Las pruebas que llevaron a la expulsión de ‘Gafas’ de la JEP

Un preacuerdo que firmó con la Fiscalía itiendo haber cometido delitos en 2022 fue la prueba que terminó por sellar la expulsión de Alexánder Farfán Suárez, alias Gafas, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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El hombre es recordado como uno de los carceleros de Ingrid Betancourt mientras estuvo secuestrada por las extintas Farc, y el 24 de julio sorpresivamente fue reconocido por el Gobierno nacional como negociador de paz de la disidencia autodenominada Estado Mayor Central (EMC), al mando de ‘Iván Mordisco'.

De por sí, su designación como negociador de una disidencia, pese a que estaba acreditado como excombatiente desmovilizado, ya había prendido la primera alerta en la JEP, que luego confirmó que está preso por delitos que itió haber cometido en diciembre pasado.

Ante esta evidencia y con información recabada por su Unidad de Investigación y Acusación, la Sección de Revisión de la JEP expulsó este 11 de agosto a ‘Gafas’, en una audiencia a la que él declinó asistir.

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En la diligencia, la magistrada Caterina Heyck de la Sección de Revisión leyó el auto de expulsión, en el cual se lee: “Se ha podido esclarecer que el 11 de diciembre de 2022 el señor Alexánder Farfán fue capturado junto con 9 personas en zona rural de Buenaventura cuando se desplazaban en dos embarcaciones por el río Naya y tuvieron un enfrentamiento con el Ejército producto de lo cual es señor Farfán y sus acompañantes fueron capturados en flagrancia y en posesión de 6 pistolas, proveedores, municiones, una granada y carnets con logotipos de las Farc”.

La togada continuó citando que en ese momento un juez legalizó la captura e impuso medida de aseguramiento contra Farfán, “luego la Fiscalía presentó un escrito de preacuerdo con el que el señor Farfán reconoció ser el coautor de los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas”.

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El auto de exclusión que leyó Heyck señala que el preacuerdo que firmó itiendo los delitos de 2022 “constituye una manifestación inequívoca que proviene del señor Farfán aceptando su pertenencia al Estado Mayor Central de las Farc, lo que hace que su pertenencia al grupo delincuencial, sobre la que había suficientes evidencias al haber sido designado como vocero del grupo armado, se termina de corroborar con las circunstancias de su captura y el preacuerdo que suscribió con la Fiscalía”.

De hecho, tras evaluar ese preacuerdo, así como la resolución del Gobierno designándolo negociador de paz de las disidencias, y otras pruebas, la JEP concluyó: “Sumadas todas estas evidencias, se puede concluir que la condición de desertor manifiesto del señor Farfán Suárez es un hecho notorio”.

Esto por cuanto “fue designado como miembro de la delegación del EMC para participar en la Mesa de Conversaciones de Paz con el Gobierno Nacional; su calidad de vocero designado por ese grupo armado fue reconocida por el Presidente de la República mediante la Resolución No. 212 de 2023; un juez de control de garantías encontró ajustada a la legalidad y dio por demostradas las circunstancias de la captura en flagrancia del señor Farfán Suárez cuando, como miembro del grupo armado, sostuvo un enfrentamiento con las fuerzas armadas y en su poder fueron encontradas armas, un explosivo y municiones, lo que es correspondiente con una abierta militancia en esa organización".

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La Jurisdicción Especial de Paz también destacó que "las evidencias recolectadas por la Fiscalía demuestran que, conforme a las circunstancias de su captura, esta persona pertenecía al grupo disidente tantas veces mencionado y finalmente, aceptó de manera pública y notoria esos hechos en el acta de preacuerdo que suscribió con la Fiscalía”.

Al declararse su exclusión de la JEP, Alexánder Farfán Suárez pierde la posibilidad de tener una pena más favorable en la justicia transicional por sus delitos, pues ahora será juzgado por la justicia ordinaria.

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