Venezuela estaría cometiendo el crimen de lesa humanidad de persecución, según investigadores de la ONU en nuevo informe

La Misión Internacional de Determinación de los hechos en Venezuela aseguró este martes que, luego de las cuestionadas elecciones del pasado 28 de julio, “el Estado reactivó e intensificó la modalidad más dura y violenta de su maquinaria de represión”, con el fin de acallar las protestas por los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, que dio como ganador al presidente Nicolás Maduro.

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En su informe publicado en Ginebra, la Misión consigna que las autoridades, “de forma consciente y planificada”, ejecutaron acciones para desarticular la oposición política, inhibir la difusión de información independiente e impedir la protesta pacífica, y sostiene que “la brutalidad de la represión sigue generando un clima de miedo generalizado en la población”.

De igual manera, asegura que esa conducta marcó en esta coyuntura un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho, ya que las instituciones estatales “abandonaron toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo”.

En consonancia con los hallazgos de sus cuatro informes precedentes, la Misión determinó que varias de las prácticas violentas cometidas contra críticos, manifestantes y opositores pueden constituir crímenes de lesa humanidad, toda vez que no fueron hechos aislados sino el resultado de la puesta en marcha de un plan coordinado para “silenciar, desalentar y sofocar” a la oposición.

Esta vez, sin embargo, la Misión fue más lejos al señalar que algunas de esas violaciones, como detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual, consideradas en su conjunto, “constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos políticos”.

Dado que el Gobierno de Venezuela se ha negado a cooperar con la Misión desde su creación en 2019, y por supuesto ha rechazado su entrada al territorio nacional, acceder a la información y a los testimonios es un proceso largo y dispendioso, razón por la cual sus hallazgos sobre la violencia postelectoral son todavía preliminares.

Sin embargo, ha podido identificar algunos patrones consistentes con el tipo de represión que el Gobierno ha venido ejerciendo contra los opositores y la sociedad civil en el pasado reciente.

Por ejemplo, durante la campaña, del 4 al 25 de julio, la Misión documentó la detención de 121 personas, entre quienes se encuentran o simpatizantes de Vente Venezuela y otros partidos opositores, pero también propietarios o trabajadores de empresas que prestaron servicios técnicos o logísticos para los actos electorales de la oposición. La mayoría de estas personas fueron liberadas sin cargos.

Luego de las elecciones, las autoridades pusieron en marcha lo que la Misión califica de “una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente”, acompañada por detenciones selectivas de opositores y de representantes de la sociedad civil, solo comparables, según la Misión, con las ocurridas durante las protestas de 2014, 2017 y 2019.

Los investigadores se encuentran recabando información para corroborar los casos, que difieren según las cifras de las ONG y las del Gobierno. Lo que sí lograron identificar es que las detenciones se dieron en dos escenarios principalmente.

Primero, en el marco de las protestas espontáneas tras el anuncio del resultado de las elecciones, entre el 29 y el 31 de julio. Esto incluyó, según el informe, detenciones masivas e indiscriminadas, en las que también privaron de la libertad a transeúntes que no tenían nada que ver con las manifestaciones.

El segundo es en el marco de la llamada operación Tun Tun, en el que se detuvo en sus casas a personas que protestaron en la calle o en redes sociales y que fueron identificadas por las autoridades o delatadas por personas afines al Gobierno. Este tipo de detenciones, asegura la Misión, se hicieron sin órdenes judiciales válidas o en ausencia de una base legal evidente.

Con respecto a las muertes en manifestaciones, la Misión ha documentado 25 casos y, aunque aclara que no ha podido verificar suficientemente quiénes fueron los perpetradores, sí pudo constatar la presencia de civiles armados que interactuaban con fuerzas de seguridad en los lugares de las protestas, y que tanto de la Guardia Nacional Bolivariana como de la Policía Nacional Bolivariana usaron armas de fuego para reprimir a los manifestantes.

Por otro lado, la Misión identificó que la violencia sexual y de género se disparó en el contexto de la represión postelectoral, y que este tipo de violaciones ocurren principalmente durante las detenciones, los interrogatorios y la estadía en los centros de detención. Como sucede a menudo, las mujeres y las niñas son las principales víctimas de estos actos, que incluyen amenazas de violación, manoseo o desnudez forzada.

En su informe, la Misión señala que por la limitación al a la información y por el temor a represalias de víctimas y familiares, es posible que la mayoría de los casos de torturas y tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes todavía no hayan sido reportados.

Sin embargo, y dado que el periodo de la indagación abarca del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024, sí pudo confirmar que, antes de las elecciones, en al menos siete casos las autoridades cometieron actos de tortura.

Muchas otras violaciones de igual gravedad ocurridas durante ese periodo están consignadas en el informe que será presentado este 20 de septiembre en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en donde será discutido con los Estados y observadores, así como con representantes de la sociedad civil.

En 2019, el Consejo de Derechos Humanos creó este mecanismo encabezado por tres expertos en derecho internacional con el fin de monitorear las violaciones de derechos humanos cometidos en el Estado a partir de 2014.

Desde su establecimiento, ha estado presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas. Junto con ella, el chileno Francisco Cox y, más recientemente, la argentina Patricia Tappatá han presentado cinco informes en los que han abordado diferentes dimensiones de las violaciones de los derechos civiles y políticos de las que han sido víctimas los ciudadanos en Venezuela.

En octubre, cuando concluye la actual sesión del Consejo, sus 43 Estados deberán decidir si prorrogan el mandato de esta Misión, a la que se ha opuesto tajantemente el Estado venezolano, que nunca ha cooperado con ella y cuyos informes ha descalificado sistemáticamente, por considerarlos espurios y violatorios de la soberanía nacional.

Carmen Lucía Castaño

Para EL TIEMPO

Ginebra