Expansión del ‘clan del Golfo’ en Córdoba pone en riesgo a 7 municipios: Defensoría

Los pobladores de Chinú, Sahagún, Ciénaga de Oro, San Carlos, Chimá, Tuchín y San Andrés de Sotavento, en Córdoba, que componen el espacio considerado como el núcleo indígena más importante del pueblo Zenú en Córdoba, están en una grave situación de riesgo por cuenta de la presencia y el dominio que quiere imponer el ‘clan del Golfo’, de acuerdo con la Alerta Temprana 011 de 2024 que acaba de emitir la Defensoría del Pueblo.

Según el organismo de derechos humanos, estas poblaciones están en riesgo de vulneraciones a los derechos a la vida, integridad, libertad, seguridad y libertades civiles y políticas.

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“También emitimos la alerta por la posible ocurrencia de infracciones al derecho internacional humanitario, debido al accionar indiscriminado de grupos armados ilegales, específicamente, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-Clan del Golfo”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

De acuerdo con el organismo, el riesgo para la población civil está sucediendo por la expansión del narcotráfico, la utilización del territorio como tránsito, refugio y obtención de rentas ilícitas; la disputa territorial iniciada por del ‘clan’ contra grupos locales de delincuencia común organizada, así como por retaliaciones entre grupos de la mal llamada “limpieza social”.

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Según la Alerta Temprana emitida, la expansión del frente Javier Yepes Cantero, del ‘clan del Golfo’, que desde Montería, Cereté y Planeta Rica avanza de manera violenta hacia espacios de las subregiones del Medio Sinú y Sabanas, busca crear “zonas seguras” y de obtención de rentas criminales en nuevos corredores de movilidad que unan a ese territorio con el Bajo Cauca antioqueño, y La Mojana con el golfo de Morrosquillo.

Además, se advirtió sobre la disputa entre el frente Javier Yepes y el frente Manuel José Gaitán, en alianza con grupos ilegales que ofertan seguridad, contra grupos de delincuencia común organizada.

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Por cuenta de estas acciones aumentaron los riesgos para las comunidades, colectivos, líderes comunales, de víctimas, y presuntos colaboradores de los bandos rivales. Así mismo hay restricciones a la movilidad y agresiones a misiones médicas, entre otras violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH).

“Advertimos que el contexto de amenaza se materializa con los homicidios selectivos y de configuración múltiple, presentados como crímenes para imponer un orden represivo, la expansión del mercado local de sustancias psicoactivas y de la economía ilegal del narcotráfico, el aumento en la extorsión, inhibición de la denuncia y temor a represalias”, sostuvo Camargo.

En la Alerta Temprana la Defensoría también incluyó 17 recomendaciones para enfrentar los riesgos, por ejemplo, se señala que si bien los siete municipios alertados tienen instituciones en capacidad de atender las demandas de la población, hay poca articulación entre entidades y autoridades étnicas, y se añade que las rupturas del gobierno propio del pueblo Zenú, entre otras, reducen la capacidad para atender la creciente percepción de inseguridad.

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“Emitimos17 recomendaciones, para el Gobierno Nacional y autoridades locales, que contienen parámetros de focalización territorial y tiempos de respuesta, como el efectivo a la istración de justicia, la adopción urgente de medidas de prevención temprana y protección apremiante en favor de los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, asistencia y atención humanitaria integral; adicionalmente, la superación de factores de vulnerabilidad socioeconómica de las poblaciones expuestas a riesgos”, concluyó Camargo.