no se han implementado en el territorio”, indicó Jaramillo.

Así mismo, la magistrada dijo que les preocupa que a 7 años de la firma del acuerdo de paz, el Gobierno no ha expedido el Programa de Protección Integral para Excombatientes.

Comisionado de paz no asistió a la audiencia

Otty Patiño, alto comisionado de Paz. Foto:Presidencia

Pese a que estaba convocado a asistir de manera presencial, y que solo podía delegar a un alto funcionario de su despacho para ir, llamó la atención de la magistratura que de parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a cargo de Otty Patiño, nadie se presentó a la audiencia.

Durante la diligencia se leyó un correo del viernes 23 de febrero en el cual Patiño se dirigió a los magistrados para decirles que delegaría a alguien para asistir virtualmente a la cita porque este lunes 26 de febrero tendría agenda con el presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, los magistrados indicaron que la citación a la audiencia era presencial y que solo se envió un link para conectarse virtualmente a quienes con antelación expusieron la situación por la que no podrían estar en persona.

En ese sentido, la magistrada Jaramillo señaló que los magistrados analizarán las medidas a tomar frente a la inasistencia a la diligencia del Alto Comisionado para la Paz.

El 19 % excombatientes fue asesinado esperando protección

“Sobre el patrón de riesgo por disputas entre disidentes y rearmados de las antiguas Farc-EP, se han presentado 72 enfrentamientos entre las disidencias y la Segunda Marquetalia en 22 municipios. En 18 ellos, han sido asesinados firmantes de Paz”, dijo el director de la @UIA_JEP. pic.twitter.com/JV865du9nw
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Durante la diligencia también se escuchó a Giovani Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, que actúa como su Fiscalía, quien detalló los riesgos que han identificado para los excombatientes.

De acuerdo con el director, los firmantes de paz en los territorios están en una encrucijada, pues bien sea el 'Estado Mayor Central' o la 'Segunda Marquetalia', ambas disidencias de las Farc, intentan presionarlos para volver a las armas, o los acusan de traidores o de auxiliadores de la Fuerza Pública.

Además, Álvarez llamó la atencíon sobre una preocupante cifra: el 19 por ciento de firmantes que han sido asesinados murieron mientras esperaban respuesta sobre una solicitud de medidas de protección.

"Estamos fallando en la protección y en la agilidad con la que se atiende la protección, según el último informe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, el 19 por ciento, casi la quinta parte, de las víctimas de homicidio firmantes de paz estaban en proceso o habían hecho solicitud de protección a la UNP y perdieron la vida esperando que se les implementara algún tipo de medida de protección".

A su turno Gloria Cuartas, directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final, manifestó que, en una resolución del 16 de febrero, fue adoptada la Política Pública de desmantelamiento de organizaciones criminales.

Hernando Toro, vicefiscal encargado. Foto:Fiscalía

También se escuchó a la Defensoría, y Ricardo Arias, defensor delegado para la Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas, señaló que para los departamentos del sur del país se han emitido 29 alertas tempranas "de las cuales, 17, es decir 60 por ciento, han identificado riesgos diferenciales para las personas signatarias del Acuerdo de Paz”.

Hernando Toro, vicefiscal general (e), señaló que desde la Fiscalía han insisto en la necesidad de que la política pública para el desmantelamiento de organizaciones criminales tenga componentes de prevención, protección, seguridad, investigación y judicialización.

También señaló que “está identificado que el 70 por ciento de los autores de crímenes contra firmantes del acuerdo de paz están vinculados a una estructura criminal, de manera particular, en esta región que estamos abordando, al autodenominado ‘Estado Mayor Central’ ”.

Así mismo, señaló que probatoriamente se ha establecido que los homicidios suceden sobre todo cuando hay un enfrentamiento entre estructuras criminales, y que hay otras afectaciones como amenazas y desplazamientos cuando un grupo criminal ya logra el control territorial de una zona.

Frente a las acciones de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Daniel Augusto Jorge El Saieh, director jurídico de la entidad, anunció que esta semana implementarán una ‘Línea Vida 103’ y se hará un reforzamiento de las comunicaciones a través de la red integrada de telecomunicaciones del Ejército Nacional.

“Esto nos va a permitir conectarnos a nivel nacional; es decir, cualquier persona que se encuentre en un AETRC o que se encuentre en cualquier parte del país podrá, en vivo, tener imagen y tendremos su ubicación con exactitud”, dijo El Saieh.

En la diligencia también hubo reportes tanto del Ejército como de la Policía, que hablaron de operativos interinstitucionales en zonas donde hay antiguos ETCR.

De otro lado, Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) señaló que en Huila, Putumayo, Caquetá y Tolima hay 2.406 firmantes, de los cuales 112 han sido asesinados.

Frente a otros riesgos, Miller comentó: “Tenemos 1.800 casos de riesgo a nivel nacional, 32% de ellos se reportan en esta región (...). Tenemos una circunstancia estructural en el Acuerdo de Paz”.

Las preguntas de los magistrados

“Me parece una falta de respeto inasistir a estas audiencias. Por un lado dicen que están comprometidos con el Acuerdo y por otro, ni siquiera vienen a una audiencia que tiene que ver con esto”: magistrado Alejandro Ramelli, sobre la ausencia del alto comisionado Otty Patiño. pic.twitter.com/axXVqvnkuu
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Tras escuchar a distintas entidades, la magistratura hizo algunas preguntas específicas sobre las gestiones para proteger a los firmantes de paz, pero antes de esto el magistrado Alejandro Ramelli comentó que tendría varias preguntas para el comisionado de paz Otty Patiño, pero él no asistió.

Alejandro Ramelli, magistrado JEP Foto:JEP

"Me parece una falta de respeto inasistir a estas audiencias. Por un lado, se dicen que están comprometidos con cumplir el acuerdo de paz con las Farc, pero por el otro ni siquiera vienen a una audiencia que tiene que ver con esto. La voluntad política se mide es con hechos. Si ni siquiera vienen a estas audiencias, si el Gobierno dice que está muy interesado y ni siquiera viene, yo dudo bastante de su voluntad de paz".

Ante la ausencia de Patiño, el magistrado Ramelli hizo preguntas para que fueran respondidas por escrito, y preguntó en las negociaciones de paz con las disidencias qué les está exigiendo el Gobierno frente al asesinato de firmantes de paz.

"¿Quiénes están matando a los firmantes de paz en esta zona del país? Las disidencias. Están negociando con ellos, ¿qué implicaciones ha tenido en el proceso de paz toda esta masacre? ¿No les están exigiendo nada, no hay monitoreo efectivo o qué está pasando? Porque esto sigue y sigue, con un cese del fuego o una negociación y siguen matando a los firmantes de paz, siguen matando a los líderes sociales y parece que no pasa absolutamente nada en esa negociación. Son preguntas que quedan planteadas para quien no vino", concluyó Ramelli.

Por su lado, el magistrado Raúl Sánchez expuso dudas sobre las explicaciones que se entregaron sobre los operativos de seguridad, "uno pasa a los informes de la Fuerza Pública y la verdad uno cree que vive en Suiza, hablan desde incautaciones hasta retroexcavadoras", comentó.

Añadió que es claro que hay firmantes de paz asesinados, desplazados y extorsionados, "y uno no entiende cómo se ejerce la función cuando, por un lado, hay una orden de cese al fuego que está cumpliendo la fuerza pública, y por otro continúa el asesinato de firmantes".

La magistrada Jaramillo preguntó si la instalación tripartita de seguridad y protección está funcionando o teniendo un impacto real, y mencionó: “Si alguien no está haciendo la tarea, y somos servidores públicos, tendremos que responder por ese no hacer”.

Lo que dijeron los ex-Farc

“En las regiones se vive una constante angustia sobre el riesgo hacia la integridad física y vida de quienes le apuestan a la paz, y de sus familias”: Diego Tobar, firmante del Acuerdo de Paz e integrante del Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación. pic.twitter.com/N7PQKmVxzS
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En la tarde de este lunes se le dio la palabra a firmantes de paz que habitan en la región, quienes expusieron los riesgos especiales que existen para los excombatientes que desarrollan sus proyectos de vida en las regiones.

“En las regiones se vive una constante angustia sobre el riesgo hacia la integridad física y vida de quienes le apuestan a la paz, y de sus familias”, expuso Diego Tobar, excombatiente e integrante del Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación.

Tobar agregó que no hay medidas para el desmantelamiento de grupos ilegales, ni instancias o planes territoriales para estos propósitos, lo cual "ha permitido, sin equívoco alguno, el exterminio de los firmantes".

Omaira Rojas, firmante de paz en audiencia de la JEP. Foto:JEP

También habló el firmante Valbuena Castro, quien pidió que "las autoridades competentes investiguen estos crímenes de manera exhaustiva", en referencia al asesinato de más de 400 excombatientes desde 2016 a la fecha.

Y Omaira Rojas señaló que les preocupa la sistematicidad con la que han ocurrido estos homicidios, "queremos que se garantice, no solo la seguridad de nosotros, los firmantes, sino de los líderes sociales y todo el territorio. Si este acuerdo se hizo, no fue solo para nosotros como personas que estábamos en las Farc, que se tenga en cuenta a los territorios", indicó.

Rojas agregó que en la región se han perdido muchos proyectos de vida y muchas personas se han tenido que ir por su seguridad. "Creo que todas las regiones son de especial atención por el riesgo que nosotros tenemos solo por el hecho de ser firmantes, tenemos un alto riesgo de seguridad y más cuando hay personas que son comparecientes ante la JEP y personas que estamos aportando en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas".

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