A 20 años de la masacre, en Bojayá siguen clamando por detener la violencia

Decimos con dignidad

Que las madres colombianas

Están cansadas de llorar

En la mitad del círculo están siete cantaoras. Rugen con la voz desgarrada en el centro de la iglesia en la que exactamente 20 años atrás explotó un cilindro bomba accionado por guerrilleros de las Farc en medio de un combate con paramilitares de las Auc, con quienes se disputaban al territorio.

Cantan en ese lugar santo que sirvió de refugio para los habitantes que ese 2 de mayo del 2002 intentaban escapar de las balas de un lado y otro, y que se convirtió en infierno después de la explosión, que acabó con la vida de por lo menos 79 personas (incluidas cinco mujeres embarazadas y 48 niños).

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Este lunes, dos décadas después del horror de la masacre —que hizo célebre a este municipio chocoano por su tragedia—, los sobrevivientes se reencontraron para honrar la memoria de sus familiares muertos y alertar de los riesgos de la violencia, que nunca desapreció en la región y hoy tiene confinado a buena parte del Chocó por cuenta de la guerra entre el ‘clan del Golfo’ y el Eln.

Bellavista, el casco urbano de Bojayá, tuvo que ser trasladado y reconstruido luego de la masacre. En el pueblo viejo quedan apenas vestigios del centro de salud, la escuela, el colegio y otras construcciones, todas desvencijadas y ya secuestradas por las plantas que crecieron en los últimos 20 años.

Solo la iglesia volvió a ser habilitada. Es una construcción tejada de zinc, con cinco columnas desde la puerta hasta al altar de madera, que tiene en el centro la fotografia del Cristo que antes lo adornaba pero quedó mutilado luego del cilindro bomba.

En círculo, sentados alrededor de las cantaoras, decenas de líderes afro e indígenas, víctimas, representantes de la comunidad internacional, la Iglesia Católica, el sistema integral para la paz y algunas entidades del Estado, escucharon las denuncias sobre la guerra que se sigue viviendo en la región.

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Yuber Palacios, representante de las víctimas de Bojayá, señaló que hace más de 36 años se están presentando violaciones de Derechos Humanos en el pueblo y que, además de la masacre, hay varios hechos que están siendo invisibilizados.

“Preguntamos, 20 años después, donde están las garantías de lo repetición. Vemos que las cifras suben, pero las vidas no valen”, dijo Palacios. Y alertó por la crisis que se vive por cuenta de los confinamientos, desplazamientos forzados, enfrentamientos entre grupos armados, reclutamiento forzado de niños, amenazas a líderes sociales, entre otros hechos de violencia.

“El drama humanitario que vive el Chocó está tocando límites cada vez más insospechados”, indicó un sacerdote que puso de relieve otro de los problemas que aqueja la zona: la presencia de minas antipersonales.

Un líder indígena de la zona señaló que otro de los efectos de la ola violenta es la afectación en la salud mental de los jóvenes, y contó que van seis suicidios solo este año. “Significa eso que en nuestro territorio ya no hay garantías para seguir viviendo, esto se da a raíz de la presencia de grupos armados. Nuestros hijos, los jóvenes, encuentran el quitarse la vida como opción, porque no hay oportunidades”, dijo el líder, y agregó que en los territorios étnicos es donde se está haciendo la guerra.

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Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos, dijo que para la no repetición es fundamental que el Estado reconozca su responsabilidad en los hechos de violencia, y expresó su preocupación por su persistencia. “La situación actual muestra una situación de violencia desmedida que sufren las comunidades”, dijo, y explicó que se tiene registro de mas de 60.000 personas afectadas, más de 50.000 confinadas, y 4 defensores de derechos humanos asesinados desde el inicio de año.

La representante de la ONU instó al gobierno para garantizar las condiciones para una paz estable y duradera en la región, y pidió que se “investiguen con seriedad” los señalamientos hacia de la Fuerza Pública por irregularidades en sus funciones.

Leyner Palacios, comisionado de la Comisión de la Verdad, quien fue victima de la masacre de Bojayá, dejó en claro que la afectación a las comunidades étnicas en medio del conflicto será ampliamente abordada en el informe final de la Comisión, que se entregará el 28 de junio.

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Para la comunidad bojayaseña, registrar estos hechos es clave para la memoria histórica del país entero. Pero además, urge que el Estado implemente acciones integrales para que la violencia desaparezca de la región. Como sentenció Yuber Palacios: “20 años después, Bojayá vive su segundo 2 de mayo, su segunda crónica de una muerte anunciada”.

JULIÁN RÍOS MONROY

Redacción Justicia