Así reactivamos las 4G

Hace un año, cuando este gobierno asumió el reto de reactivar las autopistas de cuarta generación (4G), considerado el programa de infraestructura vial más ambicioso de la historia reciente de Colombia, e incluso de Latinoamérica, sabíamos que la tarea no sería fácil. Eran muchos los proyectos con poco o nulo avance en los que debíamos trabajar; las condiciones ya estaban fijadas desde la firma de los contratos, y nuestro papel sería empezar a jugar con todos los escenarios posibles para buscar las soluciones. Pero, más allá de las dificultades, nos comprometimos a sacarlo adelante porque lograr la conectividad de Colombia, de una forma eficiente y competitiva, ha sido una de las premisas del Gobierno Nacional.

Desde el primer momento teníamos claro que el país necesitaba las obras, y retroceder no era una opción. El compromiso con los colombianos y los inversionistas estaba pactado, y debíamos actuar con responsabilidad, honrando ante todo la palabra y cuidando los intereses del Estado. No cumplir los contratos podría acarrearle al erario demandas millonarias.

No está de más aclarar que en este gobierno no somos triunfalistas. Reconocemos lo que venía bien y tratamos de solucionar lo que no estaba funcionando. Hoy, de los 29 proyectos de las autopistas de 4G, tenemos 21 en ejecución y estamos cerca de activar los ocho restantes. Es uno de los logros que conectan que deja el primer año de gobierno del presidente Iván Duque. El portafolio completo vale 90 billones de pesos, de los cuales la mitad se invierten en la etapa de construcción y el restante, en la operación y el mantenimiento de los corredores.

El haber conseguido reactivar la mayoría de estas autopistas nos deja muchas lecciones aprendidas para el desarrollo de futuros proyectos de infraestructura vial. Si bien el programa contó con un proceso de estructuración previo, en la ejecución de los contratos surgieron los verdaderos desafíos. Entendimos que las obras se construyen de la mano de las comunidades, buscando que los ciudadanos las quieran y, ante todo, se apropien de ellas. Hacer conscientes a las comunidades de que una vía siempre traerá progreso y jamás será un obstáculo para su evolución era una tarea fundamental.

La agilidad en la toma de decisiones es otra de las grandes lecciones de este proceso. Un proyecto no se puede paralizar por más controversias que existan entre los distintos actores que confluyen en él, porque no hay que olvidar que siempre estará primero el bienestar común antes que el particular ni que del ritmo de las decisiones también depende el avance y desarrollo de las obras. Una concesión sin ejecución envía una mala señal al país y a los inversionistas, pues son empleos que dejan de generarse y oportunidades valiosas que se pierden de conectar al país.

En este último año, también aprendimos que las relaciones con los concesionarios, los constructores, los financiadores e, incluso, con las interventorías deben ser francas desde el primer momento, y que todos, incluidos nosotros como Estado, debemos trabajar de manera articulada y asumir con responsabilidad y entereza el compromiso con los proyectos y los ciudadanos. Las soluciones no están a la vuelta de la esquina, pero debemos conseguirlas porque la equidad, el desarrollo y la conectividad de las regiones no dan espera.

Sabemos que no podemos bajar la guardia. El trabajo es de todos los días y en los territorios. No en vano estamos construyendo la infraestructura del transporte para los próximos 100 años, que muy seguramente disfrutarán mis nietos y los suyos.

ÁNGELA MARÍA OROZCO

Ministra de Transporte