Inicio del 2021 ha sido el más violento desde firma del acuerdo de paz

Una grave alerta lanzó este martes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre la situación de orden público en el país. Esto, luego de que la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de esta jurisdicción identificó que el arranque de este año ha sido el más  violento en términos de masacres, enfrentamientos armados y amenazas de muerte a líderes sociales, desde la firma del acuerdo de paz.

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Los resultados del Monitoreo de Riesgos de Seguridad que elabora la UIA (unidad que podría equivaler a la fiscalía de la JEP), que abarca el periodo comprendido entre el primero y el 24 de enero de 2021, son preocupantes.

En este lapso, según datos de la UIA, se registraron 14 enfrentamientos armados entre estructuras criminales y la Fuerza Pública, 13 eventos de amenazas de muertes a líderes sociales, 6 masacres, 5 asesinatos de excombatientes de las Farc, 14 homicidios de líderes sociales, 3 hostigamientos y 7 enfrentamientos armados entre grupos ilegales.

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En el periodo estudiado por el Sistema de Monitoreo de Riesgos se llegó a la conclusión de que las afectaciones a líderes persisten, y que cada 41 horas es asesinado un líder social.

Del primero al 24 de enero se registraron los homicidios de 14 líderes sociales: Gonzalo Cardona en Tuluá, Valle; Fredman Herazo en La Apartada, Córdoba; José Robinson Quino en Yondó, Antioquia; William Rodríguez en Cúcuta, Norte de Santander; Linda Patricia Díaz en Cáceres, Antioquia; Janeth Zapata en Dosquebradas, Risaralda; José Abadía Parra en Pereira, Risaralda; Ricardo Cortés Rozo en Bogotá; Gerardo León en Puerto Gaitán, Meta; Diego Betancourt en Yopal, Casanare; Oliver Villariaga en Puerto Rico, Meta; Alfredo García en Ituango, Antioquia; Edwin Antonio Indaburo en Nechí, Antioquia, y Carlos Erlid González en Buga, Valle del Cauca.

Por su parte, fueron secuestrados José Vizney en Guachené, Cauca, quien fue liberado tres días después, y el líder embera Jesús Bailarín, liberado cuatro horas después. Además, recibieron amenazas otros 13 líderes sociales en Cauca, Valle del Cauca, Cesar, Magdalena, Antioquia, Santander, Bolívar y Caquetá.

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A esto se suman las recientes amenazas que han recibido líderes y lideresas de El Salado, en el Carmen de Bolívar, Bolívar, por presuntos integrantes de las autodenominadas Águilas Negras.

Durante los primeros 24 días del 2021 fueron asesinados cinco excombatientes de las Farc en proceso de reincorporación: Yolanda Zabala, Duván Galíndez, Cristian Ramírez, Giovani Claro y Juan Carlos Correa.

Los hechos se presentaron en Briceño, Antioquia; Cartagena del Chairá, Caquetá; Cali, Valle del Cauca; Convención, Norte de Santander, y San Andrés de Cuerquia,

Antioquia. Dos de las víctimas residían en los AETCR La Plancha y Caño Indio.

De acuerdo con el Monitoreo de Riesgo, la presencia de un tipo de estructura armada ilegal no explica per se la ocurrencia de homicidios a ex-Farc. De hecho, en los municipios donde sucedieron estos hechos victimizantes se registra presencia y actividad de diferentes tipos de disidencias y grupos sucesores del paramilitarismo.

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Cada cuatro días se perpetró una masacre, lo que revela la alta frecuencia de este fenómeno a inicios del 2021. Los hechos ocurrieron en Betania, Antioquia; Florencia, Caquetá; Cali, Valle del Cauca; Popayán, Cauca; Tarazá, Antioquia; y Buga, Valle del Cauca.

Estos municipios cuentan con la presencia de los siguientes Grupos Armados Organizados: Frente Occidente del Clan del Golfo (Betania), Frente 3 que está bajo las instrucciones de alias Gentil Duarte (Florencia), Frente Cordillera Sur del clan del Golfo, Frente de Guerra Occidental del Eln y los Rastrojos (Cali), Frente de Guerra Suroccidental del Eln (Popayán), Subestructuras Julio César Vargas y Rubén Darío Ávila del Frente Roberto Vargas Gutiérrez del clan del Golfo, Frente de Guerra Darío Ramírez del Eln, Frente 18 que está bajo las instrucciones de alias Gentil Duarte y Los Caparros (Tarazá).

De acuerdo con este monitoreo, se evidencia una mayor iniciativa de combate por parte de la Fuerza Pública hacia las diferentes estructuras criminales, pues se registraron 14 enfrentamientos armados, la cifra más alta desde la firma del acuerdo de paz.

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Igualmente, es preocupante otros datos relacionados con los eventos masivos de afectaciones a civiles: se registran 57 familias y 200 personas desplazadas forzosamente, así como 80 familias en confinamiento en Tibú, desde el 28 de diciembre del 2020 por los combates entre la guerrilla del Eln, los Rastrojos y el Ejército Nacional.

El Monitoreo de Riesgos de Seguridad que elabora la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP  tiene como fin hacer seguimiento permanente a los riesgos que puedan obstaculizar la participación efectiva de las víctimas, de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de los comparecientes en los procesos que realiza la jurisdicción.

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