La crisis carcelaria que hace que Ecuador sume cientos de muertos

El doloroso drama que se vive en las afueras de la cárcel y en las morgues de Guayaquil, ciudad litoral ecuatoriana, es indescriptible. Cuerpos decapitados, incinerados y mutilados dan cuenta de la sangrienta forma en que murieron esta semana en una cárcel 118 reos y resultaron heridos otros 79.

Puede leer, además:

- La condena a Sarkozy parece no restarle peso a su influencia política

La barbarie se registró en la cárcel del Litoral, en Guayaquil, con más de 8.000 privados de libertad. En esta misma penitenciaría, este sábado, se presentó un nuevo episodio: presos dispararon contra policías. Los agentes neutralizaron la acción, manteniendo el control, dijo la Policía, y al cierre de esta edición no se precisaba si hubo nuevas víctimas.

Sin embargo, la del martes se registra entre las cinco masacres con mayor número de fallecidos de la región, superada por la muerte, en 2012, de 360 presos de la cárcel de Comayagua (Honduras) y por los 250 muertos que dejaron los enfrentamientos carcelarios registrados en Perú en 1986.

En Higüey, centro de detención de República Dominicana, se contabilizaron 133 fallecidos en 2005; mientras que en 1992, un enfrentamiento en la penitenciaría brasilera de Carandirú dejó 111 muertos. Los medios difunden los dolorosos testimonios de madres, esposas, hermanas e hijas que pugnan por identificar los cuerpos.

Cicatrices, tatuajes y otras señas particulares son descritos para que los forenses puedan identificar los cuerpos incinerados, decapitados o desmembrados que se encontraron el pasado miércoles, luego de que el día anterior, cerca de las 9 de la mañana, hubo un enfrentamiento interno que no pudo ser sofocado oportunamente por las fuerzas del orden.

Cuando la Policía logró retomar, parcialmente, el control del centro penitenciario, se informó de la muerte de al menos 30 reos, cifra que se incrementó cuando los uniformados lograron entrar y encontrar decenas de cadáveres en dos de los pabellones.

(Lea también: Policía sa abre fuego contra migrantes que buscan llegar a Inglaterra)

David Villacís Bastidas, de 57 años, perdió a Jhonny, Danny y Darwin, tres de sus cuatro hijos que estaban recluidos en el mismo centro penitenciario. Ahora clama al presidente por la vida del hijo que sobrevivió a la matanza y estaría próximo a cumplir su sentencia. “Apenas unos días faltan, señor Guillermo Lasso, ayúdeme. Quisiera que aunque sea un hijo me dejara”, dijo, según reseñó la revista Vistazo.

En lo que va del año, en las cárceles de Ecuador han sido asesinados 234 privados de la libertad a consecuencia de tres enfrentamientos entre estas bandas, que se disputan el poder carcelario y de las calles de varias provincias del país donde se han disparado los índices de violencia urbana, especialmente por sicariato.

En febrero, 79 privados de la libertad fueron cruelmente asesinados, incluso desmembrados con motosierras. Otro evento, que dejó 22 muertos, se registró en julio pasado.

Según cifras oficiales, alrededor de 38.000 presos viven en hacinamiento del 55 por ciento en los centros de reclusión diseñados para un máximo de 28.000 sentenciados.

El director del Centro de Inteligencia Estratégica de Ecuador, Fausto Cobo, dijo para la agencia Reuters que la violencia está “conectada con otros temas graves” y advirtió que “este es un tema que va más allá del asunto penitenciario, esta es una amenaza contra el Estado ecuatoriano”.

Ante la situación, el presidente Guillermo Lasso decretó un estado de excepción carcelaria por la “grave conmoción interna, con el fin de controlar las circunstancias que han alterado el funcionamiento del sistema penitenciario, restablecer la convivencia pacífica, el orden y el normal funcionamiento de estos”.

Pero analistas y expertos en seguridad dudan de los efectos positivos de la medida. Esto, porque los hechos dejan en evidencia que las cárceles de este país se han convertido en centros de comando de la delincuencia organizada que se relaciona con carteles de Colombia y México, pero también ratifica que no hay acciones de Estado para controlar un sistema carcelario colapsado por hacinamiento y falta de políticas de rehabilitación.

“El nuevo estado de excepción decretado no dará los resultados esperados”, le señaló a EL TIEMPO el analista Francisco Escandón, quien pugna por “políticas públicas que reemplacen el juicio reactivo cortoplacista del Gobierno, por medidas integrales, particularmente preventivas”. “Es imposible que un Estado incapaz de reconocer la identidad de los asesinados en las prisiones logre doblegar por la fuerza al narcotráfico y al lavado de dinero que hace rato se infiltró en la institucionalidad ecuatoriana”, señaló.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violencia en la cárcel de Guayaquil e instó al Gobierno para “investigar de oficio y con debida diligencia los hechos” e implementar acciones para evitar la repetición de estos.

“Se recuerda que los Estados tienen el deber jurídico de adoptar medidas que garanticen los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de las personas bajo su custodia”, señaló en su Twitter institucional.

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, anunció un plan emergente en el que se plantea el indulto a unos dos mil privados de la libertad, entre los que estarían personas de la tercera edad, mujeres y personas discapacitadas. También advirtió que se construirán nuevos centros de detención y se implementarán medidas de seguridad para evitar el ingreso de armas a las cárceles.

De otro lado, la Cancillería colombiana pidió información a Ecuador para conocer si entre los 118 reos asesinados en la cárcel de Guayaquil existen colombianos. Mediante un comunicado informó que estableció o permanente con el consulado en Quito, pero que “debido a la difícil situación que se atraviesa, las autoridades de Ecuador aún no suministran información sobre la nacionalidad de los fallecidos ni de las personas heridas”.

A inicios de septiembre, el presidente Lasso había anunciado que tras dialogar con su homólogo colombiano, Iván Duque, se preparaba la extradición de los detenidos colombianos, cuya cifra sería de 1.800 de los más de 3.300 extranjeros en las cárceles ecuatorianas.

Ecuador es un país bisagra por donde atraviesa el 37,5 por ciento de la producción cocalera de Colombia, según explica Mario Pazmiño, consultor internacional en seguridad y defensa. En la actualidad, este país es un objetivo de los carteles mexicanos Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

“Estos carteles, desde hace dos décadas, han tercerizado su presencia a través de las bandas locales ‘los Choneros’, ‘Tigretones’, ‘Chonekillers’, ‘Lobos’ y ‘Lagartos’, que mantienen el control de las rutas, los centros de acopio y las plataformas internacionales de distribución de drogas, a través de la violencia”, le explicó a este diario Pazmiño.

La dinámica de los enfrentamientos se trasladó hacia los centros carcelarios, donde los pabellones se han transformado en fortines de estas organizaciones, que se defienden a sangre y fuego.

“La matanza ocurrida esta semana ha hecho que la cifra de ejecuciones en las cárceles supere los 200 muertos, con lo cual el país se sitúa en unos de los más violentos en la región, en relación con la inseguridad en los recintos carcelarios”, agregó. Sin embargo, el consultor reconoce que esta violencia no parará y se irradiará a los otros centros de detención. “Es una metástasis sin que el Estado pueda controlarla”.

ANA LUCÍA ROMÁN

PARA EL TIEMPO

QUITO