Acuerdo Nacional por la Autonomía Territorial

En el Congreso avanza un proyecto de reforma constitucional que busca aumentar la autonomía de las regiones, una iniciativa que debería formar parte del Acuerdo Nacional propuesto por el Gobierno.

El proyecto tiene dos componentes: primero, se incrementan los recursos que la Nación transfiere a las regiones. La participación de las regiones en los ingresos corrientes de la Nación pasaría del 23 % actual al 46,5 %, tal como lo contemplaba la Constitución de 1991, antes de ser modificada por actos legislativos transitorios en 2001 y 2007.

El segundo componente exige al Congreso aprobar una ley de competencias que redistribuya las responsabilidades entre la Nación y las regiones, buscando fortalecer las capacidades institucionales de gobernaciones y alcaldías para cerrar las brechas territoriales. Esta redistribución es fundamental para garantizar la sostenibilidad fiscal de la propuesta. Ambos componentes son inseparables.

El proyecto ya ha superado cinco de los ocho debates necesarios para su aprobación, contando con el respaldo casi unánime de todas las bancadas. Con la aprobación cerca, la opinión pública ha empezado a prestar atención, mientras que en los territorios y en los sectores financiados por el Sistema General de Participaciones (SGP) –educación, salud y agua potable–, la iniciativa ha sido bien recibida. Sin embargo, también han surgido críticas que señalan posibles riesgos fiscales: si se transfieren más recursos a las regiones sin ajustar las responsabilidades de gasto, el proyecto sería inviable.

Aunque la inquietud es razonable, la solución también lo es: es esencial redefinir las competencias entre la Nación y las regiones. El proyecto da al Congreso dos años para discutir la redistribución de competencias y diez años más para implementar la distribución de recursos y responsabilidades. Si durante las últimas dos décadas se asignaron competencias sin recursos a departamentos y municipios, no podemos cometer el error inverso ahora: transferir recursos sin las correspondientes competencias.

Las preocupaciones de los críticos han sido atendidas. La propuesta abre un debate necesario sobre la centralización del país, una realidad que afecta profundamente a los territorios donde se concentran problemas como la pobreza, desigualdad, violencia y ausencia del Estado. El centralismo ha fracasado. Así como algunos advierten que “una descentralización fiscalmente insostenible no le sirve a nadie”, debemos reconocer que la centralización asfixiante tampoco les ha servido ni a las regiones ni al país.

Nadie pretende una descentralización fiscalmente inviable, pero devolver autonomía a las regiones es urgente. No podemos permitir que las excusas fiscales oculten la necesidad de avanzar hacia la autonomía territorial. Eso sí, mayor autonomía implica más ingresos, pero también más responsabilidades. El debate no debe ser si lo hacemos, sino cómo. Este proceso debe involucrar temas como la tributación y asociaciones territoriales. La clave es diseñar un modelo que, para 2035, nos permita tener un Estado más autónomo y eficaz, capaz de resolver los problemas que el centralismo no ha podido atender.

Este diálogo nacional será profundo y transformador, tocando la esencia de la distribución del poder, los recursos y la estructura del Estado.

JUAN FERNANDO CRISTO

Ministro del Interior

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