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El caso del ejecutivo venezolano que se declaró culpable de violar sanciones de Estados Unidos: participó en plan para darle equipos de aviación al régimen de Nicolás Maduro
Trabajó en Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y ahora enfrenta una condena máxima de hasta 20 años de cárcel en el país norteamericano. Así operaban.
Un venezolano de estrechos vínculos con el régimen de Nicolás Maduro se declaró culpable esta semana ante Cortes estadounidenses por su rol en una operación para evadir las sanciones impuestas contra Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Se trata de George Semerene Quintero, de 60 años de edad, y que ahora enfrenta una condena máxima de hasta 20 años de cárcel.
Semerene fue arrestado en abril pasado en Miami y acusado formalmente junto a otros 9 venezolanos y dos empresas que se prestaron para exportar ilegalmente repuestos para los aviones de la empresa venezolana.
"El acusado itió haber participado en un plan ilícito para adquirir millones en equipos de aviación para el régimen de Maduro y en violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA)", le dijo el Fiscal General Adjunto Matthew G. Olsen de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia al anunciar la noticia este martes.
PDVSA. Foto:Reuters
Según documentos judiciales, entre enero de 2019 y diciembre de 2021, después de enterarse de las sanciones impuestas a PDVSA, Semerene y sus cómplices idearon un plan para adquirir ilegalmente en Estados Unidos piezas de aeronaves, incluidos motores, timones, flexiones de deslizamiento de juntas y otros repuestos.
Semerene, quien era empleado del departamento de adquisiciones de PDVSA, y sus cómplices ocultaron a empresas estadounidenses que las piezas solicitadas estaban destinadas a Venezuela y PDVSA, y utilizaron transportistas y compañías navieras ubicadas en el Distrito Sur de Florida para trasladar las piezas.
Según del departamento de Justicia, para ejecutar el plan los cómplices mintieron a los proveedores, hicieron declaraciones falsas en formularios de aduanas y documentos de envío, falsificaron facturas y certificados de .
Semerene y sus cómplices utilizaron además a terceros en otros países, incluido Novax Group S.A., una firma costarricense y Aerofalcon SL, empresa española, para actuar como supuestos compradores y s finales de las piezas de aeronaves destinadas en última instancia a PDVSA.
"Lo que queda claro hoy es que pueden mentir todo lo que quiera pero no van a evadir las sanciones estadounidenses ni sus consecuencias", apunto el subsecretario de Control de Exportaciones, Matthew S. Axelrod.
Los otros alfiles de la red criminal: ¿quiénes son?
La acusación también incluye a otras tres personas asociadas con PDVSA.
Gilberto Ramón Araujo Prieto, 54 años, gerente de transporte aéreo de PDVSA y coronel del ejército venezolano; Guillermo Ysrael Marval Rivero, 62 años, y Fernando José Blequett Landaeta, 52 años, ambos gerentes de transporte aéreo de PDVSA y analistas logísticos responsables de adquisiciones.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), camina junto a su esposa, Cilia Flores, y el primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello (i), durante una manifestación a favor del Gobierno de Maduro, este sábado en Caracas (Venezuela). Foto:EFE
Adicionalmente fueron encausadas otras cuatro personas asociadas con Novax. Entre ellos, Luis Alberto Duque Carvajal, su propietario y otros tres empleados de la empresa costarricense.
Desde 2005 Estados Unidos ha venido imponiendo todo tipo de sanciones contra personas y entidades venezolanas.
Inicialmente, restricciones a visas y sanciones contra del gobierno por violaciones a los derechos humanos, corrupción, narcotráfico y terrorismo.
En 2017 y 2018, bajo la istración de Donald Trump, estás sanciones se expandieron al sector financiero cuando se prohibieron las transacciones con PDVSA.
Estas fueron levantadas parcialmente en octubre del año pasado para facilitar las negociaciones con la oposición de cara a un proceso electoral libre pero fueron re impuestas en abril de esta año luego que Maduro incumpliera con los compromisos pactados.