Agencia de Reincorporación espera recibir a desmovilizados de los grupos que están negociando la 'paz total'

En diálogo con EL TIEMPO, Alejandra Miller, directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización, hizo un balance de la integración a la sociedad de los firmantes después de los acuerdos, la entrega de tierras, las condiciones de seguridad de los excombatientes y el proceso de reinserción de de grupos armados activos.

Desde el año pasado empezamos con la transformación del enfoque de la agencia. Cuando llegamos nos dimos cuenta que tenía una visión muy minimalista, así que empezamos a trabajar conjuntamente con los firmantes del acuerdo en el proceso de construir el programa de reincorporación integral, con cuatro ejes fundamentales: la reincorporación económica, política, social y comunitaria. Además del programa, hemos avanzado también con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en la entrega de predios para firmantes del acuerdo. Estamos llegando a las 13.000 hectáreas entregadas a los excombatientes que están haciendo su proceso de reincorporación en los antiguos espacios de reincorporación (ETCR) o para quienes están adelantando proyectos productivos alrededor de temas agropecuarios. Y también tenemos un avance muy importante en términos del enfoque de género de la reincorporación. Desde el año pasado estamos trabajando para que las mujeres firmantes, quienes han tenido más barreras y obstáculos en su proceso, puedan dar pasos significativos. Por otro lado, es clave mencionar que hay muchos retos. Tal vez uno de los más fuertes está asociado con los temas de seguridad de los firmantes en territorios donde hay altos niveles de conflictividad y que genera mucha incertidumbre.

Yo quisiera resaltar algo que me parece muy importante y es el compromiso de los firmantes con el acuerdo de paz. Hoy más del 80 % se mantienen en el proceso de reincorporación, casi ocho años después de la firma. Este proceso ha tenido grandes dificultades, unos rezagos enormes del gobierno anterior, y aún así siguen comprometidos con la construcción de paz. Pero, sin duda, hemos tenido procesos de desplazamiento forzosos como el del ETCR de Miravalle. Tres de estos espacios se han tenido que reubicar de emergencia por las amenazas. Una de las tareas que nos hemos planteado es que los 24 ETCR tengan tierras adjudicadas a finales de este Gobierno. Y en cuanto a seguridad, también confiamos en que la política de paz total logre desarmar a todos los grupos ilegales que hoy están en los territorios y nos permita generar una tranquilidad para los firmantes y las comunidades en esas regiones.

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Sí. El tema del rezago en el a la tierra para firmantes ha sido impresionante en los últimos años. Cuando llegamos, solo estaban adjudicadas unas 700 hectáreas. Y desde hace año y medio hemos avanzado en la entrega de 13,000. Históricamente sí hay un rezago en la meta de cumplimiento, pero este Gobierno está tratando de saldar esta deuda. De hecho, hace año y medio, en la ANT había una normativa que no permitía que los firmantes pudieran acceder a tierras por fuera de los ETCR. En este momento, dentro de esas 13,000 hectáreas, hemos entregado predios a estos espacios, pero también a procesos y proyectos productivos colectivos por aparte.

Este es un punto muy importante. Por ejemplo, en los dos ETCR a los que se les adjudicaron predios el año anterior y que están ubicados en el Meta, uno con 1.500 hectáreas y otro con 1.200, ya la gente llegó y en este momento estamos trabajando con la Agencia de Desarrollo Rural en unos acuerdos para garantizar que además de la tierra las personas tengan a una asistencia técnica y proyectos económicos que generen desarrollo. Por otro lado, desde la agencia también estamos trabajando en una estrategia de sostenibilidad de los proyectos productivos que apoya con hasta 400 millones de pesos a las iniciativas colectivas.

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En este momento solamente estamos atendiendo a aquellos grupos armados que están en las mesas de diálogo. Tenemos tres grandes procesos: la reintegración, que es la desmovilización individual de combatientes; la reincorporación, que es el proceso con los firmantes; y también ofrecemos un acompañamiento a los comparecientes de la fuerza pública ante la JEP. Es un proceso que apenas está arrancando.

Estamos atendiendo gente que ha dejado las armas de las Farc, pero también de las llamadas bandas criminales y de justicia y paz. Tenemos más o menos a unas 4.000 personas que se encuentran en este grupo de reintegración.

La reintegración es una ruta que ofrece acompañamiento en formación, trabajo, educación, a la salud y una renta básica que oscila entre los 400, 500 y 600.000 pesos. Depende de cada caso.

Si bien tuvimos un recorte inicial en la ponencia del presupuesto que se presentó en junio, luego de conversaciones con el señor Presidente y el Ministro de Hacienda sabemos que este presupuesto se va a incrementar y esperamos que en el mes de enero la Agencia pueda tener el monto que requiere para seguir trabajando en las acciones que estamos desarrollando y en las que esperamos que lleguen muy pronto los otros grupos armados.

Esperamos que se haga una adición de 265.000 millones de pesos y tener más o menos entre 330.000 y 350.000 millones de pesos para el año 2025.

SARA VALENTINA QUEVEDO DELGADO

Redacción Justicia