¿Qué tan posible es que Daniel Ortega termine expulsando a los jesuitas de Nicaragua?

A pocas personas en Nicaragua les causó sorpresa cuando hace unas semanas el régimen de Daniel Ortega ordenó disolver la Compañía de Jesús en ese país y confiscar varios de sus bienes, incluida la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua.

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El portavoz oficial de los jesuitas, el sacerdote español José María Tojeira, la única voz autorizada por esa orden religiosa a la que pertenece también el papa Francisco, cuenta que esa posibilidad siempre les rondó la cabeza.

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“La persecución contra la Iglesia era evidente. No nos habían tocado todavía porque la UCA tenía un simbolismo fuerte dentro del país por su prestigio. Pensábamos que eso la protegía un poco, pero que en cualquier momento podía pasar”, dice Tojeira desde El Salvador al manifiestar que ya preveían esa decisión, pues, según dice, siempre hubo una intención de mantener en duda a las instituciones de los jesuitas.

La cancelación de la personalidad jurídica a la Compañía de Jesús de Nicaragua, registrada como asociación sin fines de lucro desde el 16 de mayo de 1995, fue aprobada por la ministra de Gobernación de ese país, María Amelia Coronel Kinloch, según la resolución difundida en el diario oficialista La Gaceta, la cual acusa a los jesuitas de “incumplimiento con sus obligaciones” y no reportar sus estados financieros entre 2020 y 2022 ni sus detalles de ingresos y egresos, además de tener “su junta directiva vencida desde el 27 de marzo de 2020”.

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La resolución señala que, con los supuestos incumplimientos de la ley, la directiva de la Compañía de Jesús “obstaculiza el control y vigilancia” por parte de las autoridades y que, en el mismo sentido, la orden religiosa no promueve “políticas de transparencia en el control y manejo de la asociación”. Además, que el ente regulador desconoce “las actividades que realizan, la ejecución de sus proyectos y si estos son acordes a sus objetivos y fines”.

“Todos los años vamos puntualmente a presentar nuestra información (financiera) —explica el portavoz jesuita—, pero, en el caso de esta personería jurídica, se negaban sistemáticamente a recibirla. Y cuando pedíamos constancia de su negativa, solo nos decían: ‘No la recibimos. Punto’. Ahora salen diciendo que no estaba al día esa información”.

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La persecución del orteguismo incluye a las instituciones educativas dirigidas por la compañía católica. Tan solo una semana antes de que se promulgó la resolución, la justicia nicaragüense, controlada por los sandinistas, le había ordenado a la UCA, considerada uno de los pocos bastiones de libertad de pensamiento en ese país, entregar sus activos, muebles e inmuebles y sus cuentas bancarias al Estado tras acusarla de ser un “centro de terrorismo”. La institución jesuita rechazó esos señalamientos, considerándolos “infundados” y decidió suspender sus actividades académicas y istrativas, pues consideraron que no hubo una oportunidad de legítima defensa.

En tanto, la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, con sede en San Salvador, le pidió al gobierno nicaragüense que “cese la represión” y que “acepte la búsqueda de una solución racional”, al tiempo que demandó que “respete la libertad y total integridad de los jesuitas y las personas que colaboran con ellos”.

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Con la cancelación de esa personalidad jurídica, los bienes muebles e inmuebles de la filial nicaragüense de la Compañía de Jesús pasaron a manos del Estado. Esto es posible, según reza en la resolución, de conformidad con el reglamento de la ley 1115, que regula el funcionamiento de las asociaciones en ese país.

Sin embargo, el sacerdote José María Tojeira hace varias precisiones. Quizá la más importante es que con esta decisión el régimen de Ortega no ha cancelado del todo a la orden religiosa de los jesuitas: “Hasta ahora, no ha habido una orden de expulsión”.

“Han cancelado una de las varias personerías jurídicas que tiene nuestra orden. Esta acuerpaba dos inmuebles: uno donde vivían los jesuitas que trabajaban en la UCA y una casa para becados que no tenían dónde quedarse. Esa personería jurídica también se utilizaba para traspasar dinero de la curia provincial a Nicaragua para atender a jesuitas ancianos en la enfermería”, explica el sacerdote español, quien, en todo caso, hace énfasis en que la resolución sí se enmarca como uno de los tantos ataques a la Iglesia Católica por expresarse de manera crítica sobre el gobierno sandinista.

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Así las cosas, la resolución aprobada por el gobierno nicaragüense no implica el cierre de operaciones de la Compañía de Jesús en ese país. De hecho, con las otras personerías jurídicas pueden seguir trabajando. Es por ello que los dos colegios manejados por los jesuitas en Managua, el Loyola y el Centroamérica, continúan hoy en funciones. Lo mismo ocurre con las cerca de 20 escuelas gratuitas o de bajo costo que gestiona esa orden religiosa en barrios populares y zonas rurales empobrecidas.

No obstante, para los jesuitas, la expropiación de la UCA sí resulta un embate mayúsculo en su labor en ese país.

En pie desde 1960, la UCA se había posicionado como una de las universidades más importantes de Centroamérica y un espacio de defensa de la libertad que congregaba a jesuitas, laicos y personas afines a la cultura. “Quitarla así, de repente, nos parece profundamente injusto. Nos duele, sobre todo porque creemos que le hacen daño a Nicaragua”, comenta Tojeira.

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En su lugar, el Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua dio vía libre a la creación de una universidad estatal nombrada Casimiro Sotelo Montenegro, en memoria del dirigente estudiantil que se enfrentó a la dictadura somocista en ese país durante los años sesenta.

Con la UCA, a la fecha ya son 27 las universidades a las que, desde diciembre de 2021, el régimen de Daniel Ortega ha cancelado y ordenado la confiscación de sus bienes. Siete de esas instituciones eran extranjeras.

El de la Universidad Centroamericana, sin embargo, es un caso que “merece un análisis diferenciado”, apunta la abogada y catedrática nicaragüense María Asunción Moreno, ahora en el exilio, pues, a su juicio, hay “un espíritu de venganza y de pasada de cuentas dirigido hacia una institución que siempre alzó la voz contra las injusticias y las graves violaciones de derechos humanos”.

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Para la abogada, el régimen de Ortega “tiene un proyecto que busca consolidar un modelo autoritario dinástico de partido único a través del control político de todos los sectores de la sociedad e imponer el adoctrinamiento del sistema educativo que alcanzó a la educación superior con la reforma que se hizo el año pasado a la ley 89 de la autonomía universitaria”.

Esa ley, que además eliminó el financiamiento público a la UCA, impuso nuevas reglas que fortalecieron el control gubernamental sobre los currículos, programas y cátedras de las universidades.

“(La reforma) legalizó la injerencia del poder político en las instituciones de educación superior. Se eliminó la autonomía universitaria y la libertad de cátedra y, prácticamente, se hizo un acta de defunción de la concepción de universidad como un centro de creación de ideas y pensamiento crítico”, señala Moreno.

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En el caso de la UCA, la universidad fue protagonista, además, de las históricas manifestaciones contra el Gobierno en 2018, ya que, al estar en el centro de Managua, se convirtió en una suerte de refugio para los jóvenes que participaron de las protestas y cuya severa represión dejó más de 350 muertos.

“Al Gobierno le molesta de la Compañía de Jesús la defensa que hacen de los derechos de la gente en 2018”, señala el sacerdote Tojeira.

Fundada en el siglo XVI por el español Ignacio de Loyola, la Compañía de Jesús es, con más de 16.000 , la orden religiosa masculina más grande de la Iglesia católica. En Nicaragua, cuenta con más de 800 colaboradores, entre laicos y sacerdotes, y atienden entre educación formal e informal a unas 54 mil personas.

Para Valeria Vásquez, analista senior para Centroamérica de Control Risks, en Nicaragua hay una clara persecución por parte del régimen de Ortega a la Iglesia Católica, y esa arremetida incluye a la Compañía de Jesús. “La Iglesia Católica representa una voz crítica e independiente, todos los movimientos arbitrarios que estamos viendo es una manera de ilegalizarla. La Iglesia es un actor que ha criticado las acciones antidemocráticas del régimen dentro el país, en especial luego de que otros actores independientes terminaron exiliados o en la cárcel”, agrega.

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Las relaciones del Gobierno nicaragüense y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcados por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.

El propio papa Francisco, que es jesuita, tildó hace unos meses de “dictadura grosera” al régimen sandinista en una entrevista, señalando “un desequilibrio de la persona que dirige” el país centroamericano, sin mencionar a Ortega con nombre propio.

El presidente sandinista, por su parte, replicó poco después asegurando que una “mafia” era la encargada de escoger a los papas y otros jerarcas católicos, y propuso que estos fueran elegidos por voto popular.

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Ese intercambio culminó con un comunicado que emitió la cancillería nicaragüense en el que anunciaba “la suspensión de relaciones diplomáticas (con el Vaticano)” y la Santa Sede, al poco tiempo, cerró su representación diplomática en el país centroamericano.

En palabras del sacerdote Tojeira: “el gobierno de Nicaragua lo que tiene es un odio generalizado a la Iglesia como una fuerza social y de pensamiento que no pueden controlar. Y quieren hacerlo a como dé lugar, sean los obispos, la Compañía de Jesús o cualquier sacerdote que tenga un pensamiento disidente”.

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Quizá el rostro más evidente de la persecución es el del obispo Rolando Álvarez, quen ya cumplió un año en prisión y fue condenado a 26 años de cárcel por “menoscabar la integridad nacional”, entre otros cargos. Álvarez se negó a subirse al avión del destierro en el que viajaron a Estados Unidos 222 presos políticos en febrero pasado. Y luego, una negociación entre el régimen sandinista y el Vaticano encalló por la misma negativa del religioso. De ahí que, a principios de julio pasado, el papa Francisco le pidió al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que interceda para poder liberar al obispo que se niega a que la única solución para ser libre es que abandone el país.

Vásquez explica que, pese a que la presión de países como Estados Unidos no ha resultado en concesiones tangibles y democráticas, la persecución que emprende Ortega hoy contra la Iglesia Católica sí puede aumentar el escrutinio sobre el régimen y “generar un mayor aislacionismo internacional, lo que al largo plazo generaría consecuencias económicas importantes, por ejemplo, relacionadas a tratados comerciales”.

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Por lo pronto, los jesuitas, según dice Tojeira, analizan con su equipo de abogados la posibilidad de elevar en un tiempo cercano algún reclamo ante organismos internacionales como la ONU o la OEA para pedir que el régimen les devuelva lo confiscado.

Y si bien son conscientes de que los gobiernos autoritarios no prestan atención a las determinaciones de estos organismos, consideran que hacerlo es importante para que “conste una opinión independiente de cómo ha sido el procedimiento”, el cual, insisten, es “una violación de derechos” y “una ofensa” a su institución y a la libertad.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO