¡Abstención en la consulta!

Si el Gobierno finalmente cumple, este lunes debe radicar ante el Senado el texto de la consulta popular, acompañado de una memoria justificativa, así le mutile las preguntas sobre la reforma de la salud, según lo había señalado inicialmente. De ser así, a más tardar el próximo 21 de mayo esa corporación tendrá que pronunciarse sobre la conveniencia de llevar a cabo este mecanismo de participación ciudadana.

Algunos de la oposición promueven que el Congreso niegue la autorización para la realización de esta consulta, para propinarle una nueva derrota política a la Colombia Humana. Me parece un disparate. Quiérase o no, además del Gobierno hay sectores sociales que insisten en la reforma laboral que archivó el Congreso, de manera que es totalmente legítimo que puedan apelar a la decisión definitiva de la ciudadanía. No puede ser que tengamos una democracia participativa eunuca.

Como lo ha dicho la jurisprudencia constitucional, el pueblo tiene el derecho de “dejar sin efecto o modificar las [DECISIONES] que sus representantes en las corporaciones públicas hayan adoptado”, y mucho me temo que si el Senado la archiva, seguirá el debate porque lloverán cientos de tutelas ya que –según la Corte Constitucional– “es procedente acudir a la acción de tutela para reclamar el cumplimiento de las reglas que regulan tal mecanismo”, dado que la participación democrática constituye un derecho fundamental.

Además, a las puertas de un nuevo debate electoral, es torpe alimentar la tesis de los llamados progresistas de que existe una plutocracia congresional que se atraviesa a las reformas sociales para defender unos intereses de clase. Lo que hay que lograr es que antes del 2026 sea el propio “constituyente primario” el que les dé una categórica partida de defunción a estas propuestas, por tratarse de reformas populistas e irresponsables.

Una vez el Congreso le dé vía libre a la consulta, será indispensable que la oposición se organice y adopte una única estrategia, coherente y viable. Solo así será posible el triunfo contra el Gobierno. En algunos sectores se habla de promover el voto por el No. Se trata de una posición tan idealista como ingenua. Las preguntas que formule el Gobierno estarán totalmente testeadas; precedidas por encuestas secretas con un porcentaje de aprobación superior al 95 %. Serán, entonces, preguntas imbatibles. Nadie es tan pendejo de formular preguntas para que se las voten negativamente. No por otra razón, en el histórico de consultas populares celebradas desde el 91, casi todas han salido adelante.

Nadie vota en contra de que los patrones tengan que subir las prestaciones o de que se pague mucho más por dominicales, nocturnos y festivos, por ejemplo, así se demuestre técnicamente que la reforma implica un incremento del 12 % en los costos laborales, una pérdida de cerca de medio millón de empleos y un incremento del déficit fiscal, lo que hará imposible el éxito de la campaña del No, por grandes que sean los esfuerzos pedagógicos.

Hay que insistir en que la única forma posible de derrotar al Gobierno es promoviendo la abstención, para que no se obtenga la participación de la tercera parte del censo electoral (13,6 millones de ciudadanos), lo que de suyo no está fácil, dado que, según la última encuesta de Invamer, el 45,1 % de los ciudadanos encuestados afirman que irá a la consulta definitiva o probablemente.

La abstención es la única forma viable de recoger el mayoritario sentimiento antigobiernista, sin caer en la trampa de intentar refutar preguntas irresponsables, de gran calado populista. Se trata de una posición política protegida constitucionalmente, al punto de que el régimen estatutario de las consultas regula también la campaña de la abstención, de la misma manera que por el Sí o por el No de la iniciativa, con sujeción a las reglas del Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¡tocará abstenerse! Pasemos la voz.

Taponazo. Se equivocan quienes creen que el Gobierno afianza mayorías en la Corte Constitucional al postular al abogado presidencial. Se perderá ese voto, por tipificar una causal de recusación legal.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

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