¿Qué es la Ley de Enemigos Extranjeros? La norma que Trump invocó para deportar a del Tren de Aragua

La permanencia de los migrantes en Estados Unidos, legales, indocumentados o en proceso de regularizar su situación, tambalea con el regreso de Donald Trump a la presidencia. Este sábado el mandatario republicano dio un nuevo salto para cumplir su promesa de “la mayor deportación en la historia” del país: invocó la polémica Ley de Enemigos Extranjeros

A pesar de que en el primer día de su mandato decretó unas diez medidas referentes a atacar la migración, fenómeno que calificó como una “invasión”, esta norma podría elevar su proyecto de deportaciones masivas a un nuevo y peligroso capítulo.

La orden ejecutiva fue utilizada para expulsar a de la banda transnacional venezolana 'Tren de Aragua'. En el texto, argumenta que esta organización "está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio".

El texto establece además que todos los venezolanos mayores de 14 años que pertenezcan al mismo, se encuentren en Estados Unidos y no estén regularizados, están sujetos a ser expulsados en calidad de enemigos extranjeros.

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Las críticas de experto surgen debido a que esta norma, que no se ha utilizado desde la Segunda Guerra Mundial, otorga poderes extraordinarios al presidente para llevar a cabo deportaciones masivas. Esta normativa permite saltarse los procesos jurídicos bajo el argumento de que los migrantes son “enemigos” de Estados Unidos.

“Invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 -dijo Trump- ordenaré a nuestro gobierno que utilice todo el inmenso poder de las fuerzas del orden federales y estatales para eliminar la presencia de todas las bandas y redes criminales extranjeras que traen una delincuencia devastadora a suelo estadounidense”.

Pero, ¿realmente puede Donald Trump aplicar esta ley de más de 200 años de antigüedad? Le contamos todo lo que debe saber y qué obstáculos enfrentaría.

La Ley de Enemigos Extranjeros nació hace 227 años, cuando Estados Unidos apenas cumplía 22 años de haberse independizado de Reino Unido.

Esta norma, firmada por el entonces presidente John Adams, hace parte de un conjunto de cuatro leyes (conocida como la Ley de Extranjería y Sedición) que EE. UU. emitió en medio de un tenso ambiente de guerra contra Francia en el que se temía que los extranjeros residentes en el país se alinearan con los ses.

Esta norma aumentaba los requisitos para obtener ciudadanía, criminalizaba las críticas contra el gobierno, le daba al presidente poderes adicionales para deportar ciudadanos y permitía su detención y encarcelamiento en tiempos de guerra.

Según un informe del Brennan Center de Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, esta ley faculta al presidente “para detener y deportar a personas no ciudadanas en tiempos de guerra declarada o si el presidente decreta que ha habido una ‘invasión’ o ‘incursión depredadora’ ” por parte de un gobierno extranjero.

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Las otras tres leyes perdieron vigencia, sin embargo, la Ley de Enemigos Extranjeros nunca tuvo fecha de caducidad, por lo que se mantiene activa a día de hoy.

La población afectada incluye a “todos los nativos, ciudadanos, residentes o súbditos de la nación o gobierno hostil” que tengan al menos 14 años. Aquellas personas “serán susceptibles de ser aprehendidos, restringidos, asegurados y removidos como enemigos extranjeros”.

El Brennan Center explica que la norma “no distingue entre las personas no ciudadanas que se encuentran en los Estados Unidos ilegalmente y las que tienen un estado migratorio legal”, como la residencia permanente.

Asimismo, esta ley no le exige al presidente demostrar ningún delito por parte de las personas que son detenidas. “Es una autoridad excesivamente amplia que puede violar los derechos constitucionales en tiempos de guerra y está sujeta a abusos en tiempos de paz”, explica el informe.

La Ley de Enemigos Extranjeros se ha empleado tres veces: la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.

Este antecedente muestra que la norma sólo ha sido aplicada durante conflictos bélicos, donde el Congreso había declarado la guerra; no hay ningún precedente en el que se haya interpretado el significado de los términos “invasión” o “incursión depredadora” de otra forma diferente a la invasión de un país.

Por esto, juristas argumentan que Trump podría tener dificultades para justificar la aplicación de esta ley bajo el argumento de una “invasión” de migrantes.

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“Es importante notar que esta ley se aplica únicamente a extranjeros de países con los cuales Estados Unidos está oficialmente en guerra”, explica John Sánchez, abogado experto en migración y derechos humanos, quien agrega que, si entra en vigencia la ley, “el alcance sería limitado”.

“Tratar de aplicarla más allá de este contexto podría enfrentar desafíos legales y un sinnúmero de demandas por los diferentes ‘estados santuario’ o jueces federales que consideren que el país no está acorde al contexto que la ley exige”.

El presidente necesita una votación en el Congreso para invocarla en caso de guerra declarada, pero no si se trata de una "invasión o incursión predatoria". Sin embargo, para ello se tiene que cumplir con el requisito de que la invasión se esté llevando a cabo por una nación extranjera, por lo que el argumento del republicano de una invasión de criminales y carteles de droga podría no ser suficiente.

Ante esto, Trump ha insistido en que las organizaciones criminales, como el ‘cartel de Sinaloa’, son los gobernantes de facto de países como México. En esa línea, si la justicia de ese país considera que efectivamente un cartel sería el gobierno de facto de un país, podría invocarse la norma.

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De hecho, en 1918, la Corte Suprema se basó en este principio para resolver un caso sobre los actos de un régimen militar que gobernaba en México.

Quedará por verse si los tribunales determinan si existe o no una invasión o si los carteles constituyen o no un gobierno extranjero. Sin embargo, al respecto, el Brennan Center argumentó en su informe que “las numerosas ocasiones a lo largo de la historia en que los tribunales han tratado ciertas ‘cuestiones políticas’ como ‘no justiciables’ sugieren que es muy poco probable que consideren estos argumentos”.

La norma no establece ningún procesamiento mediante el cual se pueda apelar a la decisión presidencial de detención o deportación.

“Cuando se han presentado casos de habeas corpus de personas no ciudadanas detenidas, los tribunales, por lo general, han restringido la revisión”, expone el Brennan Center.

Como consecuencia de esto, el abogado John Sánchez explica que muchas personas podrían verse afectadas por “detenciones arbitrarias o restricciones sin posibilidad de un juicio justo, generando temor en inmigrantes”.

Asimismo, la aplicación de la norma podría llevar a la “creación de listas de individuos basadas en nacionalidad, algo que podría tener efectos devastadores en comunidades inmigrantes”, sentencia el letrado.

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Analistas y juristas han expresado sus dudas acerca de si se podría implementar o no esta ley, ya que exige que EE. UU. se encuentre en estado de guerra declarada o enfrente una “invasión u incursión depredadora” por parte de otra “nación o gobierno extranjero”.

También, hay quienes sugieren que la justicia anularía el plan de Trump por violaciones a derechos constitucionales.

“Cualquier intento de aplicar esta ley más allá de su propósito limitado probablemente enfrentaría demandas en tribunales federales. Los jueces podrían interpretar que su uso viola principios constitucionales, como el debido proceso (5ª y 14ª Enmiendas)”, le cuenta John Sánchez a este diario.

“Sin una declaración oficial de guerra contra un país específico, sería difícil justificar quiénes serían considerados ‘enemigos’ ”, complementa el abogado.

Por otro lado, algunas organizaciones estiman que la ley de 1798 discrimina a los migrantes en función de su país de ciudadanía o su ascendencia.

Sin embargo, Sánchez explica que “ya se está usando parcialmente la fuerza vinculante de ciertas partes de la norma por haber declarado al país en estado de emergencia”.

El abogado sostiene que, en la orden ejecutiva firmada por Trump, “se modifica la posibilidad de una deportación expedita sin pasar por un juez”.

“Anteriormente parte de esa regla indicaba que cualquier persona con menos de 14 días en el país y en un rango de 100 millas que fuera capturado pasaría por un proceso expedito sin derecho a juez; con esa modificación, ahora es cualquier persona indocumentada que este en cualquier parte del territorio nacional y con menos de 2 años de permanencia en el país”, dijo.

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“Esto es un cambio abrupto que seguramente será demandado”, concluyó Sánchez.

A pesar de los obstáculos que pueda enfrentar la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, lo cierto es que, si recibe el aval jurídico bajo el argumento de una “invasión” de organizaciones criminales, Trump tendría el camino labrado para deportaciones indiscriminadas a gran escala.