La JEP autoriza salir del país a piloto acusado por muerte de niña

Las balas que supuestamente iban dirigidas contra un grupo de 120 guerrilleros del Eln reunidos en zona rural de El Carmen, Norte de Santander, fueron a dar contra civiles. Era el 24 de febrero del 2003 y el día apenas empezaba, cuando una operación conjunta de la Fuerza Aérea Colombiana y de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) rompió el silencio de la mañana en la vereda Culebritas. Desde el aire, comenzaron a disparar.

En la vereda habrían estado Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, y Erlindo Eliécer Chamorro, alias Antonio García, dos de los hombres con más poder en el Comando Central del Eln. Según se informó en ese momento en este diario, con base en información de inteligencia, esos jefes guerrilleros se reunían con hombres del frente Camilo Torres que, desde esa zona, se movían hacia la frontera con Venezuela, el Catatumbo, el sur del Cesar y el Magdalena Medio.

Según los informes de inteligencia, ‘Gabino’ y ‘García’ habrían estado en Culebritas hasta, por lo menos, mediados de noviembre del 2002.

En medio de la operación, una niña de 8 años que se preparaba para salir al colegio fue impactada en su médula y murió. Tres personas más quedaron heridas: un niño de 5 años y un bebé de cuatro meses, ambos hermanos de la niña fallecida, y una vecina de 18 años. Esta último recibió un disparo en su pierna izquierda y sufrió una crisis nerviosa. “Nos bombardearon, creían que éramos guerrilleros, creo que mataron a una niña y un niño quedó herido”, declaró cuando llegó a una clínica en Cúcuta, hasta donde ella, los demás heridos y la menor fallecida fueron llevados por helicópteros de las fuerzas militares.

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Todos eran de las familias campesinas de la vereda. De hecho, el ataque aéreo también afectó al ganado vacuno y a las aves de corral de los pobladores del lugar.

Aunque estos hechos fueron investigados inicialmente por la Justicia Penal Militar, luego pasaron a la justicia ordinaria, en la cual la Fiscalía 56 de Derechos Humanos de Cúcuta acusó el 22 de septiembre del 2014 a J.E.D.L. quien fue el piloto del avión fantasma desde el cual se lanzó el ataque que afectó a la población civil y acaba de ser aceptado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El hombre es teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea Colombiana y, en la actualidad, trabaja como piloto comercial para una aerolínea que realiza vuelos internacionales. Por esta razón, le pidió a la JEP permiso para estar saliendo del país.

En la acusación de la Fiscalía se describe que “a las 6:45 de la mañana se hizo entrega del armamento por parte de la Fuerza Aérea, previo briefing y señalamiento de la zona del blanco por parte del avión “fantasma”, incluyéndose puntos que no habían sido indicados ni suministrados por la inteligencia realizada (…) ni por parte del comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA”. En su resolución, la Fiscalía agregó que en el operativo fueron lanzadas bombas MK81.

Este fragmento hace parte del estudio de la JEP sobre la solicitud elevada por el piloto  quien se retiró de la FAC en el 2008 y a quien la Fiscalía declaró presuntamente responsable de homicidio en persona protegida y lesiones en persona protegida.

El piloto le pidió a la JEP, en primer lugar, resolver su solicitud de sometimiento a esa justicia y después permitirle salir del país “sin ninguna restricción ni autorización previa para ello”. Esto porque cuando firmó su acta de sometimiento, se le impuso, como a todos los comparecientes, no salir del país sin permiso, lo que terminó “poniendo en riesgo inminente su estabilidad laboral” en la aerolínea y “afectando su derecho al trabajo”. Además, aclaró que por ese proceso no se le impuso medida de aseguramiento y nunca estuvo privado de la libertad.

El exuniformado dijo que en su trabajo los itinerarios de vuelo se organizan de forma que pueden variar cada día y sobre la marcha: “Hoy puedo estar realizando un vuelo de Bogotá-Panamá-Bogotá, y al llegar a Panamá me pueden notificar que continuaré para San José de Costa Rica y quedarme allá para al día siguiente, continuar hacia otro destino”, argumentó.

En su estudio, la JEP comenzó por considerar que el teniente coronel retirado cumple con las condiciones para ser compareciente y por eso lo aceptó como miembro de la Fuerza Pública, “sin que esto signifique la definición de su situación jurídica en forma definitiva”, como se lee en la decisión conocida por este diario.

Y sobre su permiso de salida del país, la JEP consideró que no se trata de una autorización como la que deben pedir los demás comparecientes, sino que se trata “del derecho que le asiste al señor J.E.D.L. de ejercer su profesión de piloto comercial dentro y fuera del país para obtener su sustento propio y el de su familia”.

Eso sí, la JEP le impuso el compromiso de presentarse cada tres meses ante la Secretaría de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, para aportar información actualizada sobre su actividad laboral, certificación de la empresa, itinerarios realizados y copia de su pasaporte. Además, el permiso no lo exime de acudir siempre que sea llamado para la práctica de diligencias judiciales.

De todas formas, la JEP no pasó por alto que aunque el compareciente tiene sus derechos, estos no están por encima de los de las víctimas, y por eso le recordó que entre sus obligaciones está aportar verdad completa “que supere” lo contado y probado en la justicia ordinaria.

Aunque el militar retirado se comprometió a “contribuir a la verdad sobre los hechos ocurridos el 24 de febrero de 2003 en la vereda Culebritas, relatando detalladamente lo que sabe y le consta al respecto”, también debe informarle a la JEP si sabe de otros hechos del conflicto y presentar un plan claro de aporte a la verdad y la reparación de las víctimas.

Entre lo que deberá explicar se incluye por qué, pese a que al parecer sí había unidades guerrilleras cerca de la zona y estas habrían respondido el ataque de las Fuerzas Militares, el ataque terminó afectando los bienes, las propiedades y la vida de campesinos y niños que vivían allí, y por qué ese punto en específico fue atacado pese a no aparecer en los informes de inteligencia militar.

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