Los gobernadores de Caldas, Valle del Cauca, Quindío y Risaralda tendrán 10 días para cumplir órdenes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que protejan sitios en los que habría cuerpos de personas desaparecidas.
Así lo ordenó la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, tras determinar que se habían incumplido medidas cautelares que ordenaban a esas autoridades realizar un Plan Integral de Atención a Víctimas del magdalena caldense, región del alto Cauca y eje cafetero.
Ese plan se ordenó en noviembre de 2022 y debía incluir apoyo y cooperación con Medicina Legal para que se superaran carencias relacionadas con locaciones, equipos e insumos para avanzar en la identificación y entrega digna de los cuerpos.; y para entregar ese plan las gobernaciones tenían 30 días para enviar a la JEP una propuesta inicial.
“El plazo para que las gobernaciones presenten la propuesta de cumplimiento de lo ordenado se encuentra ostensiblemente vencido, por lo cual previo a abrir un incidente de desacato se les requerirá por una sola vez para que en el término máximo e improrrogable de diez (10) días cumplan la medida cautelar”, indicó ahora la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP.
Así mismo, la JEP ordenó a la Fiscalía presentar en 10 días un informe sobre las acciones desplegadas entre el 22 de enero y el 3 de febrero de 2022 en los cementerios Jesús María Estrada de Marsella y El Carmelo de Salento, en donde se había ordenado el inicio de la prospección y exhumación de cuerpos que serían de víctimas del conflicto.
Todo esto comenzó con una petición que en 2018 hizo el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) para que se protegieran 16 lugares en Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre en donde podrían encontrarse cuerpos de posibles víctimas del delito de desaparición forzada.
En respuesta a esa solicitud, en enero de 2021 la JEP ordenó proteger 11 cementerios en Quindío y 16 en Risaralda, y posteriormente en 2022 extendió esa medida cautelar de protección ordenando a las alcaldías de Caldas, Valle del Cauca, Quindío y Risaralda presentar el Plan Integral de Atención a Víctimas.
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