Lo que JEP revelará mañana contra secretariado de Farc por secuestro

Luego de tres años en funcionamiento, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comienza a presentar resultados claves en el esclarecimiento de graves hechos del conflicto armado colombiano que fueron perpetrados por las Farc.

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Desde el 4 de julio de 2018, la JEP abrió el macrocaso 01, sobre secuestro, en el que están vinculados varios de los del secretariado de la otrora guerrilla. Y justamente sobre ese proceso se presentará el primer gran avance.

Como reveló La W, mañana 28 de enero la jurisdicción presentará el denominado 'auto de determinación de hechos y conductas', en el cual "se identifican preliminarmente los hechos graves y representativos, los responsables y los modus operandi".

Este auto (o escrito) se produce basado en lo que contaron los comparecientes, pero también en lo que denunciaron las víctimas y en lo que la JEP prueba con otras fuentes.

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Y, guardando proporciones, viene siendo lo que en derecho penal tradicional se conoce como imputación, aunque este término no existe en los procedimientos propios de la JEP. 

La presentación del escrito de hechos y conductas no significa que mañana mismo los ex de las Farc reconozcan sus responsabilidades.

Estas personas recibirán el documento y les correrá un plazo de 30 días hábiles para responder a los señalamientos que les hace la sala por su papel en los delitos, en este caso relacionados con secuestro. 

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"Allí ellos deciden si reconocen responsabilidad y colaboran, o si dicen que no son responsables (con esto se podría activar la vía de un juicio tradicional)", explicó una fuente de la JEP a este diario.

Además, esos 30 días también les cuentan a las víctimas y el Ministerio Público para intervenir.

Uno de los términos que más ha sonado últimamente es el de 'resolución de conclusiones'. El propio presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, dijo en entrevista con EL TIEMPO que esperaba expedir estas resoluciones durante los primeros meses de 2021, lo que, en efecto, parece que ocurrirá.

Luego de los 30 días de la presentación del escrito de hechos y conductas, lo que sigue es una Audiencia de Reconocimiento de Responsabilidad, en la que los comparecientes manifiestan a la JEP, a las víctimas y a la sociedad si aceptan o no la responsabilidad que se les endilga como responsables de los crímenes contenidos en el escrito de determinación. Entonces, se abren dos posibilidades: que reconozcan su responsabilidad o que no lo hagan.

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Esto queda en la resolución de conclusiones que emite la Sala de Reconocimiento, y que es el último momento de esta fase. Con este documento, los casos pasan al Tribunal para la Paz y se activa su competencia sobre estos.

Como ha advertido el presidente de la JEP: "Los máximos responsables estarán sujetos a penas de hasta 20 años de prisión, salvo que decidan aportar verdad exhaustiva y asumir plenamente su responsabilidad".

Vale la pena recordar que esta justicia transicional establece tres tipos de sanciones: las propias, las alternativas y las ordinarias.

Si el compareciente reconoce la verdad y responsabilidad, y así lo comprueba la Sección de Reconocimiento del Tribunal para la Paz, se le aplica una sanción propia, que es restaurativa y tiene una duración de 5 a 8 años (o de 2 a 5, si el culpable no tuvo una participación determinante en el delito). Vale aclarar que aún no se sabe qué sanciones podrán imponerse, pero lo cierto es que habrá una restricción efectiva de la libertad en establecimientos no carcelarios.

Si los comparecientes no reconocen su responsabilidad, se pasa a un proceso adversarial, en el cual la Unidad de Investigación y Acusación debe probar, tal como lo hace la Fiscalía en el sistema ordinario, que hay elementos para asegurar que esas personas sí la tuvieron.

Si se encuentran estos elementos, el caso pasa a juicio ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento del Tribunal para la Paz. En este punto, los comparecientes ya no pueden recibir sanciones propias. Si hacen un reconocimiento tardío de responsabilidad, reciben sanciones alternativas, que son de 5 a 8 años, en cárcel.

Y si no reconocen nada y son vencidos en juicio, pueden pagar hasta 20 años de prisión.

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