Yo las engañé y se las traje a militares: reclutador de 'falsos positivos'

Como una "catarsis colectiva" calificó la magistrada de la JEP Catalina Díaz la primera audiencia de reconocimiento de este tribunal, que sentó frente a frente a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales ('falsos positivos') con los primeros 10 militares (incluido un general) y un civil imputados como  responsables de estos asesinatos en la región del Catatumbo.

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La diligencia se desarrolló el martes 26 y el miércoles 27 de abril en Ocaña, municipio emblemático de estos crímenes, y en esta salieron a la luz testimonios desgarradores y confrontacionales.

La audiencia supone un avance clave en el esclarecimiento de la verdad y la aceptación de responsabilidades de los peores crímenes de la guerra en Colombia, y es uno de los pasos previos a la imposición de las primeras sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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En una de las primeras intervenciones de este miércoles, las víctimas reiteraron su solicitud de conocer los nombres de los máximos responsables de los crímenes. 

"Le digo a los señores procesados que por favor, ellos tienen hijos, hijas, familiares, que se pongan la mano en el corazón y nos digan sinceramente la verdad y no se echen al agua solamente a ustedes sino al que dio la orden así haya sido quien haya sido. Sabemos que detrás de ustedes vienen personajes muy grandes. Necesitamos nombres de esas personas", dijo Carmenza Gómez, una de las madres de Soacha.

Durante la audiencia y ante una sala expectante, el brigadier general retirado Paulino Coronado Gómez intervino y reconoció su responsabilidad en la comisión por omisión de crímenes de guerra, como homicidio en persona protegida, desaparición forzada, conductas que constituyen crímenes de lesa humanidad. "Qué cargos tan dolorosos para mí", dijo y añadió que aceptaba los cargos, así fuera por omisión.

Coronado Gómez fue comandante de la Brigada 30 entre 2006 y 2008. Como máxima autoridad del Ejército, aceptó que no cumplió con la primera lección que le dieron cuando ingresó a la institución: “el comandante responde por lo que hagan o dejen de hacer sus subalternos”.

"Acepto mi responsabilidad por no haber investigado", señaló el militar. También dijo que aunque en las investigaciones de la JEP no pudieron comprobar que dio órdenes directas para el asesinato de las personas, "hoy reconozco ante ustedes, ante Colombia, que acepto la responsabilidad por no avizorar que con la inflexión física - política que promovió el general (r) Mario Montoya Uribe- podría llevar a las unidades bajo mi mando a cometer crímenes”.

En su intervención reconoció que “me enteré de que habían traído 11 jóvenes de Soacha con falsas promesas de trabajo”, y muchos de sus cuerpos se estaban descomponiendo cuando recibió el reporte.

Además, dijo que había unidades no operacionales del Ejército (como la de Bucaramanga) que también reportaron muertes en combate. Agregó que “se conoció que en 2008 se realizaban estas prácticas en el Ejército en 29 de los 32 departamentos”, y lamentó que aunque "el Ejército debe garantizar la vida, honra y bienes de los colombianos, por el actuar nuestro afectamos su credibilidad".

Coronado aprovechó su intervención para presentar su arrepentimiento "por no haber actuado más diligentemente. Tengo un gran remordimiento que me lacera el alma, porque sé que afectamos a las familias de las víctimas, dejamos un gran vacío".

Asimismo, el general retirado quiso exaltar a las víctimas de Cúcuta, Soacha, Bogotá y el Catatumbo "por su persistencia para que haya justicia… Ustedes son constructores de un mejor país, de un ejército ideal, son ejemplo de persistencia", manifestó. Se dirigió ellas y les solicitó: "con el corazón en la mano quiero pedirles que nos reconciliemos”.

También reconoció la labor de la JEP para que se conozca la verdad del proceso y evitar la repetición de estos crímenes. 

"Pasaré a la historia como el primer general condenado por circunstancias que jamás debieron ocurrir", dijo.

En la segunda jornada de la audiencia, el primero en hablar fue Sandro Mauricio Pérez Contreras, quien fue sargento durante la época de las ejecuciones extrajudiciales imputadas (2007-2008).

El exoficial señaló: "Mi falta de temor a Dios, mi falta de amor y respeto por la vida humana, por la dignidad humana me llevó a terminar convirtiéndome en un asesino, en un un monstruo para la sociedad. Represento, para algunos de ustedes, una máquina de muerte".

Y continuó: "Hoy acepto ante ustedes, ante el país y el mundo, que utilicé mi uniforme, que utilicé un grado que tenía dentro del Ejército, con el pretexto de dar resultados operacionales, haciéndolos creer que eran legítimos y legales, pero que en realidad eran asesinatos que se cometían con seres humanos inocentes que no tenía ninguna vinculación con ningún grupo al margen de la ley".  

El oficial habló de un término frecuente en el argot del Ejército: 'legalizar'. "Pensaba que hacía referencia a algo económico (...) pero unos soldados me dijeron que legalizar era agarrar a alguien y asesinarlo", señaló Pérez.

Y contó cómo él mismo planeó cómo llegaban jóvenes de zonas vulnerables del ciudades del centro del país hasta Ocaña, Norte de Santander, cómo se debían entregar a los militares que los asesinaron y hasta las armas para alterar la escena del crimen para que parecieran muertos en combate.  "Falso, fueron combates ilegítimos, asesinatos a sangre fría", dijo.

El sargento, en un acto simbólico, mencionó, uno a uno, los nombres de las víctimas, y expresó su intención de limpiar sus nombres. "Fueron víctimas inocentes, asesinadas sin justa razón", dijo. Y en medio de su intervención, le agradeció a la madre de uno de los jóvenes asesinados, con quien sostuvo un encuentro preparatorio semanas atrás: "Gracias por hacerme entender el valor de la vida, que nuestro vínculo familias es mucho más de lo que pensamos".

El único civil que hasta el momento ha sido imputado por la JEP en el macrocaso 03, el reclutador Alexánder Carretero Díaz, también participó en la diligencia.

Aseguró que era habitante de Soacha, Cundinamarca, y a principios de 2008 le propusieron llevar a un muchacho a Ocaña. Según su relato, inicialmente desconocía el motivo de los traslados, hasta que le mostraron la foto de uno de los jóvenes, asesinados.

"Después, ellos mismos (los militares) me dijeron que convenciera personas de Gamarra, de Aguachica y de Bucaramanga. Yo mismo las engañé y se las traje a militares. Yo a ustedes no les puedo regresar a sus hijos, pero sí la verdad", dijo el reclutador.

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Frente a las víctimas y la magistratura, el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, quien fue integrante de la extinta Brigada Móvil 15 en 2007 y 2008, aceptó la integridad de los hechos imputados.

El alto oficial indicó que las ejecuciones extrajudiciales fueron producto de una empresa criminal para aumentar las resultados operacionales, que se dio con el fin "(...) de presentar falsas muertes en combate y así posicionarse frente a los comandantes de la época  de la Segunda División y comandante el Ejército, respectivamente, el general Carlos Ovidio Saavedra Saenz, general Jose Joaquín Cortés Franco y general Mario Montoya Uribe, que exigían bajas en combate", dijo Rincón.

El teniente coronel mencionó todo un listado de militares que participaron en la empresa criminal para asesinar inocentes, y aceptó que los encubrió y elaboró documentos que daban apariencia de legalidad de esas operaciones, que calificó de "maquiavélicas".

El coronel (r) Rincón Amado añadió: “Con estas falsas operaciones se daba una sensación de seguridad en el Catatumbo. ¡Mentiras! Porque la problemática seguía con su plan criminal (…), el Ejército lo único que hizo fue asesinar personas inocentes”.

Y también dijo que “estas falsas operaciones (…) eran el desenlace de la política de Seguridad Democrática que para el momento (de los hechos) y para 2007 y 2008 se estaba viviendo a nivel nacional”.

Entre las intervenciones de los procesados, las víctimas tuvieron la oportunidad tomar la palabra e intervenir para contar sus historias, hacer sus reclamos y confrontar a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales.

Flor Hernández —quien desde 2008 ha buscado de forma incansable la verdad, la justicia y la dignificación del buen nombre de su hijo Elkin Gustavo Verano Hernández— dijo con firmeza: “Usted no alcanza a superar el dolor que uno siente. Yo soy cabeza de familia. Soy papá y mamá de mis hijos. De este ser querido que ustedes me arrebataron”.

Y les insistió: “Con respeto les digo que entreguen las cabezas principales. Así como fueron capaces y se vistieron de valor para llevarse a mi hijo (…), tengan la misma capacidad de enfrentar la realidad. Ustedes mancillaron a todo el país”, dijo esta madre.

A su turno, la señora Blanca Monroy expresó el alivio que encontró gracias al reconocimiento de los responsables.

“Yo soñaba que los militares que asesinaron a mi hijo dijeran qué había pasado con nuestros hijos. Hoy los tengo acá. Es un alivio para mí como madre saber de esta ventanita que la JEP empezó a abrir”, dijo 

Y agregó:  “Cada corazón siente lo suyo, de pensar lo que piensa. Mi corazón es distinto. Me siento contenta de ver que yo siempre soñé que esto iba a pasar. Qué bueno que algún día las personas que mataron a nuestros hijos se paren en público y pidan perdón”.

En medio de la audiencia, las víctimas se levantaron y con carteles en sus manos con frases como: “¿Quién dio la orden?” o "Aquí falto verdad".

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