Trámites consulares, golpe a la economía y conexión de vuelos: las consecuencias que tendría un rompimiento de relaciones entre Venezuela y España

Las relaciones entre España y Venezuela se encuentran en lo que parece la antesala de una posible ruptura de relaciones. La Asamblea Nacional (el parlamento), controlado por el chavismo, aprobó este martes un acuerdo que insta al Gobierno de Nicolás Maduro a romper las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con España, en respuesta a la decisión del Congreso español de reconocer al opositor Edmundo González Urrutia -exiliado en Madrid- como ganador de las presidenciales del 28 de julio.

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El acuerdo pide al Gobierno evaluar, "en un tiempo perentorio, la ruptura de relaciones" con el Reino de España, así como una "acción recíproca por la grosera e injerencista proposición adoptada en el Congreso de los Diputados" del país europeo contra "la institucionalidad venezolana".

Además, el documento aprobado rechaza "categóricamente" la "nefasta resolución promovida por la derecha fascista del Congreso" español, al que exhorta a respetar "la decisión del pueblo venezolano que eligió soberanamente a (...) Nicolás Maduro como presidente reelecto".

El pasado septiembre, el Congreso español, con el voto en contra del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aprobó una proposición no de ley impulsada por el Partido Popular (PP) en la que pide al Gobierno reconocer como presidente de Venezuela a González Urrutia, quien llegó a Madrid el día 8 de ese mes para buscar asilo ante la persecución que asegura haber sufrido en su país.

No obstante, el Gobierno de Pedro Sánchez, por el momento, no ha reconocido al opositor como presidente electo, como solicitaron los partidos que votaron a favor, entre ellos, los opositores Partido Popular (PP) y VOX.

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La controvertida reelección de Maduro fue proclamada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con base en unos resultados que todavía se desconocen de forma desagregada, y es rechazada y señalada como "fraudulenta" por la oposición mayoritaria -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, que reivindica la victoria de González Urrutia.

Este acuerdo se aprueba casi un mes después de que, el pasado 11 de septiembre, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), el chavista Jorge Rodríguez, solicitó a la Comisión de Política Exterior una reunión inmediata para elaborar una resolución que pida "al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que se rompan de inmediato todas las relaciones" con el país europeo.

El proyecto de la Asamblea Nacional señalaba la decisión del Congreso español como una "acción que pretende desconocer la institucionalidad democrática" de Venezuela, además de la "voluntad soberana de todo un pueblo". "Jamás aceptaremos que ningún Gobierno extranjero o instancia internacional imponga condiciones y se inmiscuya en nuestro asuntos internos", se leía en el documento.

Estaos se enmarcan en una tensión que terminó de agravarse hace unas semanas después de que Caracas llamó a consultas a su embajadora en Madrid por cuestionamientos a la reelección de Nicolás Maduro y el asilo en ese país de Gonzáles Urrutia tras un mes en la clandestinidad en Venezuela.

El canciller venezolano Yván Gil anunció en ese entonces en sus redes sociales la decisión de "llamar a consultas" a su embajadora en Madrid, Gladys Gutiérrez, en respuesta a declaraciones de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, quien tildó de "dictadura" al gobierno de Maduro durante la presentación de un libro en Madrid, donde también se refirió a los venezolanos que han salido de su país "víctimas de la restricción, de la violencia, de la falta de democracia y de la falta de libertad".

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Por su parte, el Ejecutivo de Sánchez no reconoce la victoria que Maduro reivindica en los comicios, pero tampoco la de su rival, y ha insistido, en consonancia con la posición de la Unión Europea, en reclamar que se publiquen las actas electorales, que la oposición asegura que demuestran su victoria. 

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Sánchez recibió en septiembre a González Urrutia en el palacio de La Moncloa, sede de la presidencia en Madrid, y aseguró que "España trabaja en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales del pueblo hermano de Venezuela".

No es, sin embargo, la primera crisis diplomática que enfrenta Caracas a raíz de las elecciones presidenciales.

El gobierno de Nicolás Maduro, tras los cuestionados resultados del 28 de julio, retiró a todo el personal diplomático de las embajadas de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, países que cuestionaron su reelección e hicieron un llamado a que se hicieran públicas las actas electorales.

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Hay que aclarar que, en efecto, cualquier país es libre de decidir si mantiene o no relaciones diplomáticas con otro, por lo que las relaciones diplomáticas y económicas pueden romperse si se considera que existen motivos para ello.

Pero entonces, ¿qué pasaría si se da un rompimiento de relaciones entre Venezuela y España? 

Lo primero que ocurriría es el cierre de embajadas y consulados, lo cual dificultaría la realización de trámites de ese tipo para ciudadanos de ambos países. Ese, por supuesto, aunque no es el único, es quizás el mayor temor.

Se estima que en España viven unos 280.000 ciudadanos venezolanos, incluidos varios dirigentes opositores. La cifra no incluye a aquellos con doble nacionalidad. Pero es innegable la importante cifra de venezolanos que residen en el país europeo: en el primer trimestre de 2024, datos del gobierno español señalaron que la venezolana fue la tercera nacionalidad con más llegadas al país europeo, con 22.600 migrantes.

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De otro lado, en Venezuela residen actualmente más de 130.000 personas con pasaporte español.

Otras consecuencias se darían en el plano económico. Los expertos señalan, por ejemplo, que romper relaciones con España le traería consecuencias graves a Venezuela, pues al menos hasta julio de este año se estimaba que más de 120 empresas españolas tienen presencia en el país vecino, de las cuales 60 son multinacionales, según el Instituto de Comercio Exterior de España.

España es el segundo inversor en Venezuela. Entre las empresas españolas establecidas en el país vecino se encuentran Acciona Construcción SA, Blackfin Europa SL, Comins Global Corporation SL, Abanca y otras como Repsol, Telefónica, BBVA, Hesperia Hoteles, Mapfre Seguros, Zara y Meliá, que han invertido en el país alrededor de 500 millones de euros.

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Según los datos más recientes del Observatorio de Complejidad Económica (OEC), correspondientes a 2022, Venezuela ocupó el puesto 99 entre las mayores exportaciones de España, mientras que España fue el tercer destino de las exportaciones venezolanas.

En concreto, al cierre del último año reportado, España exportó a Venezuela un total de 127 millones de dólares, equivalentes en euros, con una cesta de productos variada que tuvo a la cerámica sin esmaltar como el principal rubro, con un total de 9,63 millones de dólares. 

Y Venezuela, por su parte, exportó a España un total de 518 millones de dólares, equivalentes en euros, de los cuales 84,17 % fueron generados por ventas de petróleo, las cuales se ubicaron en 436 millones de dólares.

Para las expertos, la balanza comercial ha sido favorable a Venezuela, en una tendencia que va al alza en los últimos dos años. Ese flujo comercial podría verse seriamente afectado en un escenario de rompimiento de relaciones entre ambos países.

Los datos correspondientes a junio de este año muestran que España exportó a Venezuela 20,30 millones de dólares, mientras que Caracas vendió 188,61 millones de dólares en el país europeo.  

En términos interanuales, las exportaciones españolas a Venezuela subieron 64,9 %, mientras que las ventas externas venezolanas a España aumentaron más del doble en 186 %, según el Observatorio de Complejidad Económica, que atribuye el incremento de las exportaciones venezolanas a España a los aumentos de las ventas de crustáceos, reducciones de hierro, licores, derivados de cobre y carbón de madera.

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Adicionalmente, con el acuerdo de la Asamblea Nacional venezolana de romper relaciones con Madrid también se vería afectada la conexión aérea entre ambos países, y esto podría impactar negativamente a miles de pasajeros si se tiene en cuenta que Madrid viene funcionando como la gran puerta hacia Europa y es una ruta estratégica dentro del mercado aeronáutico venezolano.

Actualmente, hay 14 aerolíneas que vuelan de España a Venezuela. "Junto con Colombia, España es en este momento el país más conectado con Venezuela en término de líneas aéreas explotando la ruta: dos aerolíneas venezolanas y tres españolas", explica el abogado especializado en Derecho Aeronáutico Rodolfo Ruiz.

En concreto, se afectaría la operación de aerolíneas como Estelar, Plus Ultra, Iberia, TAP Air Portugal y Conviasa.

Un rompimiento con Madrid empeoraría la difícil situación que ya enfrenta Caracas en términos de conexión aérea internacional -limitada también por las sanciones aplicadas por Estados Unidos-, que según la Asociación de Líneas Aéreas (ALAV) venezolana se redujo un 54 %  en septiembre tras la suspensión de los vuelos comerciales con Panamá, República Dominicana y Perú el mes anterior. 

Para el dirigente opositor venezolano Juan Pablo García, la crisis no se agravará porque "al régimen de Maduro no le interesa romper relaciones con España ni a España con Venezuela".

"La crisis diplomática no es más que una manera de desviar la atención de lo realmente importante, es decir, de la necesidad de que España reconozca a Edmundo González como presidente electo", dijo García, miembro de la dirección del movimiento Vente Venezuela (VV).

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Por su parte, la internacionalista Mirna Yonis no ve posibilidad de una ruptura y vaticina un cese de tensiones gracias a la diplomacia. Yonis, además, aclara que la decisión del Parlamento español no significa una posición oficial del Estado español ni del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. 

"Es importante primero reconocer cómo se manejan los poderes públicos en otros países, en este caso España. Lo que se vio en el Congreso de ese país solo fue una invitación, no vinculante, y el Ejecutivo es quien al final decide qué y qué no hacer", explica Yonis.