AULNAY-SOUS-BOIS, Francia — Años antes de que Francia enfureciera por el asesinato a manos de la Policía de un adolescente tras marcarle el alto por una infracción de tránsito, estaba el caso de Théo Luhaka.
Luhaka, entonces de 22 años, un futbolista de raza negra, pasaba por una zona de narcomenudeo en su complejo de viviendas en un suburbio de París, en el 2017, cuando la Policía irrumpió para realizar revisiones de identidad.
Tres oficiales golpearon a Luhaka una y otra vez y le rociaron gas pimienta en la cara. Cuando terminó todo, el joven sangraba de una fisura de 10 centímetros en el recto, causada por uno de los bastones retráctiles de los policías.
El complejo de viviendas de Luhaka, y otros por todo París, estallaron en furia. Él era un símbolo de lo que los activistas tenían años de denunciar: un control policiaco discriminatorio que pone violentamente en la mira a jóvenes de minorías, particularmente en las áreas pobres de Francia. Había un sentido de que, esta vez, algo iba a cambiar.
El entonces Presidente François Hollande visitó a Luhaka en el hospital. Emmanuel Macron, en ese momento un candidato presidencial en unas elecciones que ganaría meses después, prometió transformar el sistema policiaco centralizado de Francia en uno más adecuado a los barrios, para que la Policía pudiera “reconstruir la confianza”.
En vez de ello, la relación entre poblaciones minoritarias y la Policía empeoró, dicen muchos expertos, como es evidente en la secuela tumultuosa del asesinato en junio de Nahel Merzouk, de 17 años, un ciudadano francés de ascendencia argelina y marroquí.
Tras múltiples choques violentos publicitados que involucran a la Policía, surgió un patrón: cada episodio desató furia y exigencias de cambio, seguidas de resistencia de poderosos sindicatos policiacos y desestimaciones del Gobierno.
Los llamados a reformar la Policía se remontan por lo menos a cuando miles de jóvenes de color marcharon durante meses en 1983 de Marsella a París, más de 640 kilómetros, luego de que un policía le disparó a un joven líder comunitario de ascendencia argelina.
Exigieron cambios a las prácticas policiacas que nunca llegaron. El número de choques fatales siguió creciendo.
Francia tiene una fuerza policiaca nacional centralizada que le reporta directamente al Ministro del Interior. Sus 150 mil elementos tienen una reputación de métodos policiacos brutales.
A fines de los 90, el Gobierno francés trató de introducir la vigilancia comunitaria. El objetivo era desarrollar afinidad con los residentes locales para prevenir la delincuencia, pero la estrategia fue desechada tras unos años.
“Organizar un juego de rugby para los jóvenes en un barrio está bien, pero esa no es la misión principal de la Policía”, dijo Nicolas Sarkozy, entonces Ministro del Interior de Francia, en el 2003. Sarkozy luego introdujo una “política de cifras”, con la expectativa de que los oficiales realizaran un cierto número de arrestos.
Menos de tres años después, los suburbios volvieron a estallar tras las muertes de dos adolescentes que huían de un retén policiaco, en lo que muchos vieron como una consecuencia directa del cambio de políticas.
Las protestas violentas incitaron a las autoridades a invertir miles de millones en la revitalización de los suburbios pobres del País.
No obstante, los disturbios también avivaron llamados a una imposición de justicia más estricta.
Desde entonces, Francia ha aprobado leyes nuevas que endurecen las sanciones y extienden las facultades policiacas casi todos los años.
Amplió el uso de armas que disparan balas de goma del tamaño de pelotas de golf, que han causado docenas de mutilaciones y están prohibidas en la mayoría de los países europeos.
Los nuevos objetivos también han avivado un incremento en las revisiones de identidad, que estudios han mostrado que son ineficaces y ponen en la mira de manera desproporcionada a jóvenes de minorías. Una investigación del 2017 por el ombudsman de libertades civiles del País halló que era 20 veces más probable que “jóvenes varones percibidos como negros o árabes” fueran revisados por la Policía en comparación con el resto de la población.
Las pocas veces que el Gobierno ha tratado de abordar las acusaciones de control policiaco racista, los sindicatos policiacos han presentado un obstáculo.
En años recientes, durante choques con el movimiento Chalecos Amarillos —una revuelta de clase trabajadora— así como en protestas contra los cambios al plan de pensiones de Francia, el Gobierno ha dependido cada vez más de la Policía para controlar a las multitudes.
Se ha determinado que la lesión de Luhaka es permanente. Aunque los oficiales involucrados no fueron disciplinados internamente, tres de ellos enfrentan acusaciones penales en un caso que tiene programado ir a juicio en enero.
Por: Catherine Porter
y Constant Méheut
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