Comisión seguirá medidas cautelares de la JEP a comunidades de Urabá

Este miércoles, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) instaló comisión de seguimiento a las medidas cautelares decretadas por la JEP el 30 de julio de este año en favor de las comunidades de Jiguamiandó y Curavaradó, en el municipio chocoano de Riosucio, cerca de límites con Antioquia. Con estas se busca proteger a quienes participan como víctimas en el caso 04 en esa jurisdicción, referente a los derechos humanos en la región de Urabá.

Se trata de una comisión de carácter mixto en la que participan entidades con poder de decisión y con la cual se verificará la situación de derechos humanos, en particular, de comunidades del pueblo indígena del Alto guayabal: el Cabildo Mayor Cameruj, en Jiguamiandó, y las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad de las cuencas de los ríos Juguamiandó y Curvaradó.

En la instalación de la comisión participaron entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Investigación y Análisis (UIA) de la JEP, además de representantes de las comunidades de la región del Bajo Atrato. La comisión fue instalada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de conductas.

La representante de la Procuraduría, Liliana García Lizarazo, dijo que desde esa entidad emitieron una circular en conjunto con la Defensoría y que se han reunido diariamente para cumplir las exigencias de las medidas cautelares. Por su parte, el fiscal Samuel Serrano, de la UIA, dijo en su informe que creó un grupo de protección a víctimas, testigos e intervinientes de la JEP.

La magistrada de la JEP María del Pilar Valencia explicó que la comisión integra “delegados y delegadas de las instituciones con capacidad de toma de decisiones”. Ella presidió la instalación junto a la magistrada Nadiezhda Henríquez, quien agregó que la situación de la región de Urabá “tiene un impacto y se atiende de forma diferencial y específica a mujeres, pueblos étnicos, personas con identidad sexual y de género diversa, territorios afectados, colectivos de víctimas y otras organizaciones”.

Estas medidas cautelares fueron pedidas en febrero por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz para “evitar daños irreparables en la vida y los territorios” y “garantizar su continuidad del proceso en la Sala de Reconocimiento de la JEP”. Esto, debido a hechos ocurridos después del primero de diciembre del 2016, cuando quedó ratificado el acuerdo de paz con las Farc.

El próximo 3 de octubre, en Apartadó, Antioquia, la JEP presidirá una sesión territorial para conocer y “activar las rutas que se definan en el plan de trabajo” de las entidades involucradas en la comisión para proteger los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas, dijo la magistrada Valencia.

Con estas medidas, la JEP busca cumplir su función de garante especial de los derechos de las víctimas que se acreditan ante esa jurisdicción, como una medida para que puedan participar efectivamente en los procesos de justicia transicional adelantados desde allí.

El caso 04 de la JEP, abierto el 11 de septiembre del 2018, cubre los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba (Antioquia), el Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (Chocó), y se abrió motivado en al menos 3.523 hechos victimizantes entre masacres, desapariciones forzadas, apropiación ilegal de tierras, violencias sexuales y de género.

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