El debate jurídico por fallo que ordena pruebas PCR a viajeros

La orden que un juez le dio al Ministerio de Salud de exigir pruebas PCR a viajeros que ingresen al país, y la decisión del Gobierno de incumplirla, abrió una discusión jurídica. Por un lado, hubo críticas a que jueces pudieran decidir sobre asuntos epidemiológicos, y de otro, a que el Ejecutivo las desacate. ¿Quién tiene la razón?

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En una democracia en la que hay división de poderes nadie está por encima de las decisiones judiciales. pueden haber errores o desacuerdos, pero existen mecanismos legales para manifestarlos, explicó Juan Sebastián Hernández, investigador de Dejusticia, para quien el incumplimiento del Gobierno no es menor sino una “afronta a cómo funciona una democracia. Si el Gobierno no está de acuerdo, existen mecanismos, pero no puede pasar que diga que no cumple porque no le gusta”, indicó.

De igual manera se expresó el director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, quien manifestó que los fallos deben ser acatados, “el que los fallos se deban cumplir no elimina que sean objeto de críticas, y para eso hay recursos que la ley señala”.

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Ahora, ¿pueden los jueces decidir sobre temas tan complejos como una pandemia? Sí.

Hernández explicó que la ley dispone que, por ejemplo en el caso de tutela, los jueces decidan sobre la vulneración de derechos fundamentales, y eso puede pasar en cualquier área, sea epidemiológica, científica o demás.

“Decir que un juez porque es abogado no puede fallar sobre un tema de salud, es decir que no puede fallar sobre nada. Por ejemplo, significa que no podría ordenar que a un paciente se le practique una intervención médica o le den un medicamento que le han negado”, expuso como ejemplo el investigador de Dejusticia.

Por su lado, el presidente de la Corporación jueces y magistrados, magistrado Hermens Darío Lara, explicó que los jueces todo el tiempo tienen decidir sobre diversas clases de temas y asuntos, aunque ellos no sean técnicos, científicos o epidemiólogos, porque deciden es sobre derechos fundamentales, en el caso de una tutela.

Añadió que al decidir omitir una orden judicial el Ejecutivo “se está saliendo de la Constitución y es un muy mal precedente”. Esto en un país en donde, de acuerdo con información del Consejo Superior de la Judicatura, casi 7 de cada 10 tutelas en el país se incumplen.

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Esa misma idea la expresó un juez civil de Bogotá, quien señaló que “el compromiso con los derechos fundamentales no le establece a un juez un impedimento en ningún área”, y añadió que en todo caso los jueces para sus decisiones tienen en cuenta los conceptos de las partes, y hasta pueden pedir peritos, y que en caso de que una parte considere que el cumplimiento de un fallo es “imposible, debe argumentar por qué no puede cumplirlo, pero no desconocerlo”.

El togado explicó también que además de ser un mensaje muy negativo el que envía el gobierno al desacatar un fallo, esto tiene otros impactos y puede ser "un aliciente para que las personas no respeten ni acaten las normas, es alimentar la cultura de la ilegalidad y de no acatar lo que las autoridades señalan. Grave que se esté fomentando esto desde otros poderes públicos”, concluyó.

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Por su lado, el exmagistrado de la Corte Suprema Jorge Aníbal Gómez Gallego señaló que la tutela se estableció para proteger a los ciudadanos de la violación de sus derechos fundamentales y que no ve qué derecho se le vulneró al accionante de esta tutela con la decisión del Gobierno sobre la no exigencia de las pruebas a los viajeros que llegan al país.

“Es que algunos jueces abusan de la tutela y pretenden cogobernar sobre temas especializados sin mayor conocimiento sobre dichas materias”, dijo Gómez Gallego, quien añadió que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha dicho que desde el punto de vista científico es imposible cumplir la orden del juez “y nadie está obligado a cumplir lo imposible (...), el desacato se da cuando arbitrariamente no se cumple una orden que sea racionalmente posible de cumplir”.

De otro lado, el procurador general, Fernando Carrillo, envió este viernes una carta al ministro de Salud para que con carácter excepcional se reúna con el juez del caso para abrir un espacio de diálogo y “buscar la mejor solución para el país”. Señaló que el Gobierno podría exponer los aspectos técnicos por los que considera que es imposible cumplir el fallo.

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