¿Qué hay detrás del aumento del 138 % en el reclutamiento en Huila? ONU alerta sobre riesgo de los niños indígenas

En octubre pasado, los habitantes del municipio de La Plata, Huila, inundaron las calles con pancartas y globos blancos exigiendo la liberación de Leydi y Melanie Scarlet, dos niñas de escasos 12 años de edad quienes habrían sido reclutadas por las disidencias de las Farc e internadas en la selva mediante engaños. Se las llevaron cuando salían del colegio, el Instituto Técnico Agrícola.

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Junto a ellas dos, había preocupación en la región por el paradero desconocido de otros ocho niños, quienes también habrían sido raptados por los grupos armados ilegales para fortalecer sus tropas. Solo en 2024, según la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, se registraron 31 casos, 18 más que el año anterior, lo que representa un aumento del 138 %.

El principal blanco de este crimen de guerra han sido los niños, niñas y adolescentes de los pueblos indígenas, que se encuentran más expuestos a las dinámicas de control que imponen estas estructuras en los territorios. 

Como un grito de auxilio para frenar este flagelo, el Consejo Regional Indígena del Huila (Crihu) está en minga para pedirle al Estado intervenir en la disputa armada que ha impactado a sus comunidades.

"Apoyamos los esfuerzos de las autoridades indígenas del Huila, el Crihu, entre ellos el diálogo y la minga para dar seguimiento a la garantía de sus derechos", publicó en X la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. 

"Desde hace varios años acompañamos las solicitudes del Crihu que buscan proteger los derechos de los Pueblos Indígenas del Huila y, en particular, las medidas para garantizar los derechos de la niñez indígena", agregó esta delegatura. 

Este organismo documentó 46 casos de graves violaciones a los derechos humanos de la niñez en el marco del conflicto armado en este departamento entre 2022 y 2024. Además del reclutamiento, evidenció una seguidilla de violencias derivadas que van desde el desplazamiento forzado por riesgo de reclutamiento hasta el homicidio de los niños internos en las filas.

Juan Carlos Monge, representante (e) de ONU Derechos Humanos, le dijo a EL TIEMPO que lo que hay detrás es la "expansión de los grupos armados no estatales, que tienen un control de la zona donde quieren ejercer poder y acosan cada vez más a los pueblos indígenas". 

Por la dispara de los casos de reclutamiento, la Oficina se unió al llamado de la minga, en el departamento y en Bogotá, para exigir al Gobierno salud, educación, tierras y espacios culturales.

"Nosotros pensamos que si el Estado cumple con la garantía de los derechos esenciales además de los civiles y políticos se puede contrarrestar el reclutamiento y proteger a la niñez", agregó el representante (e).

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La Defensoría del Pueblo también había alertado sobre el incremento de estos casos en todo el país, producto del reacomodamiento de las estructuras armadas que necesitan mayor número de combatientes para disputar el territorio y las rentas criminales.

Las disidencias de las Farc: 'Segunda Marquetalia' y 'Estado Mayor Central' son las principales perpetradoras. En febrero pasado fue capturado alias 'Camilo', reclutador del frente Dagoberto Ramos, de 'Mordisco' y se desnudó la táctica criminal que emplean, valiéndose principalmente de las redes sociales. Este cabecilla, por ejemplo, recibía 5 millones de pesos por cada menor al que le colgaba un fusil. 

"Condenamos el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes indígenas y campesinos en Huila. Llamamos a los grupos armados no estatales a parar estos reclutamientos que destruyen el futuro de Colombia. Estamos trabajando con las autoridades indígenas y la Gobernación del Huila para buscar más medidas de prevención y protección de la niñez", insistió Monge.