Cuatro expedientes sobre crímenes presuntamente cometidos por agentes del Gobierno entregó este jueves el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
En los documentos se registran 17.852 víctimas de ese tipo de delitos y se narran hechos en los cuales tendrían responsabilidad 2.909 funcionarios del Estado.
Además, se describe la relación que tendrían varias de estas personas e instituciones con estructuras paramilitares.
En los tres informes primeros informes, discriminados por regiones del país, se documentan los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos entre 1966 a 1998. El primero de ellos hace referencia a la Zona VII, la cual abarca los departamentos de Meta y Guaviare; en el segundo informe se encuentra la Zona XIV, que estudió Magdalena Medio y el Nordeste Antioqueño; y por último, la Zona V, donde se ubica Santander, Norte de Santander, Sur de Bolívar y Sur del Cesar.
El cuarto informe es sobre
crímenes cometidos específicamente en la Comuna 13 de Medellín en el periodo de 2001 a 2003, que incluye la operación Orión realizada durante la comandancia del General (r)
Mario Montoya de la IV Brigada.

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Estos cuatro informes fueron entregados tanto a la JEP como a la Comisión de la Verdad y delegados de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
"Aportamos esta información a la JEP para que, dentro de las investigaciones que desarrolle, pueda impartir justicia a los máximos responsables de los crímenes de Estado contribuyendo a la transformación de los escenarios de impunidad que históricamente han afectado a las víctimas", expresó el Movice.
Las víctimas conocemos los hechos, no obstante, requerimos que el conjunto de la sociedad sea consciente de los mismos. Solo así se cumplirán las garantías de no repetición
Además, la información fue entregada a la Comisión de la Verdad para que pueda identificar "la responsabilidad colectiva del Estado en el desarrollo del conflicto armado y la violencia sociopolítica, las formas de colaboración estatal con el paramilitarismo durante décadas; así como establecer los patrones y modus operandi de este accionar delictivo".
Y sobre los casos de desaparición forzada, las víctimas entregaron información de de 1.170 personas desaparecidas presuntamente por el Estado, y expresaron que es necesario encontrar a las personas desaparecidas y entregar de manera digna los restos a sus familiares.
"Las víctimas conocemos los hechos, no obstante, requerimos que el conjunto de la sociedad sea consciente de los mismos. Solo así se cumplirán las garantías de no repetición", concluyeron.
PAZ-JUSTICIA