Quienes le incumplieron a la paz ‘no pueden ser parte de nuevos beneficios’: HRW

La nueva directora para las Américas de la influyente ONG Human Rights Watch, la colombiana Juanita Goebertus, se opone a que a que Colombia negocie con quienes que incumplieron los acuerdos de paz de 2016.

En los tres meses que van desde que asumió el cargo como nueva directora para las Américas en Human Rights Watch (HRW), la colombiana Juanita Goebertus no se ha bajado de un avión. Primero rumbo a Brasil, luego a México y más recientemente a Europa y Estados Unidos para hablar sobre los enormes problemas que aquejan a la región.

Su mandato al frente de esta prestigiosa institución en reemplazo de José Miguel Vivanco coincide con un marcado deterioro de la democracia en la región y agudas crisis que atraviesan a varios países del hemisferio.

En entrevista con EL TIEMPO, la abogada y politóloga hace una radiografía de los retos para el continente, plantea soluciones y, de paso, lanza fuertes dardos contra Washington por su doble rasero o lo que califica como falta de interés hacia América Latina.

En Washington tuvimos reuniones con la istración del presidente Joe Biden, el Congreso, de la sociedad civil, centros de pensamiento y otros actores. Los encuentros estuvieron centrados en tres objetivos. En primer lugar, tener una conversación sobre los diálogos entre la oposición y el régimen venezolano, muy en los términos de la carta que le acabamos de mandar al presidente Gustavo Petro sobre la importancia de una salida negociada, pero que garantice que sobre la mesa esté el tema de derechos humanos, la liberación de presos políticos, garantías de investigación y judicialización de las gravísimas violaciones a los derechos humanos que ya han sido calificadas por la ONU como crímenes de lesa humanidad, y garantías para que haya elecciones libres en este país. También tratamos el surgimiento del autoritarismo en la región.

Lo que hemos visto es una tendencia, que no es idéntica en todos los países, de crecimiento y ampliación de poderes de regímenes autoritarios tanto de derecha como de izquierda donde el eje común es una pérdida dramática de la confianza en la democracia, en los partidos, en el Estado de derecho y en las instituciones. De alguna manera, la sociedad siente que ha habido un rompimiento del contrato social y creen que los regímenes democráticos no dan bienestar y eso ha creado un clima de polarización en A. Latina que se suma a deudas históricas como la pobreza y la desigualdad, ser una de las regiones más violentas e inseguras del mundo y el fracaso en la lucha contra la corrupción. Y a eso se añade el avance de la deforestación y de una crisis migratoria ascendente. En ese contexto de enorme frustración, regímenes autoritarios que supuestamente se erigen en contra de este fracaso de gobiernos anteriores ofrecen ser la solución. Pero en vez de atender esos problemas, provocan que surjan nuevas violaciones a los derechos humanos.

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En la carta que le enviamos a Petro reconocemos que retomar la relación bilateral es fundamental para la protección de los derechos humanos. Pero eso no puede ser a costa de desconocer las gravísimas violaciones que han ocurrido. No se nos puede olvidar que hay casi 250 presos políticos, que entre 2016 y 2019 este régimen mató a más de 19.000 personas que murieron en resistencia a la autoridad y que persigue a la oposición a través de la restricción de derechos e inhabilitación de candidatos. Poner la lupa sobre esto y que haya sanciones a ello en cualquier salida negociada es fundamental.

Bolsonaro se dedicó durante años a atacar el sistema electoral a pesar de que él fue electo cinco veces al Senado con ese mismo sistema y a la presidencia en 2018. Lo que hizo, a través de la desinformación, fue atacar la legitimidad del proceso para luego poder decir que no tenían otra opción que desconocer. Por fortuna, y a pesar de que este fue un periodo electoral supremamente violento, tuvimos una primera y segunda vuelta pacíficas y unas autoridades electorales y judiciales que de manera rápida tomaron decisiones, no solo para reconocer los resultados, sino para tomar medidas como la restricción al porte de armas. Si bien Bolsonaro no ha reconocido de manera clara el triunfo de Lula (pero sí el proceso de transición), eso permitió que el mundo entero reconociera los resultados. Eso demuestra que incluso en países con líderes como Bolsonaro, donde siguiendo el libreto de Trump se puso en jaque a la democracia, cuando hay instituciones electorales y judiciales fuertes es posible ponerle freno a ese proceso de deterioro.

Es un fenómeno complejo. Si bien en el pasado Estados Unidos ha tenido políticas contradictorias frente a América Latina y momentos de luz y oscuridad, hoy día estamos ante una situación muy difícil. Estados Unidos está tan concentrado en sus propios problemas domésticos que cada vez tiene menos interés en participar de las conversaciones claves para la región. Paralelamente, cada vez más estos regímenes autoritarios tienen menos interés en respetar lo que dice Washington, que perdió influencia y dejó espacio para la penetración de Rusia y China y para que estos regímenes se alineen para bajar los estándares democráticos y de derechos humanos.

Al presidente Petro le mandamos otra carta en la que destacamos el compromiso frente a la política de paz, pero con tres recomendaciones. Lo primero, es la importancia de la implementación del acuerdo de paz incluyendo implementar a fondo los programas de desarrollo con enfoque territorial que en últimas tienen que ver con garantías de no repetición y las condiciones que han permitido que el conflicto se perpetúe en términos de falta de educación rural, salud, vías terciarias para sacar productos.

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Y eso incluye cumplir con el estándar que se pactó en materia de la Jurisdicción Especial de Paz para que los máximos responsables de grupos armados que son parte del conflicto no puedan obtener penas más bajas que las establecidas en los acuerdos. El segundo punto fue insistir en la importancia de una política de seguridad territorial para la protección de los ciudadanos que habitan estas zonas y donde se ha incrementado la violencia. Sin ella va a ser difícil que la ‘paz total’ sea exitosa. Y lo tercero es una recomendación en materia de caracterización. En derecho internacional no es lo mismo una parte en el conflicto armado que una organización criminal, y nos preocupa que en algunas declaraciones se manda la señal de que algunos de estos grupos armados podrían ser beneficiarios de los mecanismos de justicia transicional. No se puede olvidar que muchos de estos grupos son los responsables de la oleada de homicidios de líderes sociales. Si bien es posible generar mecanismos de sometimiento a la justicia, son distintos a los que existen para la justicia transicional.

Aquí hay que hacer una aclaración. En Colombia se mezclan varios tipos de grupos. Una cosa es lo que se conoce como ‘Segunda Marquetalia’, que ha estado conformado por personas que hicieron parte del proceso de paz del 2016, pero que lo incumplieron. Y nuestra posición es que estas personas no pueden ser parte de nuevos beneficios porque justamente incumplieron las reglas claras de renunciar al uso de la violencia, desarmarse y contribuir a la reparación de las víctimas y la verdad a cambio de un tratamiento penal especial. Cosa distinta son facciones de las Farc que nunca se sometieron a las negociaciones y que bajo el estándar del derecho internacional humanitario podrían ser parte del conflicto armado y podría existir una conversación con un efecto de justicia transicional.

Nos preocupa muchísimo. Es evidente que EE. UU. ha manejado un doble rasero guardando silencio frente a los ataques de López Obrador a la Rama Judicial, a los periodistas, a la forma como ha usado la justicia para perseguir a opositores o la manera como rotula de enemigos a de la sociedad civil y defensores de derechos humanos y ataca el sistema electoral. A pesar de la gravedad de este tipo de derivo autoritario, que se suma al proceso de militarización, EE. UU. mira para otro lado. La preocupación de la sociedad civil es que si México está dispuesto a asumir esta política de tercerización en la migración para evitar que lleguen a la frontera, entonces ellos guardan silencio. Otro escenario que prueba la pérdida de relevancia de EE. UU. en la región.

Lo de El Salvador produce mucha alarma. Creemos que hoy es probablemente el proceso más acelerado hacia el autoritarismo en el continente. Lo que estamos viendo es que en el curso de tres años, Bukele ha logrado hacer lo que al chavismo le tomó una década. Ha encarcelado a más de 55.000 personas. Hemos documentado torturas, asesinatos y ausencia del debido proceso y quizá más grave hemos documentado un sistema de cuotas dentro de la Policía donde el objetivo es capturar a la mayor cantidad de personas independientemente de si están vinculadas o no con pandillas. Además, ha tomado la decisión de destituir a de la Corte Suprema, cambiarlos por personas afines a su visión política y cambiar la Constitución para buscar la reelección.

Estamos de cara al perfecto manual de un autoritario latinoamericano y, tristemente, ante una ciudadanía que hoy está dispuesta a que se le restrinjan sus derechos simplemente porque siente que en el pasado la democracia no le dio más seguridad, mejores condiciones económicas ni resultados contra la impunidad. El mundo debería poner los ojos sobre El Salvador si no queremos tener una cuarta dictadura en la región.

A pesar de que Chile se encuentra en un momento difícil, ha logrado ser ejemplo de institucionalidad para el continente. Así como tramitó las protestas del 2019 en un proceso constituyente, ha sido capaz de reconocer un resultado adverso al Gobierno y canalizarlo a través de una negociación en el Congreso entre los diversos partidos. Eso es un mensaje muy importante para una región que enfrenta una crisis en sus democracias.

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En gran medida, el rechazo ganó por complejidades en la redacción de algunos contenidos y porque se entendió como un acto de aprobación o desaprobación del gobierno de Gabriel Boric y no sobre el texto mismo. Pero la forma de resolverlo que han planteado el Gobierno y los partidos, de reestructurar un nuevo proceso constituyente, es el camino correcto para Chile.

La falta de atención de Estados Unidos ha permitido que China tenga más a América Latina. Los chinos en muchos casos han sido pragmáticos porque no imponen condiciones sino que se muestran dispuestos a hacer inversiones y eso le conviene muchísimo a regímenes autoritarios que no sólo no condenan sus gravísimas violaciones a los derechos humanos, sino que están muy cómodos con que China no los quiera criticar a ellos. Hay que hacer un llamado a los gobiernos de Estados Unidos y Europa para que entiendan que es fundamental tener una relación activa con América Latina basada en la protección de los derechos humanos y en el fortalecimiento del Estado de derecho.

SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON