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Hacinamiento de retornados a Venezuela propaga covid-19, dice informe
HRW y la Johns Hopkins presentaron documento en el que registran malas condiciones de salubridad.
Más de cien venezolanos salieron ayer en buses desde Bogotá hacia Cúcuta para volver a su país. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO
Miles de venezolanos que están retornando a su país tras meses huyendo de la pandemia se encuentran en pésimas condiciones de salubridad y hacinamiento que estarían contribuyendo a la propagación del covid-19.
Eso dice un nuevo informe de Human Rights Watch (HRW), el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins en el que se documentan abusos y maltrato por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Según estos, a lo largo de los últimos meses han regresado a Venezuela unas 130.000 personas que huyeron del país hacia otras naciones de América Latina buscando oportunidades económicas y refugio frente al coronavirus.
Algunos retornados que protestaron por dichas condiciones fueron amenazados con ser detenidos
Pero a su regreso han sido ubicados en condiciones de confinamiento, en las que no cuentan con agua, alimentos o atención médica.
“Algunos retornados que protestaron por dichas condiciones fueron amenazados con ser detenidos. Además, a muchos retornados se les ha exigido permanecer en centros de cuarentena durante varias semanas adicionales a los 14 días recomendados por la Organización Mundial de la Salud, debido a demoras en las pruebas de diagnóstico de covid-19 y a un protocolo de testeo innecesariamente complejo”, sostiene el informe.
De acuerdo con la doctora Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, “enviar a los retornados a centros de cuarentena insalubres y sobrepoblados, donde es imposible cumplir con las medidas de distanciamiento social, es una fórmula perfecta para propagar el covid-19”.
En el informe, José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, pide que al tema se le dé alta prioridad en la próxima reunión de ministros de Relaciones Exteriores de países de América Latina, que tendrá lugar el próximo 19 de octubre para discutir la situación de los venezolanos en la región.
El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco. Foto:Fernando Bizerra Jr. / Efe
En el 2018, los gobiernos latinoamericanos crearon el Proceso de Quito para darle seguimiento y adoptar posiciones comunes a la crisis humanitaria que sacude al país vecino y que ha contribuido al éxodo de más de cinco millones de personas en estos seis años.
“El Proceso de Quito es una oportunidad para que los gobiernos brinden apoyo a los retornados y mejoren el modo como ellos mismos tratan a los venezolanos en el contexto del covid-19. No deben desaprovecharla”, dice Vivanco.
En el documento, HRW y la Johns Hopkins sostienen que los países deben expresar su compromiso con proteger los derechos de los venezolanos en sus territorios y considerar la adopción de un régimen de protección temporal de alcance regional que les otorgue a todos los venezolanos estatus legal por un período determinado de tiempo en sus territorios.
Los representantes, dicen, también deben cooperar para proteger los derechos de los retornados y exigir a las autoridades venezolanas que pongan fin a las condiciones abusivas de cuarentena y consideren alternativas –como la cuarentena domiciliaria– cuando sea viable.
Nicolás Maduro durante su discurso pregrabado para la Asamblea de la ONU. Foto:EFE
Según el reporte, si bien Maduro había prometido recibir a los retornantes con “amor”, en la práctica los ha estigmatizado de manera rutinaria al acusarlos de llevar el virus a Venezuela.
El reporte está basado en más de 80 entrevistas a personas que han retornado a Venezuela, al igual que en periodistas, actores humanitarios, representantes de organizaciones no gubernamentales y residentes de zonas a las cuales llegan los afectados.
Al 6 de octubre, Venezuela había confirmado 79.117 casos de covid-19 y 658 muertes por esta enfermedad. Pero, según HRW, es muy probable que la cifra real sea mucho mayor, pues el conteo presentado por las autoridades es poco confiable.