Bachelet ve con preocupación las detenciones arbitrarias en Venezuela

Venezuela registró, entre el 1.° de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021, 97 incidentes en contra de defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas, según reveló el informe presentado este lunes por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en el que, precisamente, expresó su alarma por la situación de la sociedad civil y de los medios de comunicación venezolanos.

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Coincidiendo con los festejos por el Día de la Independencia de Venezuela, el informe de Bachelet indicó que la labor de los periodistas en Venezuela “se vio obstaculizada por restricciones normativas y istrativas, y en algunos casos sus se enfrentaron a procesos penales relacionados con su trabajo”.

Según pudo documentar la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), entre los 97 incidentes contra defensores, periodistas, dirigentes sindicales, activistas y de oenegés "figuran dos muertes, seis actos de violencia, 62 de criminalización, 17 de amenazas e intimidación y diez casos de estigmatización”.

Como era de esperarse, Bachelet se refirió a la reciente detención de los activistas de la organización FundaRedes entre los que figura la de su director, Javier Tarazona.

“El arresto de tres de FundaRedes hace solo tres días es un ejemplo preocupante de la reducción del espacio cívico y de la agudización de la polarización. Aprovecho esta intervención para solicitar el urgente de abogados defensores de su elección”, dijo Bachelet.

El pasado viernes en el estado Falcón, Venezuela, Tarazona, quien fue la principal voz de denuncia del conflicto entre las Fuerzas Armadas de Venezuela y las disidencias de las Farc en el estado Apure –fronterizo con Colombia–, fue detenido, junto con sus compañeros Rafael Tarazona y Omar García, cuando acudían a la sede del Ministerio Público en el estado de Falcón para denunciar que el líder de la ONG estaba siendo “víctima de acoso y persecución por funcionarios” de la policía de esta entidad, el Sebín y “funcionarios sin identificar”.

El juzgado tercero de Caracas envió el sábado a prisión a los tres activistas por los delitos de traición a la patria, terrorismo e incitación al odio. La organización Foro Penal denunció que a los activistas se les impidió ser “asistidos por sus abogados de confianza”.

En su informe, la oficina de la alta comisionada indica que los avances en materia de protección de los defensores de derechos humanos y los periodistas han sido limitados y que, por el contrario, las autoridades han adoptado leyes y reglamentos que afectan negativamente los derechos de asociación y reunión y el derecho a la libertad de expresión.

Una de las preocupaciones reiteradas por Bachelet es la estigmatización de representantes de la sociedad civil por parte de funcionarios, así como la vinculación de activistas con procesos penales sustentados, según la información recabada por su equipo, en pruebas poco sólidas o en la criminalización de formas legítimas de participación cívica, como la protesta o la expresión de posiciones críticas.

En el mismo sentido, y tal como lo ha expresado en informes anteriores, el ACNUDH manifestó su inquietud por la definición legal de “terrorismo”, a la que considera vaga y que “se interpreta de manera que engloba una categoría cada vez más amplia de actividades, organizaciones y personas”. Un caso similar ocurre con “incitación el odio”, cuyos conceptos clave, como “discurso de odio”, tampoco tienen una definición precisa, “lo cual permite un amplio margen interpretativo y limita la previsibilidad para su cumplimiento”.

Adicionalmente, la oficina de Bachelet identificó que tampoco hay plenas garantías del debido proceso y denunció en particular la ocurrencia de allanamientos sin órdenes judiciales, el uso rutinario de la detención preventiva, la denegación de a un abogado elegido por el procesado o el incumplimiento de plazos procesales.

“Los procedimientos penales contra personas defensoras de los derechos humanos tuvieron efectos multiplicadores sobre toda la sociedad civil, y organizaciones, periodistas y activistas de derechos humanos declararon que habían limitado o cesado sus actividades por temor a ser procesados”, señala el informe.

La alta comisionada resaltó como positiva la liberación de personas de la sociedad civil que se encontraban detenidas y saludó todo esfuerzo encaminado al diálogo entre sus representantes y los del Gobierno.

Aunque la ACNUDH constató una disminución de los asesinatos en el contexto de las protestas y de las operaciones de seguridad en Venezuela, indicó que siguió recibiendo denuncias de torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.

De igual manera, señaló que las condiciones de detención siguen siendo precarias, en especial por el hacinamiento, la insalubridad y la falta de alimentos y servicios sanitarios para las personas privadas de la libertad.

Por otro lado, la alta comisionada recibió con beneplácito dos reformas anunciadas por el gobierno venezolano. Se trata de la reforma policial que tendría lugar en el transcurso del 2021 y del cierre de los centros de detención gestionados por los servicios de inteligencia.

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Al final de su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos, Bachelet destacó el compromiso de las autoridades para trabajar con su equipo y para dar cumplimiento a algunas de sus recomendaciones. “Sigo tendiendo la mano para que mi Oficina y yo acompañemos la aplicación verdadera de las reformas anunciadas para lograr mejoras concretas de los derechos humanos en Venezuela”, concluyó.

Por su parte, el gobierno de Venezuela rechazó el informe de ACNUDH, al cual calificó de “contenido falaz” y de “origen tendencioso”. No obstante, el Gobierno de Venezuela reiteró este lunes su voluntad "de mantener canales de comunicación y diálogo" con la oficina de la alta comisionada.

"Venezuela, en aras de seguir intensificando la cooperación debida con esta oficina, ratifica su voluntad de mantener canales de comunicación y diálogo con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos", rezó el comunicado del Gobierno.

La delegación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos denunció este lunes que las sanciones impuestas por Estados Unidos están teniendo efectos como el bloqueo de la llegada de vacunas anticovid al país, un hecho que además está enfrentando a Caracas con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Héctor Constant, señaló que un ejemplo del "crimen de lesa humanidad" que suponen estas sanciones económicas y financieras es el hecho de que hayan bloqueado el pago de millones de dólares de Venezuela al mecanismo Covax para el envío de 11 millones de dosis de vacunas contra el covid-19.

Covax es el sistema de distribución de vacunas que la OMS puso en marcha para llevar dosis sobre todo a países en desarrollo.

Constant lanzó estas acusaciones un día después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, diera un ultimátum a la OMS y le exigiera que entregara las vacunas adquiridas o le devolviera el dinero. "Ya basta de burla contra el pueblo de Venezuela del sistema Covax, alguien tiene metida la mano ahí para que no vengan las vacunas a Venezuela", aseguró el mandatario venezolano.

La Fundación Gavi, que coordina la distribución de vacunas anticovid en el programa Covax, aseguró este lunes que intenta resolver los problemas de envío de dosis a

Venezuela. "Estamos tratando de resolver la cuestión lo antes posible", indicó un portavoz la fundación. Por su parte, la OMS optó por no reaccionar a las palabras de Maduro.

CARMEN LUCÍA CASTAÑO

Especial para EL TIEMPO

GINEBRA

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