María Corina Machado seguirá con su candidatura presidencial, pese a fallo del Supremo

La opositora venezolana María Corina Machado descartó este lunes abandonar su candidatura presidencial, tras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ratificar una inhabilitación política que, en la práctica, le impediría participar en las elecciones previstas para este año y en cualquier proceso comicial hasta 2036.

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"Nicolás Maduro no va a escoger el candidato de la gente, porque la gente ya escogió su candidato, punto", dijo Machado ante seguidores, tres días después del fallo judicial, que tachó de "grotesco" y "delincuencia judicial".

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"Si ellos creen que declararon mi inhabilitación, pues que lo sepan bien: declararon el fin de esta tiranía", añadió la dirigente, quien arrasó en las primarias de la oposición en octubre con más de 2 millones de votos (92 % del escrutinio). "Yo represento esa mayor soberanía popular. No pueden hacer elecciones sin mí", remarcó.

"No vamos a parar, vamos a arreciar los planes (...) tenemos jugadas muy bien pensadas para superar una a una todas estas trabas que se pongan por delante, les aseguro que se van a sorprender", sostuvo, sin dar detalles sobre estos planes.

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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tomó la decisión dentro de un mecanismo creado bajo presión de Estados Unidos para que los candidatos inhabilitados pudieran impugnar la sanción, en medio de los acuerdos suscritos en Barbados por gobierno y oposición en un proceso de negociación que media Noruega.

Esos acuerdos incluyen, además, la celebración de las elecciones presidenciales en el segundo semestre del año con observación de la Unión Europa y otros actores internacionales.

La líder opositora pidió este lunes una "negociación distinta" con el Gobierno en la que "se cumpla la palabra" y el pueblo "esté en esa mesa" representado, tras acusar al chavismo de haber violado los acuerdos suscritos de cara a los comicios. A su juicio, el Ejecutivo, en cabeza de Nicolás Maduro, ha "desconocido, una vez más, sus compromisos".

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Y fue enfática: "Quiera o no quiera (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro, se va a medir conmigo y lo vamos a derrotar en elecciones presidenciales", dijo ante periodistas.

Maduro, en el poder desde 2013, no ha confirmado su candidatura aunque aparece como candidato natural del chavismo.

La Casa Blanca advirtió este lunes al Gobierno de Maduro que tiene de límite hasta abril para cumplir con los acuerdos alcanzados con la oposición antes de que Estados Unidos tome decisiones sobre sanciones.

"Tenemos opciones a nuestra disposición. No voy a avanzar ninguna de ellas en este momento, pero ciertamente tenemos opciones con respecto a sanciones y ese tipo de cosas que podemos tomar. Tienen hasta abril", dijo en rueda de prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

Las inhabilitaciones políticas son una vieja arma del chavismo para sacar del medio a sus rivales. Las impone la Contraloría, facultada por ley para tomar medidas contra funcionarios bajo investigación, aunque la Constitución establece que solo una sentencia judicial "definitivamente firme" impide aspirar a la presidencia.

Por la medida adoptada por el Supremo venezolano el viernes varias voces dentro y fuera del país se han manifestado en contra, reivindicando el llamado a la celebración de "elecciones libres".

La oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) pidió este sábado que sea revertida la sentencia que le impide a Machado participar en las presidenciales, previstas para el segundo semestre de este año, por considerar que constituye una "violación del debido proceso y del derecho a la defensa".

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Además, los Gobiernos de Uruguay, Argentina, Ecuador y Paraguay, así como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), han rechazado la medida y abogado por elecciones "transparentes".

Otro en pronunciarse fue el Gobierno de Estados Unidos, que manifestó que se encuentra revisando su política de sanciones a Venezuela, tras la "profundamente preocupante" decisión del Supremo.

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Precisamente, Machado agradeció este lunes la "abrumadora" respuesta internacional en rechazo a la ratificación de su inhabilitación política. "A la comunidad internacional hoy tenemos que agradecerle. Ha sido impresionante la reacción abrumadora, desde presidentes, Cancillerías, Parlamentos, es decir, no me he dado abasto contestando todos los apoyos y sabemos que vendrán muchos más", dijo la exdiputada.

Aseguró que, en "estos últimos días", ha hablado con "muchos representantes de distintos países", entre ellos mandatarios, sin ofrecer nombres, y espera que aquellas naciones que no se han pronunciado "lo hagan en las próximas horas".

El TSJ aclaró que la medida contra Machado, que se conoció en junio de 2023, empezó a contar en septiembre de 2021, luego de una investigación que comenzó en 2014 y cuyo dictamen fue hecho público este viernes.

La exdiputada ya había sido sancionada en 2015 por un período de un año, que venció en 2016, por lo que, según la información oficial, estuvo habilitada durante cinco años, hasta que, en 2021, recibió una nueva sanción.

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Por su parte, Machado niega haber sido notificada de esta decisión, dictada por la Contraloría General de la República (CGR).

La oposición remarcó que, pese a la inhabilitación, Machado será su candidata en los comicios de este año, tal como se dispuso cuando fue electa en unas primarias en las que obtuvo el 92,35 % de los votos.

La Sala Político istrativa del TSJ validó el viernes los argumentos de la Contraloría para inhabilitar a Machado -que asegura nunca fue notificada de la sanción- por ser "partícipe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Antonio Guaidó M., que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también, el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos".

Guaidó, hoy en el exilio, fue reconocido entre 2019 y 2023 como presidente encargado del país por Estados Unidos y otras decenas de países, que presionaron con sanciones la caída sin éxito de Maduro.

El abogado constitucionalista, Juan Manuel Rafalli, le explicó a la AFP que Machado pudiera "intentar una acción de amparo constitucional contra esa decisión que se produjo o demandar la nulidad de el acto istrativo".

"Pero esto es un problema político, no es un problema jurídico", insiste. "Si no hay un poder judicial independiente, autónomo (...) nunca vas a tener una respuesta favorable".

El diálogo entre el gobierno y la oposición comenzó en agosto de 2021 y fue paralizado en dos oportunidades, antes de la firma del acuerdo en Barbados. Ningunas de las partes ha expresado intención de levantarse de la mesa por ahora.

El jefe de la delegación del Gobierno de Venezuela en las negociaciones con la oposición, Jorge Rodríguez, advirtió este lunes que su país responderá con severidad si Estados Unidos reanuda o aplica nuevas sanciones contra la nación caribeña, algunas de las cuales fueron suspendidas el pasado octubre por seis meses.

"Estamos muy atentos a las acciones que tomen (en Washington) en los próximos días que puedan ser consideradas agresivas para con el derecho que tiene este país a vivir en paz, a progresar y a que se levanten todas las medidas coercitivas unilaterales (...) Si hay alguna acción agresiva, nuestra respuesta será severa, recíproca y enérgica", aseguró en rueda de prensa.

El Gobierno estadounidense dijo el sábado que revisará su política de sanciones a Venezuela, tras la "profundamente preocupante" decisión del TSJ. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, aseguró entonces que la sentencia del Supremo venezolano "es inconsistente con el compromiso de los representantes de Nicolás Maduro de celebrar unas elecciones competitivas".

Como respuesta, Rodríguez llamó este lunes al Gobierno estadounidense a no inmiscuirse en los "asuntos que solo les competen a los venezolanos".

"No aceptamos que nadie se inmiscuya en nuestros asuntos. Apelamos a unas relaciones de respeto mutuo entre los Estados y los Gobiernos. (...) A estas alturas, ya deberían saber que no vamos a aceptar ningún tipo de presión, ningún tipo de injerencia", expresó el oficialista.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con agencias AFP y EFE