Homicidios contra la población LGBTIQ+ aumentaron en el 2024: Caribe Afirmativo

En la víspera del 17 de mayo, día contra la homofobia, transfobia y bifobia, y mientras los nombres de personas LGBTIQ+ asesinadas se mostraban en una pantalla, la corporación Caribe Afirmativo presentó su más reciente informe sobre las violencias que experimentaron las personas de orientación sexual e identidad de género (OSIG) diversa en el país en 2024.

El documento, titulado ‘Con permiso para despreciar’, contiene en sus páginas cifras, análisis y recomendaciones frente a la discriminación que sufrió esta población el año anterior. Su publicación se da poco más de un mes después del asesinato de Sara Millerey Gónzalez, la mujer trans torturada y asesinada en Bello, Antioquia. La brutalidad de su fallecimiento volvió a llamar la atención sobre un conjunto de violencias, denominadas violencias por prejuicio, que siguen amenazando los derechos de la población LGBTIQ+.

Este informe se presenta en un contexto de aumento de los discursos antiderechos en el mundo, como lo han reflejado iniciativas de gobiernos como el de Donald Trump en Estados Unidos y el de Javier Milei en Argentina. Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, le dijo a EL TIEMPO: “El odio, que era un discurso subterráneo, hoy está presente en los parlamentos, en los gobiernos, está haciendo política desde el discurso del odio y eso está llevando a desmontes”.

Castañeda afirmó que este odio también se está evidenciando en Colombia y nombró el hundimiento del proyecto de ley que buscaba prohibir las terapias de conversión y el curso por el congreso del proyecto de ley, ‘Con los niños no te metas’, presentado por la senadora Lorena Ríos (Colombia Justas Libres), que busca limitar el de menores de 18 años a tratamientos de afirmación de género.

En total, el reporte de Caribe Afirmativo registra 3.088 personas de esta demografía afectadas por actos violentos, lo que representa una reducción del 25 por ciento con respecto a 2023, que registró 4.165 casos. No obstante, se pueden percibir aumentos en ciertos tipos de violencia, lo que sigue poniendo en relieve la vulnerabilidad de la población LGBTIQ+.

Si bien, en 2024 se redujeron los hechos violentos en contra de las personas LGBTIQ+, se reportó un incremento del 3,14 por ciento en los asesinatos, con 164 homicidios / feminicidios frente a 159 en 2023. Según la organización, esto indica que “el nivel de letalidad contra la población LGBTIQ+ sigue en crecimiento, lo que sugiere que persisten los patrones de violencia extrema y crímenes por prejuicio”. En promedio, una persona de esta población fue asesinada en Colombia cada 2 días y 5 horas.

Esta cifra ha ido en crecimiento desde 2022 y, para este año 2025, Caribe Afirmativo advierte un aumento en las violencias contra las personas de identidades de género y orientaciones sexuales diversas frente al mismo período del año pasado. Para mayo de 2025, El Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo reporta 41 muertes violentas de personas de OSIG diversa.

El 31 de enero de este año, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre un aumento drástico en la violencia por prejuicio, con 13 asesinatos de “extrema sevicia y crueldad” registrados. Según esta institución, esa cifra corresponde al 27 por ciento de los hechos registrados en 2024. De acuerdo a las cifras de Caribe afirmativo, de los 150 asesinatos en 2024 de los que se pudo saber la fecha, solo uno se cometió en enero y hasta abril se alcanzó el número del primer mes de 2025.

Los hombres gais y las mujeres trans representaron un 49 por ciento de la violencia homicida a personas LGBTIQ+ en 2024, con 60 y 34 asesinatos respectivamente. Aun así, ambas cifras reportan disminuciones, con trece y once casos menos frente al año anterior.

Una de esas mujeres trans asesinadas fue Karis Saldarriaga, de 61 años, reconocida lideresa y activista por los derechos LGBTIQ+ en Caldas, Antioquia. Como ella, otras once personas defensoras de los derechos humanos (nueve hombres gais y dos mujeres trans) murieron víctimas de asesinato.

Además, se registraron ocho muertes violentas de hombres trans, dos más que el 2023. Los homicidios a hombres bisexuales pasaron de 18 a 24, y el asesinato de mujeres bisexuales tuvo un incremento alarmante, pasando de uno a siete casos. En cuanto a mujeres lesbianas se registraron doce casos, uno menos que en 2023. Cabe aclarar que hubo 36 casos de asesinatos de personas sin identificación específica, 17 más que el año anterior.

La corporación también llamó la atención sobre los 0 homicidios reportados a personas no binarias, lo que podría deberse a debilidades de los sistemas de información en la caracterización y no a una ausencia de casos.

Aunque no es posible afirmar que todos los casos de homicidios / feminicidios correspondan a violencia por prejuicio, Caribe afirmativo señala haber encontrado, por lo menos, 27 casos con indicios de pertenecer a esta categoría. Asimismo, alerta sobre el involucramiento de otras formas de violencia en los asesinatos, como la tortura, pues documentaron 12 casos en los que las víctimas fueron sometidas a sufrimiento físico.

“En estos casos, las agresiones evidencian un patrón de castigo y humillación, con un claro propósito de infligir daño sobre los cuerpos de las víctimas”, puntualiza el informe. Adicionalmente, se sabe de siete casos vinculados al hurto, diez a amenazas previas, cuatro a desapariciones y uno a violencia sexual.

Además, agregan sobre la sevicia que a veces presentan estos asesinatos contra los cuerpos de las víctimas, que “esta violencia desproporcionada no sólo busca causar la muerte, sino también enviar un mensaje de odio y terror a otras personas del sector social, perpetuando un clima de miedo y represión”.

Los departamentos con mayor número de víctimas de violencia homicida son Valle del Cauca, con 26 asesinatos, y Antioquia, con 24. Les sigue Risaralda con 18 casos, Bogotá D. C., con 10 y Bolívar, Atlántico y Santander, con 7 cada uno.

Chocó (6), Córdoba (5), La Guajira (5), Arauca (2) y Caquetá (1) registraron un aumento de casos frente a 2023. Sin embargo, el aumento más preocupante es del Risaralda, que registró 13 casos más respecto al año anterior.

Caribe Afirmativo destaca que “estos asesinatos no son hechos aislados, sino que responden a prejuicios profundamente arraigados que buscan castigar la diversidad y reforzar normas heteronormativas y cisnormativas”.

Sobre otros crímenes cometidos contra personas LGBTIQ+, el informa también advierte un alarmante aumento del 67,2 por ciento en las violencias sexuales durante 2024, con 689 víctimas únicas frente a las 412 del 2023. Además, de los 702 casos registrados (una persona pudo haber reportado varias agresiones), 174 son de carnal violento, lo que corresponde a la mayor concentración de hechos entre todos los delitos sexuales considerados, seguido por acto sexual violento con 112 casos.

Aproximadamente, dos personas LGBTIQ+ fueron violentadas por día, y una de cada dos víctimas de violencia sexual fue una mujer bisexual o lesbiana. Durante ese año, las mujeres bisexuales registraron 224 casos de este tipo de agresiones y las lesbianas 139, representando el 52.7% del total de víctimas identificadas. El informe afirma que “esto puede deberse a que la violencia sexual es cometida por fines correctivos o jerarquizantes de parte de las personas agresoras, justificados como ‘actos pedagógicos’ que pretenden modificar conductas representadas como inadecuadas o inmorales”.

En cuanto a amenazas, una forma de violencia que preocupa en tanto puede ser la antesala de otras agresiones más graves, la Fiscalía documentó 1436 amenazas individuales, una reducción del 38,4 por ciento con respecto al 2023. Según esta cifra, en promedio 120 personas LGBTIQ+ fueron amenazadas cada mes en Colombia.

El informe resalta que “El impacto de estas amenazas no solo trasciende el ámbito psicológico o emocional cotidiano de las personas afectadas, sino que también afecta en formas de violencia más severas, como desplazamientos forzados, restricciones en la participación política y social, e incluso agresiones físicas, homicidios y feminicidios como consecuencia de la falta de medidas de protección efectivas”.

‘Con permiso para despreciar’, que en total consta de 349 páginas, también detalla violencias como el abuso de autoridad por parte de la policía, que registró 150 casos; actos discriminatorios, con 649 reportes y violencia digital, que contabilizó 1.096 víctimas. Sumado a esto, contiene todo un capítulo enfocado a las situaciones que limitan el bienestar y la dignidad de las personas LGBTIQ+ privadas de la libertad.

Caribe afirmativo reiteró que el informe no puede dar datos exactos, pues existe un posible subregistro de las víctimas y los hechos violentos por problemas como las falencias y vacíos en la caracterización.

Adicionalmente, la corporación indica que las reducciones en algunas cifras pueden responder al “debilitamiento de canales de denuncia, el miedo a represalias, la estigmatización o la falta de respuesta efectiva por parte de las instituciones” y no a una disminución real.

En este sentido, sus datos tampoco no coinciden completamente con los de las entidades estatales porque también incluyen información de su propio observatorio y de otras fuentes comunitarias.

Sumado a la falta de información, otro problema institucional enunciado es el poco avance procesal de los casos de violencia contra personas de OSIG diversa. De los 155 procesos por homicidio registrados, el 86.4 por ciento está en etapa de indagación, es decir, 134 casos siguen en fase preliminar sin que se hayan abierto investigaciones.

Sobre la prevención de las agresiones a la población LGBTIQ+, el director de Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda, le dijo a EL TIEMPO: “seguimos teniendo un Estado que actúa solamente cuando se comete la violencia”, y añadió que “hace mucho rato se presentan estas modalidades de violencia y sin embargo el Estado reacciona cuando se cometen. Genera mecanismos de seguimiento, reuniones de emergencia, convoca a dar recompensas, pero no ha entendido que su papel es sobre todo preventivo, ya que hay una constancia de que es una violencia estructural”.

Finalmente, Castañeda denunció la falta de control político del Congreso frente a las legislaciones actuales para la comunidad LGBTIQ+: "Hay un Ministerio de la Igualdad que no está dando resultados, una política LGBTIQ+, que no avanza, un CONPES que todavía desconocemos, una violencia que crece y no estamos viendo al Congreso haciendo control político al gobierno".

LAURA MANUELA CANO LOAIZA

Escuela de Periodismo Multimedia El Tiempo.