¿Quién es y qué hizo Daniel Jadue, el alcalde chileno preso cuya libertad exigen Gustavo Petro y Roger Waters?

Vestido con el chaleco amarillo de imputado y esposado, así salió el alcalde de la popular localidad santiaguina de Recoleta, Daniel Jadue, luego de que la jueza que lleva su caso confirmó esta semana que deberá seguir con prisión preventiva por el delito de corrupción en el que está involucrado por el llamado caso farmacias populares.

(En contexto: Cancillería de Chile envía nota de protesta a Colombia tras declaraciones de Gustavo Petro sobre Daniel Jadue).

Desde hace más de un mes, el mandatario local y quien es una de las figuras más prominentes del Partido Comunista (PC), parte del Gobierno del presidente Gabriel Boric, está recluido en una cárcel e incluso podría perder su cargo de sumarse 45 días apartado de sus quehaceres.

Sin embargo, el caso del alcalde local traspasó las fronteras chilenas tras la creación del llamado Comité Nacional e Internacional de Justicia para Daniel Jadue, que logró reunir más de un centenar de firmas de personalidades de la cultura, las artes y la política para exigir su libertad.

Icónicas figuras de la música chilena como Claudio Narea, vocalista de Los Prisioneros, y Jorge Coulón integrante de Inti Illimani, además de personalidades internacionales como el exvicepresidente segundo de España, Pablo Iglesias Turrión, y el músico británico Roger Waters.

En la lista de 74 personalidades extranjeras también figuran tres colombianas: la vicepresidenta del Senado, María José Pizarro; la congresista Susana Boreal y la artista y exministra de Cultura Patricia Ariza. 

Sin embargo, no fue su presencia en el listado lo que llamó la atención del gobierno chileno sino la publicación del presidente Gustavo Petro en su cuenta de la red social X donde pidió la libertad del alcalde comunista, asegurando que Jadue está “preso por la jurisprudencia de (Augusto) Pinochet impuesta a los seres libres”. Afirmación que no tardó en despertar la molestia del ejecutivo de Gabriel Boric.

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“Nuestro país tiene un Estado de derecho, tiene separación de poderes y, si hay cambios que requiera hacer nuestro sistema político, lo determinamos nosotros y no autoridades de otros países”, aseguró la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, al ser consultada por los periodistas sobre la petición de Petro.

No obstante, la molestia del ejecutivo chileno se materializó con contundencia. Horas después, la cancillería chilena envió una nota de protesta a la encargada de negocios de Colombia en Chile.

“Se trata de declaraciones inaceptables e imprudentes, que desconocen la trayectoria democrática de nuestro país, así como la existencia de un Estado de Derecho”, expresó el misil firmado por el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren.

Este martes, la polémica continuó y se sumó la voz de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien aseguró que Petro “está mal informado respecto a las características de nuestra institucionalidad”, sobre la que no debería opinar. Tohá además señaló que “no cada vez que algo es malo uno le tiene que echar la culpa a Pinochet.

Pese a que desde el comité por la liberación de Jadue el pronunciamiento del presidente colombiano fue compartido y celebrado, también se escucharon voces que cuestionaron la comparación del mandatario colombiano.

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“Yo creo que hay una inexactitud. El régimen de Pinochet fue una dictadura brutal que provocó mucho sufrimiento y mucho daño, en la que el poder judicial estuvo totalmente sometido al poder ejecutivo del dictador y las leyes se aplicaban, según lo que le convenía a la dictadura”, señaló a EL TIEMPO Jorge Arrate, quien fue ministro de Estado de los presidentes Salvador Allende, Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Pata Arrate, las palabras de Petro hirieron “cierta sensibilidad en el sentido de que Chile, con todas las limitaciones, ha hecho un camino hacia una mayor dignidad de sus instituciones y una mayor regularización de las normas jurídicas básicas”. Bajo esta salvedad, el exministro respaldó el pronunciamiento del presidente colombiano.

“Yo lo recibo con mucha alegría. Creo que lo que ha planteado es una contribución a que se genere más conciencia entre los chilenos y, en particular, entre las autoridades del poder judicial que están manejando este asunto, para que quede claro que no se pueden cometer injusticias sin que esto llame la atención en el mundo globalizado de hoy”, sentenció Arrate.

Daniel Jadue se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 3 de junio tras ser formalizado por la Fiscalía por cinco delitos de corrupción en el marco de la investigación del caso farmacias populares.

Puesto en prisión preventiva, en una celda de la cárcel Capitán Yáber, Jadue ha pasado más de un mes encerrado y revolucionando la política chilena. De hecho, su juicio ha desatado manifestaciones y, tal como si se tratara de un reality, su caso y lo que provoca se emite en vivo por los canales locales de televisión.

Uno de los líderes del PC se debate entre el fervor de sus seguidores, que han llegado a bloquear estaciones de metro en protesta contra su proceso judicial, y la justicia chilena, que asegura que no tiene ninguna motivación política en su contra.

“Daniel Jadue es sin duda un militante destacado dentro de nuestro partido, fue nuestro candidato presidencial en las elecciones anteriores y creo que ha sido un golpe bastante importante. Es natural también que, frente al aporte que Daniel Jadue ha hecho a la política del partido durante muchos años, se le haya manifestado el cariño y el apoyo, porque para nosotros es una persona muy valiosa”, señala a este diario la diputada Alejandra Placencia, subjefa de la bancada comunista.

Para Placencia, y otros líderes del Partido Comunista de Chile, lo fundamental es revertir la medida de detención preventiva a la que califican de “desproporcionada”, y permitir que Jadue ejerza su defensa en libertad por la trama que data de 2021, cuando el dueño de la compañía Best Quality presentó una querella por estafa en su contra tras no recibir el pago de cerca de un millón de dólares por la venta de cajas de tapabocas, guantes y termómetros en plena pandemia del covid-19, los cuales fueron adquiridos por el alcalde a través de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), la asociación estrella de su istración que inauguró en 2015 y cuyo novedoso modelo permitía ofrecer hasta un 70 por ciento de descuento en medicamentos a través de un subsidio estatal.

Por supuesto, la medida hizo subir por el aire la popularidad de Jadue y su modelo fue imitado en 170 municipios del país.

Sin embargo, la Fiscalía afirma que Achifarp, que se encuentra en proceso de liquidación judicial por los hechos en investigación, habría sido usado por Jadue como moneda de cambio para adjudicar licitaciones y otros favores políticos, además de usarlo como trampolín para fortalecer su imagen electoral a través del uso de dineros municipales. Una acusación que el líder del PC ha negado durante los últimos tres años.

Esta es la tercera vez que la defensa intenta que Jadue quede en libertad provisional, pero la solicitud ha sido rechazada tres veces: dos por el juzgado de garantía y una por la Corte de Apelaciones de Santiago.

En todas, se ha señalado que el tribunal “no toma en cuenta filiaciones ni ideologías políticas para tomar su decisión” y que “las decisiones judiciales deben basarse únicamente en los hechos del caso, en los antecedentes aportados y en las leyes aplicables, sin considerar factores extralegales”.

Óscar Daniel Jadue, de 57 años, es un arquitecto, sociólogo y político chileno de origen palestino, que entró a militar al Partido Comunista de Chile en 1993, un día después de la firma de los Acuerdos de Oslo.

Fue secretario de la Dirección de Estudiantes Comunistas y desde 2012 está al frente de la alcaldía local de Recoleta, en Santiago.

Desde su detención, la figura de su pareja, la abogada y académica brasileña Anjuli Tostes, comenzó a tomar relevancia mediática, en especial, por la cercanía de la jurista con el actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y por su férrea defensa de Jadue en redes sociales y en foros internacionales.

Tostes presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que su equipo pidió revisar de forma urgente la prisión preventiva del cuestionado alcalde comunista, quien ingreso a la política, en la década de los 80, de la mano de organizaciones propalestinas, debido a su origen familiar, y que durante su carrera ha saltado escándalo en escándalo.

Entre otros, destaca el que se desató por su apoyo a Nicolás Maduro durante las elecciones de 2018, cuando Jadue asistió a Venezuela en calidad de observador electoral y avaló los resultados de los comicios ampliamente cuestionados por la comunidad internacional. Un tema que le jugó en su contra en la campaña para las elecciones pasadas, en las que terminó perdiendo las primarias contra el ahora presidente Gabriel Boric.

De momento, Jadue enfrentará a la justicia nuevamente esta semana para tratar de revertir la prisión preventiva que podría apartarlo definitivamente del cargo que ha ocupado durante los últimos 12 años y con el que aspiraba hacer carrera para llegar al Palacio de La Moneda en las próximas presidenciales. 

ANDREA AGUILAR CÓRDOBA

Para EL TIEMPO

SANTIAGO DE CHILE