Alarmante retroceso

Quizás no exista en la historia registro de un momento más complejo y desafiante para la libertad de prensa en el continente. Esto es lo que se concluye luego de la asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa que concluyó ayer en Madrid (España).

Se puede constatar, al tenor de las cifras, un muy grave retroceso que no puede dejar tranquilo a nadie. El asedio de quienes saben que una prensa libre e independiente es un escollo para sus planes –a veces gobiernos, a veces criminales– se produce de múltiples formas, y lamentablemente son pocos los países en los que no se evidencia una intensificación. Lo más crítico y aterrador es el aumento de asesinatos: en los últimos seis meses se registraron 25. Los países con más casos fueron México, con once; Colombia, con tres (los de Leiner Montero y Dilia Contreras en Ciénaga, Magdalena, y el muy reciente de Rafael Moreno, en Montelíbano, Córdoba), y Haití, con el mismo número. En el último año han sido 40 los homicidios de comunicadores en la región.

Ante tal disparada de los asesinatos de los colegas, en buena hora la SIP exhortó a los gobiernos a priorizar las investigaciones tendientes a capturar a los responsables de estos hechos. También, a promover e implementar medidas que garanticen la protección de quienes se encuentran en riesgo.

Otro asunto crítico es la persecución a periodistas a través de intimidaciones y la criminalización judicial. Los gobiernos de Nicaragua, El Salvador y Venezuela son los que más recurren a estos perversos mecanismos. En los últimos seis meses y como consecuencia de estas persecuciones, 29 personas que ejercen el oficio han tenido que exiliarse, mientras que 15, entre comunicadores y funcionarios istrativos de medios, están privados de la libertad. En el caso particular de Nicaragua, en condiciones infrahumanas.

Y siempre como resultado de procesos judiciales arbitrarios. Preocupa mucho también que vayan en aumento las campañas de estigmatización, muchas veces por parte de los gobiernos. Una realidad tan alarmante como la de la persecución del crimen organizado, sobre todo del derivado del narcotráfico, a los medios que han puesto la lupa sobre sus redes y actividades. Esta realidad es cada vez más transversal a todos los países del área. Algo similar ocurre con la promoción de discursos de odio contra el gremio, situación de la que ni Canadá hoy se escapa.

En lo que concierne a Colombia, la asamblea cuestionó las salidas en falso de funcionarios y partidos de gobierno, y expidió una resolución en favor del diario ‘El Colombiano’ instando al alcalde a cesar sus ataques y descalificaciones en contra de este medio y de su directora, Luz María Sierra.

Un panorama más que inquietante. Es necesario, hoy más que nunca, que cada sociedad reflexione sobre la importancia vital de respetar los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información para que exista democracia. Es un llamado que toca a todos, pero en particular a los gobiernos con tendencia a silenciar a esos mensajeros portadores de mensajes incómodos y críticos, pero valerosos y necesarios. El costo de limitar el papel de la prensa en un Estado de derecho es enorme y pasa por la garantía de los derechos y las libertades fundamentales de cada ciudadano.

EDITORIAL