Las claves de la pelea entre las antiguas Farc y la JEP, que tiene en vilo los procesos por los crímenes cometidos en el conflicto

En un momento clave en el que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está próxima a emitir su primera sanción sobre graves crímenes cometidos durante el conflicto armado, el antiguo secretariado de las Farc le pidió a la JEP que les impongan una única sanción propia, en un acto considerado sin precedentes, pues reconocen toda responsabilidad.

Esto generaría una ruptura con el tribunal pues, hasta el momento, han adelantado investigaciones específicas para los principales hechos que se han dividido en 'macrocasos', de los que se espera que culminen en imputaciones para los máximos responsables. 

Los investigados piden precisamente cambiar eso, dejar la metodología de los 'macrocasos' por una sola investigación conjunta. 

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Fuentes cercanas a la JEP aseguran que estos procesos, sobre todo en los crímenes no reconocidos como la esclavitud y violencia sexual, son incómodos para los comparecientes y podrían haber motivado su petición. Para Leonardo González, director de Indepaz, "reconocer estos delitos sería itir que fueron parte del ADN de la estructura y fueron medios para su fin político, lo cual es difícil que pase". 

La cuerda floja sobre la que pende la relación JEP - exFarc empezó a debilitarse por diferencias que tiene la otrora guerrilla con la forma en como la jurisdicción le ha dado manejo a los procesos en su contra. Aseguran que ha sido lenta y paquidérmica, y le cuestionan que en estos ocho años de implementación de los acuerdos no haya emitido ninguna sanción y haya hecho solo 18 renuncias de persecución penal. Esta demora, aseguran del exsecretariado como el senador Carlos Antonio Lozada, "tiene a la mayoría de los firmantes en un limbo jurídico, que quieren definir cuanto antes". Incluso mencionó que todavía hay excombatientes de sus bases presos por haber sido insurgentes.

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Con estos antecedentes, el pasado 8 de octubre radicaron una solicitud judicial ante la JEP compuesta por tres puntos. El primero, la renuncia a su derecho de presunción de inocencia y por ende la aceptación de responsabilidad colectiva por los crímenes cometidos durante el conflicto y que han sido reconocidos hasta el momento. Como se refieren a los delitos sobre los que han hecho declaraciones voluntarias, quedarían por fuera temas como la violencia sexual y la esclavitud, que se han negado a itir. El exsecretariado explicó que este reconocimiento tampoco será un cheque en blanco al que se le endilguen futuros delitos.

El otro punto fue la solicitud de una resolución única de conclusiones, que en pocas palabras es la unificación de todos los procesos adelantados en su contra, incluyendo los 11 macrocasos. “Esta resolución evitará la fragmentación que ha venido ocurriendo, lo que a su vez facilitará el cierre jurídico del conflicto”, aseveran.

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En este aspecto se refirieron a las más de 3.000 sentencias que aún tiene la Fiscalía por delitos contra exintegrantes de sus filas, a los más de 1.000 “presos políticos” por rebelión y a los 94.000 expedientes en los que se les menciona y que en este momento tiene bajo potestad Justicia y paz. Los firmantes resaltan la necesidad de la resolución única de conclusiones y una única sanción porque consideran una utopía resolver cada uno de estos procesos. “La JEP tardaría más de 265 años”, dijo Lozada.

Y el tercer punto tiene que ver con la renuncia a la persecución penal para los no máximos responsables, es decir, para sus bases. Piden que se les facilite la amnistía y tengan seguridad jurídica al no haber sido partícipes determinantes.

Mientras tanto, desde la jurisdicción especial, el magistrado Roberto Vidal, su presidente, ha insistido en que se han cumplido con los cronogramas, pero sobre todo se ha puesto en el centro a las víctimas, adelantado las investigaciones necesarias para garantizar su derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición, que son los cuatro pilares del sistema integral que se firmó en los acuerdos de paz.

Aunque tiene hasta 15 días para dar una respuesta formal al documento enviado por el exsecretariado, aprovechó para recordarles su compromiso con la verdad exhaustiva y que la competencia de la JEP no responde a responsabilidades colectivas, anotando que “los procesos que actualmente están siendo investigados por el tribunal deben concluir con imputaciones”.

Para Leonardo González, director de Indepaz, "esta petición se entiende por el tiempo transcurrido (8 años) sin una sentencia. Los comparecientes están esperando que se decida su situación jurídica. Pero por otro lado hace que haya un revés para la justicia transicional porque lo más importante es que se pueda conocer toda la verdad sobre los hechos, de cara a las víctimas, que serían las principales perjudicadas". 

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Pero los cuestionamientos contra la JEP no paran allí. En las últimas semanas el gobierno del presidente Gustavo Petro también puso en tela de juicio la eficiencia de esta alta Corte y a través de su comisionado Otty Patiño incluso sugirió su cierre. El mandatario está empeñado en la necesidad de crear un único tribunal de cierre. “Los procesos investigativos judiciales no se pueden fragmentar en diversas unidades investigativas porque eso lleva a la impunidad”, dijo el presidente. Una idea afín a la petición que ahora hacen los comparecientes de las Farc.

"En los acuerdos de paz quedó establecido que vamos a trabajar la paz completa. En ese momento había conversaciones con el Eln, las mesas estaban instaladas en Ecuador, nosotros fuimos a hablar con ellos, y de igual manera planteamos abrir un proceso de acogimiento a la justicia de parte de las estructuras sucesoras del paramilitarismo", le dijo a EL TIEMPO, Pastor Alape.

En otro frente, el expresidente Santos, artífice de los acuerdos, también le hizo un jalón de orejas a la JEP. Manifestó que “no puede continuar con una actitud maximalista” y pidió a la Corte Constitucional ayudarle a establecer parámetros que la hagan más eficiente.

Por su parte, el magistrado Vidal le respondió que "es un tema complejo que conduce a una herramienta que tenemos los jueces, que es la ponderación. La justicia de la JEP tiene que ser célere, oportuna y concentrarse en los máximos responsables. Esto lo tenemos que ponderar con el principio de la jurisdicción, que son los derechos de las víctimas".

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SARA VALENTINA QUEVEDO DELGADO

Redacción Justicia