Expansión territorial de las disidencias tiene en riesgo a 10 pueblos indígenas en Casanare: Defensoría

De cara al riesgo para al menos 10 pueblos indígenas en Casanare, por la expansión de las disidencias de las Farc, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 020 de 2024 por el peligro que viven los pueblos indígenas del resguardo Caño Mochuelo, ubicado en zona rural de los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo (Casanare).

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Según el organismo de derechos humanos, el control del territorio ejercido por el Frente 28 ‘José María Córdoba’, del Comando Conjunto de Oriente de las disidencias de las Farc, y el ingreso a la zona de otras estructuras armadas no estatales, ponen a los pueblos étnicos en riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales.

La Defensoría destacó que los pueblos Sikuani, Piapoco, Sáliba y Amorua y los Maiben Masiware, Wamonae, Waüpijiwi, Yamalero —Mayaleros— Tsiripus y Yaruros, que reúnen un total de 15 comunidades, son pueblos nómadas únicos en el mundo pero hoy se encuentran solamente con su protección territorial en la extensa sabana del extremo nororiental de Casanare.

“Es tan delicada la situación, que integrantes del disidente Frente 28 obligan a las autoridades tradicionales indígenas a tomar medidas sobre ciertos comportamientos de las diez poblaciones. De no hacerlo, no solo las autoridades étnicas, sino todos los indígenas de las comunidades son sometidos a la propia ‘justicia’ del grupo rebelde, con tal de tener el control absoluto”, dijo la Defensoría mediante un comunicado de prensa.

Por esta situación la entidad pidió la intervención urgente de la institucionalidad estatal, a partir de un trabajo articulado y diferencial que tenga en cuenta la tradición cultural nómada.

De otro lado, la Defensoría indicó que el resguardo Caño Mochuelo es susceptible de enfrentamientos armados, lo cual tendría consecuencias nefastas ya que los daños a las formas de sustento (cultivos y prácticas alimentarias) podrían amenazar la subsistencia de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos y personas mayores.

Por eso el organismo de derechos humanos también habló de la necesidad de implementar medidas de prevención orientadas a la seguridad alimentaria, la atención humanitaria, el acompañamiento, así como a la neutralización de las pretensiones de los actores armados al margen de la ley.

“Es imperativo garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, el respeto por la jurisdicción especial indígena, la autonomía, el territorio y su dinámica cultural”, dijo la Defensoría.

En esta alerta preventiva se le pidió al Ministerio del Interior que cumpla las medidas de prevención y protección y que se activen los mecanismos de respuesta rápida frente a posibles vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH).

“Es oportuno que ejerza su liderazgo para que sea salvaguardada y preservada la diversidad étnica y cultural, mitigado el riesgo de los pueblos afectados, a los que les deben respetar sus derechos culturales, de autonomía, territorio y propia jurisdicción especial”, concluyó la entidad.