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Venezuela: arrestan e inhabilitan a cuatro colaboradores de Edmundo González, el candidato presidencial de la oposición
La fiscalía venezolana les imputó 'incitación al odio'. Varios partidos rechazaron esas acusaciones.
Edmundo González Urrutia. Foto: AFP
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La fiscalía venezolana imputó por "incitación al odio" a cuatro colaboradores del principal rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, Edmundo González Urrutia, quien denunció además el miércoles la inhabilitación política de 10 alcaldes que manifestaron apoyo a su candidatura.
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El fiscal general, Tarek William Saab, informó en la red social X que Luis López, Juan Iriarte, Jean Carlos Rivas e Ismael González fueron "imputados y privados de libertad (...) por los delitos de incitación al odio y asociación".
Otras dos personas, también del comando de campaña, fueron solicitadas por la justicia por los mismos delitos.
Tarek William Saab, Fiscal General de Venezuela. Foto:AFP
Según Saab, durante un acto de campaña en La Guaira (centro-norte) a inicios de junio, los acusados "se dirigieron agresivamente al Comando de la Guardia Nacional Bolivariana (...) donde intentaron ingresar mediante el uso de la fuerza con la intención de crear lesiones a los efectivos".
La oposición denunció que las autoridades no informaron del lugar de reclusión de estos militantes y que los presentaron en tribunales sin la presencia de sus abogados de confianza.
González Urrutia señaló poco después que 10 alcaldes -ocho en el estado andino de Trujillo (oeste) y otros dos en la insular Nueva Esparta (este)- fueron "injustamente inhabilitados por apoyar nuestra candidatura".
"La creciente persecución confirma que Venezuela ha decidido cambiar y lo expresará con determinación este 28 de julio. Seguiremos luchando juntos por un país donde nadie sea perseguido por pensar diferente", escribió en X este embajador, desconocido hasta que fue nominado con el apoyo de la líder María Corina Machado.
(Siga leyendo: Edmundo González Urrutia acusa al Gobierno de Venezuela de buscar un ambiente electoral 'hostil' con detenciones)
La exdiputada María Corina Machado habla durante una rueda de prensa, este sábado en Caracas (Venezuela). Foto:EFE/ Ronald Peña
La inhabilitación es una vieja arma del chavismo gobernante para sacar del camino a rivales. Machado, favorita en las encuestas, no pudo ser candidata en las elecciones por una prohibición a ejercer cargos públicos por 15 años.
La líder opositora sostiene que al menos 37 dirigentes y líderes políticos cercanos a la campaña fueron detenidos en lo que va de año. Denuncia "persecución" y criminalización de la actividad electoral, mientras el gobierno acusa a la oposición de conspirar para derrocarlo.
Partidos antichavistas rechazan las acusaciones
Varios partidos opositores de Venezuela rechazaron las acusaciones anunciadas este miércoles por la Fiscalía contra cuatro activistas que trabajaron en la organización de un reciente acto de campaña de Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial de la principal coalición antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
A través de un comunicado, Voluntad Popular (VP) rechazó "contundentemente" que el ente fiscal imputara a Luis López, Juan Iriarte, Ismael González y Jeancarlos Rivas -este último responsable juvenil en el estado La Guaira (norte) del partido- por los delitos de incitación al odio y asociación para delinquir.
A juicio de la formación, las detenciones y acusaciones contra estos activistas son medidas "violatorias de derechos humanos y del debido proceso", y aseguró que la "persecución por razones políticas forma parte de la larga lista de crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura", como suele llamar al Gobierno de Nicolás Maduro.
(Puede leer: Nicolás Maduro propone firmar un acuerdo entre candidatos para las elecciones presidenciales, ¿en qué consiste?)
Por su parte, Primero Justicia (PJ) expresó que estos hechos "demuestran el recrudecimiento de la persecución política por parte del régimen de Nicolás Maduro, la violación de los derechos políticos de los venezolanos y el incumplimiento del Acuerdo de Barbados", un documento suscrito por el chavismo y la PUD que establece garantías electorales de cara a las presidenciales.
En su mensaje, publicado en X, PJ exigió el respeto a los derechos humanos de los acusados, al debido proceso y "su libertad inmediata".
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