La lucha por justicia tras la desaparición de exgerente de Caja Agraria

El 6 de mayo de 1987 el entonces gerente de la Caja Agraria (hoy Banco Agrario) de Puerto Nare, Antioquia, José Oleaguer Correa Castrillón, su cuñado Sergio Hernán Bergara Rojas y el de las Minas El Galeón Alejandro Monsalve, emprendieron su regreso a casa en Puerto Berrío.

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Hacia las tres de la tarde fueron interceptados por un grupo fuertemente armado de las Autodefensas para nunca más volver. Fueron trasladados a Puerto Sambito, jurisdicción de Cimitarra, Santander, torturados durante días -  a fin de que “confesaran” falsamente que colaboraban con los grupos subversivas de la zona - y asesinados.  Y sus cuerpos fueron arrojados al río Magdalena.

Por este crimen atroz, luego de 35 años de lucha de la familia por justicia, el Estado Colombiano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH,  llegaron a una solución amistosa que implica el reconocimiento estatal de la responsabilidad internacional por lo sucedido.

Se trata de un asomo de justicia de un caso más de la estela de violencia que afectó el nordeste antioqueño en la época y en donde solo hay un condenado en la justicia penal: Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias Vladimir, quien lideró el grupo que realizó la detención ilegal y tortura de las víctimas en la finca ‘Cero uno’.

Así lo confesó él mismo al acogerse a sentencia anticipada dictada el 2 de diciembre de 2002. Baquero, quien estuvo bajo la comandancia de Gonzalo y los hermanos Henry Pérez (creadores de las autodefensas), confesó la coordinación del triple crimen diciendo que a José Oleaguer se le persiguió por hacer su labor como gerente de la Caja Agraria: hacer préstamos a campesinos. Además, involucró en el crimen a un coronel del Ejército Nacional.

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Según su versión, las autodefensas creían que ese dinero iba para la guerrilla. “Una vez fue a Berrío, a la Brigada 14, haciendo papeles para armas y el coronel (Hernando) Navas llamó a ‘Pombo’ que estaba encargado de Berrío porque yo me encontraba en Boyacá (…) y era la oportunidad de darles y yo le dije a ‘Pombo’ que los levantaran”.

“’Pombo’ los secuestró, yo le di las instrucciones (…) iban en el mismo carro con el chofer que también llevó del bulto y los tres fueron llevados a la base y yo estaba ahí. Allá los torturamos”, confesó.

La confesión no obstante no llevó investigaciones de fondo para esclarecer los presuntos nexos de agentes del Estado en el crimen, por lo que la familia decidió demandar al Estado colombiano ante la CIDH enmarcando este caso en los múltiples crímenes perpetrados en la región en contra de simpatizantes de la Unión Patriótica, como el caso de José Oleaguer, así como en la confesión de ‘Valdimir’ y su mención al coronel Hernando Navas Rubio.

A instancias de la CIDH, las víctimas, representadas por el abogado Javier Villegas Posada y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado llegaron a un acuerdo conocido por completo por EL TIEMPO, en el que Colombia “reconoce la responsabilidad internacional por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de los familiares de la víctima, por la falta de diligencia en la investigación”.

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El acuerdo implica hacer un acto de reconocimiento virtual, que ya se hizo de manera privada, y que se brinde de parte del Icetex y el Ministerio de Educación un auxilio a la hija de la víctima para toda una carrera universitaria, así como una indemnización y el compromiso del Estado de continuar con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables del crimen de José Oleaguer Correa.

Las partes solicitaron en abril pasado a la CIDH que homologara el acuerdo, lo cual acaba de suceder, en un documento en el que la Comisión valoró los esfuerzos, así como el acto de reconocimiento ya realizado y en el cual el director de la ANDJE, Camilo Gómez, señaló que al Estado le asistía la obligación de buscar justicia.

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“Hemos sido testigos de la dolorosa búsqueda de la verdad y de la justicia que la familia del señor José Correa ha emprendido durante estos años (…) Solo con resiliencia, tenacidad y fortaleza, familias como la del señor Correa logran sacar adelante su proyecto de vida, reconstruirse y edificarse ante una gran pérdida (…) Bajo esta firme creencia, el Estado colombiano expresa su solidaridad con los familiares y amigos del señor Correa y reconoce el daño que se les causó”, dijo en su momento Gómez.

En representación de la familia, el abogado Villegas le dijo a EL TIEMPO que desde que asumió el caso ha sido “testigos de la tragedia y el dolor que han vivido por la pérdida del esposo y padre amoroso, afectándose aún más por la orfandad institucional a la que se han visto sometidos por la más absoluta falta de garantías de los organismos encargados de la investigación y sanción de los responsables de este abominable crimen”.

En su criterio, este acuerdo es “un avance importantísimo en aras de lograr salvaguardar valores democráticos fundamentales, garantizando protección y justicia a las víctimas de gravísimas violaciones de derechos humanos”.

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“Estamos convencidos que con la solución amistosa y su homologación se posibilita la restauración moral e integral de las víctimas y se facilita que cese la impunidad que ha caracterizado estos graves hechos durante más de 35 años, contribuyendo con ello de manera eficaz a la reconstrucción de la confianza en la institucionalidad”, agregó al reconocer la labor de la ANDJE en este caso.

Tras la condena de ‘Vladimir’ y la mención del coronel Navas, la Fiscalía 28 adscrita a la unidad de Derechos Humanos inició una investigación que se archivó en marzo de 2005.

En el 2013, la defensa de las víctimas interpuso una tutela solicitando información del caso y el despacho tomó la decisión de desarchivar el caso y citar de nuevo a declarar a alias Valdimir, cosa a lo que este se negó y, al poco tiempo, se archivó de nuevo al expediente.

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La firma de abogados confirmó que solo en virtud del acuerdo celebrado con intermediación de la CIDH, este 2022 se reabrió la investigación y se designó al Fiscal 190 especializado para que dirija y establezca responsabilidades y participación de agentes del estado en los hechos.

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