La CIDH le pide a Corte Suprema acelerar la elección del fiscal, pero sin presiones

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió este martes a través de un comunicado que la falta de designación de un fiscal general “podría debilitar el sistema de justicia colombiano”.

(Vea aquí: ¿Cómo se preparó el polémico comunicado de la OEA sobre situación en Colombia?)

En ese contexto, la CIDH, con sede en Washington, le pidió a la Corte Suprema de Justicia de Colombia que “cumpla con su deber constitucional” en la mayor brevedad posible. Sin embargo, también advierte al mismo tiempo que el poder Ejecutivo debe “garantizar las condiciones para que dicho proceso culmine sin interferencias”.

En el comunicado, la CIDH también se refiere a los incidentes de la semana pasada cuando simpatizantes del presidente Gustavo Petro bloquearon temporalmente la sede de esta Corte en Bogotá.

Según la CIDH, el incidente fue caracterizado de manera diferente por distintas fuerzas en el país.

El comunicado de la CIDH arranca con un titular que dice: “Colombia: Corte Suprema de Justicia debe culminar la selección de titular de la Fiscalía General de la Nación, sin interferencias”.

Acto seguido describe que, según el cronograma de la Corte, la elección de titular de la Fiscalía estaba programada para concluir el 7 de diciembre de 2023 tras el envío el pasado 2 de agosto de una terna de nominados por el presidente.

“Sin embargo, debido a la falta de quórum y, posteriormente, a la falta de acuerdo político entre las personas magistradas, la institución quedará bajo un mandato interino a partir del 12 de febrero de 2024, fecha en la que culminó el periodo del anterior Fiscal General”, dice el comunicado.

Por lo tanto, continua el texto, “la CIDH alienta al Tribunal Supremo de Justicia a cumplir con su deber constitucional y finalizar el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de la Nación, a la mayor brevedad posible”.

El organismo hizo también un llamado a todos los estamentos del Estado a priorizar la institucionalidad democrática colombiana en el ejercicio de sus funciones.

En su comunicado, la CIDH explica que la Fiscalía General de la Nación, al tener el monopolio de la acción penal, juega un papel fundamental en la lucha contra la impunidad, el a la justicia y en la preservación de la democracia y del Estado de derecho en Colombia. Y, en ese sentido, “la ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar a su independencia y autonomía”.

Añade, además, que bajo los estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos, “el proceso de selección debe realizarse con transparencia y a la información, asegurando los criterios de igualdad, no discriminación, formación y mérito. Además, dicho proceso debe realizarse libre de todo tipo de interferencia, asedio o presiones indebidas”.

El comunicado de la Comisión dedica varios párrafos para referirse a los disturbios de la semana pasada en la sede del Palacio de Justicia dando igual crédito tanto a las versiones del gobierno como a la de las cortes y la oposición.

“En relación a las manifestaciones en las inmediaciones de la sede del Palacio de Justicia, el Estado informó que ninguna persona magistrada o funcionaria del Palacio de Justicia fue objeto de agresiones físicas; y que, la Policía Nacional brindó seguridad y facilitó la salida del personal de las instalaciones, sin que se presentaran anomalías. Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recibió reportes sobre agresiones en contra de periodistas. La CIDH registró distintas versiones oficiales sobre la protesta que van desde considerarla como un ejercicio ciudadano mayormente pacífico, hasta calificarla como una forma de asedio y amenaza a la independencia de la justicia”, dice el organismo hemisférico.

El texto de la CIDH sigue a otro publicado el jueves de la semana pasada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en el que también insistió en la necesidad de elegir a un nuevo fiscal.

Fuentes conocedores de la Comisión y exfuncionarios de esta dependencia recibieron el comunicado con algo de sorpresa. Si bien advierten que no es anormal que la CIDH se pronuncie en casos como estos, especialmente en temas que tienen que ver con la justicia, sí subrayaron lo inusual del escrito en el contexto de lo que ha ocurrido en Colombia en los últimos días y teniendo en cuenta la historia reciente en la elección del fiscal general.

A lo largo de los últimos 30 años, desde que se creó la Fiscalía con la Constitución de 1991, se han presentado cuatro momentos en los que hubo un vacío en la cúpula mientras la Corte elegía al nuevo encargado. Por ejemplo, Gustavo Mendoza, quien estuvo encargado durante 17 meses (entre el 2009 y el 2011); Marta Lucía Zamora (23 días entre marzo 6 de 2012 a marzo 29); Jorge Perdomo (por cuatro meses en el 2016), y Fabio Espitia (ocho meses entre 2019 y 2020). Y, ahora, Martha Mancera, quien reemplazó a Francisco Barbosa este lunes, sería la quinta fiscal interina.

Sin embargo, no se recuerda un pronunciamiento similar de la CIDH cuando se presentaron esas interrupciones en el pasado. EL TIEMPO preguntó en la CIDH en busca de verificación, pero de momento no ha obtenido respuesta.

Así mismo, las fuentes destacan que la CIDH se equivoca al sostener que la Corte tenía como plazo el pasado 7 de diciembre para elegir fiscal. Eso porque la Corte no opera con un cronograma preestablecido y esa fecha era solo para marcar el inicio de las rondas de votación, las cuales no se pudieron cumplir por falta de quórum.

"En todo caso, que la Comisión tome la decisión de pronunciarse cuando no han pasado ni dos meses desde que la Corte anunció que iniciaría el proceso es anormal. Por lo general, hay otras maneras de expresar esa preocupación, algunas privadas, antes de sacar un comunicado público pidiendo acelerar el proceso", dice una de las fuentes que trabajó muchos años en esta dependencia.

Lo más llamativo, afirma otra voz desde Washington, es que solo había transcurrido un día desde que la Fiscalía se quedó sin cabeza tras la salida de Barbosa cuando la CIDH optó por pronunciarse mencionando un alto riesgo para la independencia y autonomía de este órgano investigador.

Esta misma fuente sostiene que, si bien la CIDH hace un riguroso trabajo de evaluación previó, no es un secreto su cercanía a ONG en derechos humanos que llevan años trabajando en el sistema y que con seguridad presionaron para que se pronunciaran.

Las fuentes destacan, eso sí, que la CIDH "buscó balance" al insistir en que si bien esperan una decisión de la Corte a la mayor brevedad, el poder Ejecutivo (es decir el presidente Petro) debe garantizar que el proceso se dé sin presiones de ningún tipo.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTON