Fiscalía no firmará protocolo sobre protesta ordenado por Tribunal

Aunque las cabezas de la Fiscalía General de la Nación aseguran estar dispuestas a participar de las mesas de trabajo en las que se estudian los protocolos para regular la protesta social, por orden judicial, se desmarcaron de ser los responsables de estos.

En una carta enviada por el fiscal general, Francisco Barbosa, y la vicefiscal general, Martha Janeth Mancera, a la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, del Tribunal istrativo de Cundinamarca, le dicen que acatan la medida cautelar que ese despacho profirió y que por eso asistieron a las mesas de trabajo.

Luego, aseguran que "la Fiscalía ha cumplido con su obligación constitucional de adelantar la acción penal y efectuar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito, ocurridos en el marco de la protesta social". 

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Barbosa y Mancera señalan que la entidad ha investigado para esclarecer "tanto los sucesos de vandalismo y presunta infiltración de la protesta por grupos armados organizados, como los posibles excesos en contra de la población civil por parte de la fuerza pública". Agregan que están dispuestos a rendir informe sobre estas actuaciones.

Sin embargo, luego señalan que la misión constitucional de la Fiscalía "no comprende la competencia para tomar parte en la formulación de protocolos dirigidos a solucionar "el antagonismo violento entre las fuerzas militares y la población civil". Lo anterior, entre otras razones, porque tales protocolos son insumos de política pública que escapan al resorte de nuestra institución". 

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Incluso, aseguran que estos "son susceptibles de valoración dentro de las respectivas investigaciones penales, promovidas por delitos que se cometen, justamente, en el marco de la protesta social". 

La carta de cuatro puntos termina diciendo que la Fiscalía asistirá a la mesa de trabajo ordenada cuando sea necesario, pero que "no suscribirá el informe conjunto que las autoridades convocadas remitirán a su Despacho ni participará en la elaboración de los señalados protocolos".

En respuesta al mismo fallo del 24 de septiembre, el Gobierno nacional y distrital han venido sosteniendo reuniones para avanzar en los protocolos ordenados por el Tribunal.

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