¿A Colombia le conviene un duopolio en telecomunicaciones?

Pues, esa es la peregrina idea que nos están vendiendo desde Asomovil y auspiciada, fuertemente, por Claro y Millicom (TIGO), virtual nuevo dueño de Movistar Colombia. Incluso, de manera descarada, diciendo que en los países donde el sector está consolidado hay uno o dos operadores. En Estados Unidos, según la Asociación de Telecomunicaciones e Internet Celulares (CTIA), hay 30 operadores móviles. En Brasil hay ocho operadores. En Chile hay cuatro compañías móviles con redes propias y varias empresas móviles virtuales.

Colombia se encuentra ante una decisión crítica para su futuro digital 5G. La única empresa que ofreció tecnología 5G en su versión completa, sin restricciones, que es conocida como 5G standalone fue TeleCall. Las demás están brindando un mejoramiento de sus redes, lo cual ha redundado en que usted, muy pocas veces se conecta a 5G y cuando lo logra la diferencia que nota es muy pobre.

Desde cierto sector del Mintic han brindado la visión que la empresa brasileña, con capital y sede norteamericana, ha incumplido el pago y que, por lo tanto, debe irse del país. ¿A quién le conviene que se vaya? No es a usted o a mí; es al duopolio que hace rato vimos venir y vaticinamos. Al país no le conviene, por ningún motivo, quedar en un duopolio.

Telecall Colombia enfrenta hoy un riesgo inaceptable debido a una situación que clama por justicia, sensatez y apego a la legalidad. La empresa le solicitó al Mintic plazos adicionales para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones. Si bien se otorgó una prórroga de 60 días para la póliza de cumplimiento por razones de fuerza mayor, la solicitud de plazo para el primer pago, demostrada bajo las mismas circunstancias que la anterior, fue inexplicablemente denegada el 29 de noviembre de 2024; semanas después de la fecha límite original. A pesar de esta negativa, Telecall, en estricto apego a la Ley, ha buscado activamente acuerdos de cumplimiento, demostrando su firme voluntad de honrar sus compromisos con Colombia.

Es fundamental comprender la cronología de los eventos: Telecall anticipó las dificultades financieras, solicitó prórrogas para evitar el incumplimiento y, ante la negativa del Ministerio, propuso planes de pago concretos. Lejos de actuar con negligencia, Telecall ha luchado por cumplir, encontrando una barrera istrativa, incomprensible e injustificada.

Es preocupante que el Mintic, a través de la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control, haya incurrido en presuntas violaciones al debido proceso, incluso fundamentando sus decisiones en normativas derogadas. Esta actuación mina la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones, sentando un precedente preocupante para la inversión y el desarrollo del sector.

En el núcleo de esta controversia se encuentra la figura jurídica de la "condición resolutoria". El Mintic pretende aplicarla de manera automática e improcedente, desconociendo que, en sus propias reglas, dicha figura constituye materialmente una sanción istrativa que, conforme a la ley colombiana y la doctrina legal, es subsanable. La propia ley faculta y habilita al Mintic a recibir el pago adeudado, que incluye los intereses de mora y la indexación de los valores, y permitir que Telecall cumpla con sus obligaciones, revirtiendo así una situación injusta y protegiendo el interés general.

La empresa desea, puede y necesita pagar para cumplir su compromiso con Colombia y desplegar un proyecto 5G estratégico para el desarrollo nacional. Incluso intentó realizar un "pago voluntario", siguiendo sugerencias de funcionarios del Mintic, encontrándose inexplicablemente con la plataforma de pagos bloqueada.

Negar a Telecall la posibilidad de subsanar, bajo el argumento de una supuesta aplicación automática de la condición resolutoria, representa un error jurídico y estratégico de graves consecuencias negativas para el interés general de la Nación. Desnaturaliza el procedimiento istrativo sancionatorio, ignora la finalidad esencialmente correctiva de la ley y, lo más trascendente, desperdicia una oportunidad invaluable para el avance digital de Colombia.

Le tocó a Julián Molina, como flamante ministro del sector, desfacer este entuerto por bien del país y por la verdadera Transformación Digital de Colombia. Desbloquear la plataforma de pagos y facilitar un acuerdo de cumplimiento es un acto de justicia, y, sobre todo, una decisión legal y estratégica para proteger los intereses de Colombia y garantizar el despliegue oportuno de un proyecto 5G fundamental para el desarrollo nacional y la inclusión digital de millones de colombianos.

NICOLA STORNELLI GARCÍA

Analista e Investigador de Tendencias Digitales. Columnista de Portafolio y colaborador de EL TIEMPO, Razón Pública y DPL News

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