Lo que recibe el presidente de la JEP y los duros retos que enfrenta

Luego de 34 meses presidiendo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la magistrada Patricia Linares Prieto terminó este martes su periodo, que no solo fue el primero, sino también el más extenso contemplado en el reglamento de esta justicia.

A partir de este 4 de noviembre, y durante los próximos dos años, la presidencia de la JEP será ocupada por Eduardo Cifuentes, magistrado de la Sección de Apelación del Tribunal de Paz, en cuya trayectoria se destaca el haber sido presidente de la Corte Constitucional y defensor del Pueblo.

(Le puede interesar: Presidentes saliente y entrante dan cuenta de lo actuado por la JEP).

El relevo se da ante un panorama complejo y contradictorio: por un lado, algunos sectores políticos han intentado desacreditar la labor de la JEP y hasta derogarla; por el otro, recientemente la Corte Penal Internacional resaltó que el modelo de la JEP ha sido un ejemplo “que podía convertirse en referente a nivel mundial”.

Aunque Cifuentes decidió no pronunciarse antes de su posesión, que se llevará a cabo hoy en la mañana, ha expresado que su gobierno tendrá tres características: unidad, acción y resultados.

La primera será clave para enfrentar las críticas que desde el gobierno Duque y su partido, el Centro Democrático, se le han hecho a la JEP, sobre todo después de que los exjefes de la otrora guerrilla de las Farc reconocieron que serían los responsables del magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado y, apenas ayer, de atentar contra el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

(En contexto: Las grandes confesiones de las Farc tras la firma del acuerdo de paz).

Pese a esto, para Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, la JEP ha adelantado “un trabajo irable en medio de todas las dificultades políticas que ha tenido”, y se espera que durante la gestión del magistrado Cifuentes “se consoliden los procesos, se produzcan las primeras sentencias en los macrocasos y se mantenga el ritmo de desarrollo de la JEP, aunque no se puede hablar de tiempos perfectos en ese sentido”.

En los próximos meses se darían los primeros pasos para tener la resolución de conclusiones de los dos macroprocesos más avanzados: ejecuciones extrajudiciales (‘falsos positivos’) y privaciones ilegítimas de la libertad (secuestro). Y, muy probablemente, antes del fin de esta presidencia haya sanciones contra los responsables.

Esa imposición de sanciones es, precisamente, otro de los desafíos claves que tendrá la JEP en los próximos meses. Según Juana Inés Acosta, profesora de la Universidad de La Sabana experta en esta jurisdicción, hay dos puntos retadores en cuanto al diseño e implementación de las sanciones propias: primero, la articulación de la ejecución de estas sanciones con los PDET y con el programa istrativo de reparaciones, y segundo, la materialización de la justicia restaurativa en equilibrio con la retributiva en el diseño de estas sanciones.

(Le puede interesar: Estos fueron los avances de JEP en tres años de presidencia de Linares).

Acosta agrega que otro desafío será "la selección de los máximos responsables en los macrocasos en la Resolución de Conclusiones, y  la articulación con los otros mecanismos de justicia transicional (Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas), pero también con la Fiscalía General de la Nación en temas en los que las competencias son concurrentes".

Además, otro de los retos de Cifuentes tiene que ver con la apertura de nuevos casos. De hecho, el procurador Fernando Carrillo resaltó este martes que respalda la solicitud de las víctimas de abrir un macrocaso sobre violencia sexual en el conflicto armado.

Y luego de que en septiembre la JEP permitió que algunas de sus audiencias se hicieran a puertas abiertas (empezando por las de reclutamiento de menores), mantener esa publicidad también será un reto en esa justicia.

Por otro lado, ante el regreso de varios exjefes paramilitares a Colombia, aún se está a la espera de que esa justicia decida si les cierra la puerta definitivamente a quienes, como Salvatore Mancuso, han pedido ser aceptados como financiadores.

(Lea también: Duque confirma muerte de 'Mocho Leiber', jefe de disidencias).

En su último día a la cabeza de la JEP, la magistrada Patricia Linares le entregó un balance de su istración a la Procuraduría.

Entre los avances de estos primeros tres años se destaca que 12.617 personas se han sometido a la JEP, entre ex-Farc, agentes del Estado y no de la Fuerza Pública y terceros civiles. Además, durante este período se abrieron siete macrocasos, que agrupan y priorizan graves hechos victimizantes del conflicto, y en los cuales se han acreditado 308.000 víctimas.

También expuso que de las 2.019 peticiones de amnistía solicitadas a la JEP, solo el 13,3 por ciento han sido concedidas, es decir, 270. Sumado a esto, entre 2017 y lo corrido de 2020, la JEP ha recibido 463 versiones, en las que han participado 736 comparecientes, y ha realizado 108 audiencias. Esta jurisdicción también ha recibido 311 informes sobre violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH.

Aunque una de las críticas a la JEP ha sido la supuesta lentitud en sus procesos, el informe da cuenta de 33.400 decisiones judiciales tomadas hasta el momento.

JULIÁN RÍOS MONROY

REDACCIÓN JUSTICIA

@julianrios_m