TORONTO — Canadá ya tiene una de las leyes de muerte asistida más liberales del mundo, ofreciendo la práctica a canadienses con enfermedades terminales y crónicas.
Pero bajo una ley que entrará en vigor en marzo, la muerte asistida también sería accesible para personas cuya única condición médica es una enfermedad mental, lo que convertiría a Canadá en uno de aproximadamente media docena de países que permiten el procedimiento para esa categoría de personas.
Esa medida ha dividido a los canadienses, algunos de los cuales lo ven como una señal de que el sistema de atención de salud pública del país no ofrece atención psiquiátrica adecuada, que carece de fondos suficientes y está en gran demanda.
El Gobierno del Primer Ministro Justin Trudeau, que ha sido criticado por la implementación de la política, ha defendido sus acciones señalando a una decisión judicial del 2019 en Quebec que los funcionarios afirman exige extenderla.
del Partido Conservador han acusado al Gobierno de promover una “cultura de la muerte”. También ha habido oposición de políticos de izquierda que quisieran que el Gobierno centrara su política de salud en ampliar el cuidado de salud mental.
Jason French figura entre quienes argumentan por qué un médico debería ayudarlo a morir. Asistió a un evento en Toronto para cabildear por que la muerte asistida fuera disponible para personas como él. Padece una depresión severa y ha intentado dos veces quitarse la vida, dijo.
“Mi objetivo desde el principio fue mejorar”, dijo French. “Desafortunadamente, soy resistente a todos estos tratamientos y el punto es que no puedo seguir viviendo mi vida así”.
Pero John Maher, psiquiatra en Barrie, Ontario, que se especializa en tratar casos complejos que a menudo tardan años en mejorar, dijo que le preocupaba que los pacientes optaran por la muerte asistida.
“Estoy tratando de mantener vivos a mis pacientes”, dijo. “¿Qué significa para el papel del médico, como sanador, como portador de esperanza, ofrecer muerte?”.
La actual ley de muerte asistida de Canadá aplica sólo a personas con enfermedades terminales o que viven con discapacidades físicas o enfermedades crónicas e incurables. La Suprema Corte del país despenalizó la muerte asistida en el 2015 y dictaminó que obligar a los canadienses a lidiar con un sufrimiento intolerable infringe los derechos fundamentales a la libertad y la seguridad.
Alrededor de 13 mil 200 canadienses tuvieron una muerte asistida en el 2022, un aumento del 31 por ciento respecto al 2021, revela un reporte del Ministerio de Salud. De ellos, 463 personas no tenían enfermedades terminales, pero tenían otras condiciones médicas. Los pacientes aprobados tienen la opción de poner fin a sus vidas utilizando medicamentos letales istrados por un médico o enfermera, o tomando medicamentos que se les recetan.
En medio de preocupaciones sobre cómo implementar la ley, el Parlamento ha retrasado su aprobación tres años y podría retrasarla nuevamente.
Los partidarios dicen que negar a los enfermos mentales la misma opción que tienen otros para poner fin al sufrimiento es discriminación.
Alexandra Mherson, profesora de psiquiatría en la Universidad de Alberta y proveedora de servicios de muerte asistida, dijo que trata a un pequeño número de pacientes “con severos trastornos de salud mental incapacitantes que sufren igual que los pacientes que veo en tratamiento por cáncer”.
Lisa Marr, una paramédica diagnosticada con trastorno de estrés postraumático en Nueva Escocia, dijo estar desesperada por aprovechar la nueva ley. Tiene trastorno bipolar, depresión y trastorno de excoriación, o rascarse la piel, debido a la ansiedad y, según sus estimaciones, ha atentado 15 veces contra su vida. “Creo que la única razón por la que no lo he hecho todavía es que estoy esperando esta decisión en marzo”, dijo.
Canadá modificó su código penal para legalizar la muerte asistida para enfermos terminales en el 2016, y en el 2021, en respuesta al fallo judicial de Quebec, flexibilizó la ley para añadir a otras personas que experimentaban condiciones “graves e irremediables”.
Los pacientes elegibles deben esperar 90 días antes de recibir una muerte asistida y deben ser aprobados por evaluaciones de dos médicos independientes. Pero a algunos psiquiatras les preocupa no siempre poder determinar si alguien que busca una muerte asistida realmente podría mejorar o no.
“La investigación que tenemos muestra que los psiquiatras no son mejores para identificar quién no va a mejorar”, dijo Maher. “El reto para nosotros es que no es un proceso a corto plazo. Cuando la gente ha estado enferma durante años, sanar lleva años”.
VJOSA ISAI. THE NEW YORK TIMES
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