La dura batalla que libra el expresidente Trump para evitar la cárcel

La Comisión Especial de la Cámara de Representantes que nombró el Congreso de Estados Unidos para investigar el violento ataque contra el Capitolio del 6 de enero de 2021 concluyó su trabajo esta semana. Y aunque muchas de sus revelaciones ya habían sido expuestas a lo largo de las 11 audiencias públicas que se realizaron en los 18 meses que duró su trabajo, el epílogo también fue demoledor. Especialmente, para el expresidente Donald Trump y su futuro político.

De acuerdo con los de la Comisión, entre los que había varios del partido del elefante, la pesquisa -que incluyó a cientos de testimonios y documentos recopilados- condujo a una verdad de a puño: “El detonante central del 6 de enero fue solo un hombre: Donald Trump, a quien muchos otros siguieron. Ninguno de los eventos de ese día hubiera sucedido sin sus acciones”, dijeron el pasado miércoles al presentar su reporte definitivo.

Eso sumado a algo más relevante, que la Comisión, de manera unánime, le recomendó al Departamento de Justicia elevar cargos criminales por al menos cuatro delitos contra Trump, que ya anunció su intención de presentarse nuevamente como candidato a la nominación del partido republicano para las elecciones presidenciales del 2024.

Obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, conspiración para defraudar a Estados Unidos, incitar o ayudar a una insurrección y conspiración para hacer una declaración falsa son las acusaciones que elevó la Comisión y que contemplan hasta 20 años de cárcel de ser hallado culpable. La remisión o referral que hizo el Congreso es, en cierto sentido, un acto simbólico.

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Aunque el Legislativo tiene el poder para investigar, carece de funciones judiciales para sanciones diferentes al proceso de destitución, un camino que ya había ensayado tras el asalto al Capitolio y que condujo a la absolución de Trump por falta de votos. En otras palabras, si bien la Comisión ya falló sobre la responsabilidad del expresidente, ahora le corresponde a la Fiscalía tomar la decisión de elevar cargos y, si lo hace, será un jurado compuesto por nueve personas el que pase el veredicto final.

Al mismo tiempo, la remisión termina siendo redundante, pues la Fiscalía ya inició una investigación oficial -cuyo objetivo también es penal- contra Trump y otros funcionarios.

El pasado 18 de enero, el fiscal general, Merrick Garland, anunció el nombramiento de Jack Smith como fiscal especial encargado de dos investigaciones criminales que ya estaban en curso.

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La primera, para determinar si alguna persona -pero en particular Trump- interfirió de manera ilegal en la transferencia pacífica del poder en EE. UU., y otra que involucra la sustracción de documentos clasificados de la Casa Blanca, que fueron hallados en la residencia del expresidente en Florida.

Smith, un reconocido abogado que presidió el tribunal internacional conformado para investigar los crímenes de guerra que se cometieron en Kosovo durante el conflicto de los Balcanes (entre 1998 y 1999), será quien en los próximos meses tome la decisión (con la venia de Garland) de elevar o no cargos contra Trump.

Pese a ello, lo hecho por la Comisión es muy relevante. Por un lado, se trata de la primera vez en la historia de Estados Unidos en que el Congreso le recomienda al aparato judicial elevar cargos criminales contra un expresidente. Y, por el otro, la Comisión pondrá a disposición de Smith toda la montaña de evidencia que recopiló a lo largo de este año y medio y que incluye los testimonios de cientos de personas en la órbita del magnate que tuvieron algún tipo de rol en el fatídico día.

La Comisión, así mismo, pidió elevar cargos contra John Eastman, uno de los abogados que asesoró a Trump en los últimos meses de su gobierno, y sugirió que esos cargos podrían extenderse a su jefe de gabinete, Mark Meadows, y también a los abogados Rudy Giuliani, Jeffrey Clark and Kenneth Chesebro.

La narrativa del ente legislativo, que volvió a ser expuesto en el reporte final, es que los delitos de Trump y sus allegados comenzaron tan pronto se confirmó que había sido derrotado en los comicios presidenciales de noviembre del 2020.

Primero, procurando que algunos de los estados donde perdió (Arizona, Georgia y Pensilvania) revirtieran los resultados de las urnas dándole el triunfo bajo la premisa de un supuesto fraude que nunca pudo ser demostrado y que sus propios funcionarios descartaron por inexistentes. Luego, cuando todo eso fracasó, incitando a una turba de sus simpatizantes para que se tomaran el Capitolio e impidieran la certificación de la victoria de Joe Biden.

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Los hechos referidos por la Comisión codifican sus acciones en delitos. En el primero, obstrucción de un procedimiento oficial, el crimen fue tratar de “obstruir, impedir, o influenciar” de manera corrupta el conteo de los votos electorales que mandaron los estados al Congreso, y que tuvo lugar ese 6 de enero.

Trump, dice el órgano, no solo sabía que el fraude era inexistente -así se lo dijo a varios de sus asesores que testificaron- sino que las maniobras para alterar el resultado eran ilegales, según sus propios abogados.

La “conspiración para defraudar” implica que hizo parte de un plan -junto con otros- para avanzar en ese objetivo mientras que la “conspiración para hacer una declaración falsa” se concentra en la estrategia que se implementó para que los estados eligieran a electores falsos ante el Colegio Electoral, que es quien certifica al presidente.

El cargo por insurrección, uno pocas veces utilizado en la historia reciente del país, alega que el expresidente organizó una rebelión cuyo propósito era desafiar al gobierno electo de manera democrática.

¿Cuál será el verdadero impacto del trabajo que acaba de concluir la Comisión Especial? Es algo que está por verse. Pero podría tener múltiples ramificaciones tanto jurídicas como políticas. Por supuesto, la más grave es la que corresponde ahora al Departamento de Justicia. De hecho, muchos creen que una de las razones por las que Trump decidió lanzarse a la presidencia nuevamente es para impedir o descarrilar la investigación que adelanta Smith en su contra y que podría ponerlo tras las rejas.

Si el expresidente se perfila como el probable nominado del partido o gana esa nominación durante el proceso de las primarias (que arranca en febrero del 2024), sería explosivo que el fiscal especial iniciara un juicio contra quien podría ser el próximo ocupante de la Casa Blanca.

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Paralelamente, otros creen que Trump probablemente explotará electoralmente las conclusiones de la Comisión -y la pesquisa que adelanta el Departamento de Justicia- vendiéndose como un “perseguido político”. Algo que resuena entre un buen sector de la base republicana, que sigue convencido de que a Trump le robaron las elecciones.

Pero el otro lado de esa moneda es igualmente peligroso. El simple hecho de que el expresidente esté siendo investigado penalmente abre un boquete en sus aspiraciones presidenciales que podrían aprovechar potenciales rivales, como el gobernador de la Florida Ron DeSantis. Muchos electores -o al menos un número suficiente- podrían concluir que el emproblemado Trump es un pasivo si el objetivo es recuperar la Casa Blanca.

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Así mismo, en caso de ganar la nominación, un candidato con tantos enredos legales (también lo investigan por evasión de impuestos) quizá enfríe a los independientes y republicanos más moderados. Peor aún, por supuesto, si en estos 23 meses que faltan para las elecciones, Smith y la Fiscalía lo llaman a juicio. Eso, por lo pronto, es lo que está por verse.

SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL EL TIEMPO

WASHINGTON

En Twitter: @sergom68