La tormenta política y social que generó la reforma electoral de Amlo en México

La aprobación de una reforma electoral en México —a poco más de un año de los comicios en los que los ciudadanos elegirán presidente, diputados, senadores y algunas alcaldías (junio de 2024)— desató multitudinarias protestas en el país, el domingo pasado, y críticas internacionales que advierten que podría poner en riesgo la democracia.

Se trata de una reforma conocida como Plan B, aprobada el 22 de febrero por el Congreso, que ya había rechazado en el pasado un primer proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo) que proponía cambiar 18 artículos de la Constitución y crear un organismo que sustituyera al Instituto Nacional Electoral (INE), órgano independiente encargado de organizar las elecciones en el país.

Y aunque la norma aprobada no incluye el reemplazo total del INE y es, dicen medios internacionales, una versión menos drástica de la primera idea de Amlo, establece una serie de cambios en dicho instituto que, para analistas y opositores, suponen “riesgos de cara a las elecciones”.

Luis Miguel Carriedo, especialista en comunicación electoral y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por ejemplo, le dijo a Efe, que la norma adelgaza la estructura electoral en el país, mientras que el INE denuncia que la reforma recorta su presupuesto y sus competencias.

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El articulado —aprobado en el Senado con 72 votos a favor y 50 en contra— reduce en un 80 por ciento los salarios del órgano electoral y elimina el 85 por ciento de las plazas del personal de carrera.

Por ejemplo, acaba con 300 juntas distritales encargadas de la organización de las elecciones a nivel local, con lo que disminuye el personal a cargo de revisar el funcionamiento electoral en un país con 93 millones de votantes. Esto provocaría que alguno de los 32 estados del país, de 125 millones de habitantes, tenga una sola persona encargada de la oficina electoral, según expertos.

También desaparece el personal encargado de capacitar a los jurados de votación y limita la capacidad para monitorear la propaganda electoral en radio y televisión, entre otros cambios que, dice el INE, afectan la actualización y depuración del padrón electoral en México.

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Amlo, no obstante, acusa al INE de costarles mucho dinero a las arcas públicas y de haber tolerado fraudes electorales en el pasado. Por lo tanto, asegura que las medidas permitirán un importante ahorro de dinero y mayor eficiencia en las votaciones. Solo en el primer año de vigencia de las nuevas normas, dijo, el país ahorraría 271 millones de dólares, que podrían utilizarse en ayudas sociales y becas.

Pero el mandatario fue más allá con sus críticas y el lunes descalificó las recientes protestas —a la que acudieron unas 90.000 personas que se concentraron en el Zócalo— afirmando que se trata de aquellos que no quieren acabar con la corrupción.

Al contrario, el INE y quienes se oponen aseguran que los cambios afectan la independencia del órgano y que inclinarán la balanza a favor del Gobierno de cara a los comicios de 2024.

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El presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo hace pocos días que la reforma podría “trastocar profundamente el sistema electoral que hoy garantiza elecciones libres y la renovación de poderes públicos en condiciones de legalidad".

“El adelgazamiento de la estructura, así como el recorte o reconfiguración de procedimientos que no responden a criterios técnicos, sino de oportunidad política, conlleva una afectación a las garantías orgánicas y procedimentales que, hasta ahora, han permitido procesos electorales cuyos resultados han facilitado la alternancia de gobernantes y proporcionada legitimidad a quienes resultan electos”, señaló el INE en un informe sobre las repercusiones de la reforma.

Otros críticos como José Medina, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, afirmaron que “cambios como estos generarían incertidumbre en el proceso electoral de 2024 y también pondrían en riesgo la autonomía del instituto, la integración del padrón electoral, la fiscalización de los recursos públicos utilizados en el proceso electoral y atentarían contra lo establecido en nuestra Constitución. Sin olvidar que la última etapa de un sexenio federal no es la adecuada para modificar las reglas electorales, y tampoco es común que estos cambios sean propuestos por el presidente en turno”, según su columna en El Universal.

Por su parte, Tyler Mattiace, investigador de la división de las Américas de Human Rights Watch, le dijo a Associated Press que “es preocupante que todo esto suceda justo antes de las elecciones (presidenciales) del 2024 en un contexto en donde el presidente ha mostrado muy poca tolerancia por personas que no concuerdan con él (...). Esto puede derivar en menos certidumbre sobre los resultados de los próximos comicios".

Y las críticas se han extendido también al plano internacional. El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, dijo el domingo en Twitter que en México hay "un gran debate sobre reformas electorales que ponen a prueba la independencia de instituciones electorales y judiciales". 

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, dijo durante una rueda de prensa este lunes que su país "respeta la soberanía de México", pero que "un sistema electoral independiente (...) constituye uno de los pilares de la democracia".

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Declaraciones a las que Amlo ya respondió de forma enérgica en las últimas horas. "Le digo al señor (Antony) Blinken (secretario de Estado de los Estados Unidos) que hay más democracia en México que en Estados Unidos (...). Es porque aquí gobierna el pueblo, allá la oligarquía", afirmó.

“Aprovecho para contestarle al Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos que, como es la mala costumbre, siempre se inmiscuyen en asuntos que no le corresponden”, agregó.

Por lo pronto, los sectores de oposición se aprestan a demandar la reforma ante la Suprema Corte de Justicia. Para que se invalide, ocho de los 11 magistrados deben determinar que se trata de una norma inconstitucional. Una decisión que debe ocurrir antes del 2 de junio si se quiere que el INE organice la elección de 2024 tal como lo ha hecho hasta hoy.

Por ahora, solo falta la firma de Amlo para ratificar la reforma.

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO