Los cuestionados magistrados que conforman el nuevo Supremo venezolano

Después de una larga espera que incluyó el aplazamiento del debate en el parlamento por varias semanas, finalmente la Asamblea Nacional electa en 2020 y con mayoría Chavista, votó por los nuevos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Venezuela. Se le acusa de ser un órgano totalmente rojo, es decir, de connotación oficialista.

(Lea también:I desestima petición de Venezuela y continuará investigación por crímenes) 

 

Hace unos meses, se emprendió una reforma judicial a través de Ley Orgánica. Con ella se decidió la reducción de 31 a 20 el número de jueces los cuales, según la Constitución desempañarán el cargo por un período de 12 años al igual que sus suplentes, sin embargo, en la designación de este martes,12 repiten en sus funciones, entre ellos Maikel Moreno, quien hasta ahora era el presidente del organismo y se ha mantenido alineado con el gobierno.

Las salas quedaron distribuidas de la siguiente manera:

Sala Constitucional: Gladys María Gutiérrez Alvarado, -quien ya había sido presidenta del TSJ y ahora se desempeñaba como diputada- Lourdes Benicia Suárez Anderson, Luis Fernando Damiani Bustillos, Calixto Antonio Ortega Ríos, Tania D’Amelio Cardiet.

Sala Político-istrativa:  Malaquías Gil Rodríguez, Bárbara Gabriela César Sierro y Juan Carlos Hidalgo Pandares.

Sala Electoral: Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, Fanny Beatriz Márquez Cordero e Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta.

Sala de Casación Civil: Carmen Eneida Álvarez Navas, Henry José Timaure Tapia y José Luis Gutiérrez Parra.

Sala de Casación Social: Édgar Gaviria Rodríguez, Carlos Alexis Castillo Ascanio, Elías Rubén Bittar Escalona.

Sala de Casación Penal: Elsa Janeth Gómez Moreno, Maikel José Moreno Pérez y Carmen Marisela Castro.

Quienes repiten como magistrados son, Maikel Moreno, Lourdes Anderson, Luis Fernando Daminani , Calixto Ortega, Fany Márquez, Inocencio Figueroa, Elsa Yaneth Gómez , Edgar Gaviria y Gladys Gutiérrez. También llama la atención que la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tania D´Amelio fue incorporada al grupo de magistrados.

En total se habían postulado 400 personas para optar por los cargos. Hacía unas semanas el diputado chavista Pedro Carreño había cuestionado actuaciones de algunos magistrados, denunciando corrupción dentro del TSJ.

En este TSJ “reformado”, solo tres magistrados son considerados de oposición, Luis Rodríguez, Elías Bittar y Luis Emilio Rondón, este último como suplente. La diputada chavista Gladys Requena pasa a ser inspectora general y Guillermo Blanco al frente de la Escuela de la Magistratura.

En 2017, en medio de las protestas en Venezuela que dejaron al menos 43 muertos, Estados Unidos con su política de sanciones, sumó a la lista a ocho magistrados acusándolos de usurpación de funciones. Maikel Moreno, expresidente del TSJ, Juan José Mendoza Jover, Arcadio de Jesús Delgado Rosales, Gladys María Gutiérrez Alvarado, Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán, Luis Fernando Damiani Bustillos, Lourdes Benicia Suárez Anderson y Calixto Antonio Ortega Ríos.

Llama la atención que quienes repiten, son considerados aliados del chavismo, en especial Maikel Moreno, Gladys Gutiérrez y Calixto Ortega. Incluso, Moreno fue clave para que el 30 de abril de 2019 Juan Guaidó no pudiera derrocar a Nicolás Maduro en su intento de alzamiento pues se esperaba una supuesta sentencia del TSJ que nunca llegó.

Maikel Moreno ha sido señalado por sus supuestos problemas con la justicia. Se le acusa de la muerte de una mujer en el estado Bolívar, al sur de Venezuela y de Rubñen Gil en 1989.

El exmagistrado chavista Luis Velásquez lo acusó de formar parte de la conocida “Banda de los Enanos”, organización que se encargaría de cometer delitos de corrupción dentro del sistema de justicia. Pero nunca se han mostrado pruebas.

Calixto Ortega ha sido diputado chavista, viceministro de Exteriores para Europa, encargado de negocios en la embajada de Washington.

 Redactó la sentencia que declaró la

inconstitucionalidad de la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV) propuesta por la mayoría opositora del Parlamento.

Fue diputado de la Asamblea Nacional en los períodos 2000-2005 y 2006-2010.  Fue sancionado por el gobierno de Panamá por ser considerado de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Gladys Gutiérrez fue sancionada el 30 de marzo de 2018 por el gobierno de Panamá por ser considerada de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Fue rectora del, TSJ, CNE y ahora diputada.

Tanto ella como Calixto Ortega integran la nueva sala constitucional, una de las más importantes, encargada de la interpretación de la Carta Magna y de la cual han emanado sentencias que han afectado a la oposición.

Este miércoles, Gutiérrez fue juramentada como presidenta del TSJ de Venezuela, cargo que ya ejerció en el pasado, entre los años 2013 y 2017.

En una breve declaración transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Gutiérrez anunció su nombramiento como presidenta del Supremo venezolano y de los magistrados Edgar Gaviria como primer vicepresidente y Henry José Timaure como segundo vicepresidente de la instancia.

La oposición venezolana liderada por Juan Guaidó rechazó este martes, mediante un comunicado, la "imposición" de los 20 nuevos magistrados.

"Denunciamos a la opinión pública nacional e internacional la imposición de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por parte de la dictadura de Nicolás Maduro y de su ilegítima Asamblea. Este hecho es la muestra más reciente de la ausencia de democracia en nuestro país", indicó el grupo opositor en un comunicado publicado en su portal web.

A juicio de los opositores, este acto representa un proceso de "repartición de cuotas" que "aleja" las posibilidades de encontrar justicia en los casos de víctimas de violaciones de derechos humanos en las últimas décadas.

 

El grupo opositor consideró, además, que esta designación "busca proteger a los corruptos y a los violadores de derechos humanos, disfrazando este encubrimiento en una supuesta renovación del sistema de justicia del país".

"Lo sucedido hace inviable que en Venezuela se pueda aplicar cualquier tipo de 'principio de complementariedad' entre las investigaciones nacionales e internacionales en curso, ya que los tribunales no garantizan que se pueda impartir justicia verdadera", destacó el texto.

Ante los hechos, los opositores exhortaron a la comunidad internacional a desconocer este nombramiento que, consideran, "profundiza" la crisis institucional en el país caribeño. "Exhortamos, de igual forma, a los actores nacionales e internacionales a no reconocer ese tribunal como legítimo al ser violatorio de nuestra Constitución, al estar compuesto por actores políticos que son y serán facilitadores de la impunidad y por ir en contra de todas las recomendaciones que las instancias internacionales le han hecho al régimen de (Nicolás) Maduro", apuntó el escrito.

ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN 

CORRESPONSAL EL TIEMPO 

CARACAS